El Gobierno admite que Adif incumplió la ley al ocultar el fichaje del jefe anticorrupción del PP
El Gobierno reconoce que el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif) ha vulnerado la Ley de Transparencia al ocultar durante un año el nombramiento como consejero de la empresa estatal, a instancias del Ministerio de Fomento, del exdiputado Andrés Ayala, presidente de la oficina anticorrupción del PP.
El pasado 14 de diciembre, tras revelar eldiario.es el fichaje de Ayala, el diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia preguntó, entre otras cuestiones, “qué explicación da el Gobierno a que el nombramiento del Sr. Ayala como Consejero de Adif no figure en la web de la empresa” y si “considera el Gobierno que este tipo de actitudes son acordes con los compromisos de transparencia que deben cumplir los poderes públicos”.
En su respuesta, fechada el pasado 21 de febrero y a la que ha tenido acceso eldiario.es, el Gobierno reconoce que Adif estaba obligada a incluir en su web “entre otra información, la correspondiente a su estructura organizativa, así como el perfil y la trayectoria profesional de los responsables de los órganos directivos”, lo que, dice, “se hará también extensivo a los miembros del Consejo de Administración”.
En su respuesta, el Gobierno alude al artículo 6.1 de la Ley de Transparencia, que obliga a las empresas estatales a incluir “un organigrama actualizado que identifique a los responsables de los diferentes órganos y su perfil y trayectoria profesional”.
Ayala fue nombrado consejero de Adif a propuesta del Ministerio de Fomento el 17 de febrero de 2017, cinco días después de su inclusión en la junta directiva nacional del PP tras el 18 Congreso de este partido. Pero la empresa estatal se cuidó de incluir ninguna información al respecto en su web. La designación de Ayala permaneció oculta hasta que su nombre apareció en un documento remitido por Adif Alta Velocidad (AV) en noviembre a la Bolsa de Irlanda, donde tiene registradas varias emisiones de bonos.
La empresa que preside Juan Bravo, imputado en el caso Lezo desde diciembre, ha tardado un año en informar en su web de la composición de su máximo órgano de gestión. Ahora ya figura Andrés Ayala. Aparece identificado como “abogado” y sin ninguna referencia a sus 16 años como diputado del PP.
Sin incompatibilidades
Respecto a posibles incompatibilidades del que fuera portavoz de Fomento del PP en el Congreso durante trece años, el Gobierno indica “que el Señor Ayala no ha tenido la condición de alto cargo ni ha estado incluido en el ámbito de aplicación” de la Ley de Incompatibilidades.
“Los consejeros de ADIF tampoco son altos cargos, por ello la Oficina de Conflictos de Intereses del Ministerio de Hacienda y Función Pública no tiene competencias sobre el asunto planteado”, señala la respuesta.
El Ejecutivo evita responder a la pregunta de “cuáles son los méritos y criterios barajados por el Gobierno para que el Presidente de la Oficina Anticorrupción del PP haya sido nombrado consejero de ADIF”; y tampoco aclara cuál es su retribución. Se limita a señalar que los consejeros de la empresa tienen derecho a la compensación “que autorice el Ministro de Hacienda y Función Pública, a iniciativa del Ministerio de Fomento, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indemnizaciones por razón del servicio”.
Ayala fue designado para cubrir la vacante de Benigno Blanco, antiguo secretario de Estado con José María Aznar, socio de Francisco Álvarez Cascos en negocios privados del exministro y expresidente del ultraconservador Foro de la Familia.
Desde que dejó su escaño en el Congreso en 2016, el exdiputado no ha parado. Abogado experto en urbanismo y derecho administrativo, es desde hace años socio de varias filiales del grupo de salas de juego Orenes y a su nombramiento en Adif y a su designación (en octubre) como presidente de la oficina creada por el PP “para controlar la idoneidad de los cargos públicos”, suma sus labores como asesor en empresas de distintos sectores; una de ellas acaba de conseguir las licencias para construir una urbanización en una zona en riesgo medioambiental en Cartagena.
