Los deberes urgentes del nuevo Gobierno: recortes, nombramientos y reforma laboral y de las pensiones
La economía ha crecido a un ritmo superior al 3% durante el año del Gobierno en funciones. Pero la falta de acción política en los más de 300 días sin un Ejecutivo a pleno rendimiento ha dejado elementos sin resolver que se presentan como un mar de fondo para la nueva etapa.
El Ejecutivo tiene varios compromisos irrenunciables que tendrá que aprobar en la mayoría de los casos antes de que acabe el año probablemente por la vía del Decreto Ley por su urgencia, para la que necesita el visto bueno del Congreso. Su falta de apoyos parlamentarios pone en peligro que pueda llegar a ponerlos en marcha, como es el caso de los recortes presupuestarios, pero son medidas que no puede seguir posponiendo por más tiempo.
Los recortes para Bruselas
5.000 millones de euros. Este es el tajo que tiene que meter el Gobierno entrante para adaptar la previsión actual de déficit (3,6%) a la que se ha acordado con Bruselas (3,1%). La desviación en el agujero de las cuentas públicas pactado tiene su origen en la prórroga de los presupuestos de 2016, que ha entrado en vigor al no aprobarse el proyecto de ley antes del 1 de octubre.
Aunque la mejor fórmula para ajustar el déficit sería rehacer los presupuestos, no hay margen suficiente para culminar en 2016 todo el trámite que conlleva la aprobación de las cuentas públicas, sobre todo en minoría parlamentaria. Por eso el Ejecutivo aprobará en Consejo de Ministros medidas “de tipo presupuestario”, que supongan recortes antes incluso de formular los nuevos presupuestos.
Estos ajustes pueden venir por dos vías: por la de los ingresos, como ya se ha hecho endureciendo el Impuesto de Sociedades, o la de los gastos. En principio, el Gobierno es más proclive a limar gastos, en partidas más sencillas de cercenar como la inversión.
Las pensiones
Una de las partidas que se suelen aprobar en Presupuestos, la de la revalorización de las pensiones, también podría tener un tratamiento especial para que la subida, previsiblemente del 0,25%, entre en vigor el 1 de enero.
Más allá de cuánto subirán las pensiones en 2017, el Ejecutivo tendrá que afrontar una nueva reforma del sistema ya que, según los documentos remitidos a Bruselas, la hucha de las pensiones, con la que actualmente se están sufragando las pagas extra, se acabará en los próximos meses. La Comisión del Pacto de Toledo del Congreso de los Diputados ya está trabajando en propuestas.
En esta ocasión el foco está en cómo conseguir más ingresos para el sistema. Sobre la mesa, ideas como destopar las bases más altas –hasta ahora hay un tope máximo por encima del cual no se cotiza, es decir, los sueldos más altos no cotizan proporcionalmente–, pagar con impuestos prestaciones como las de viudedad u orfandad, o establecer un nuevo impuesto cuya recaudación vaya al sistema de pensiones, como sucede en Francia.
Adaptar a los interinos
Las sentencias europeas sobre la interinidad en España obligarán al nuevo Gobierno a adaptar la legislación laboral. Por un lado, las sentencias reconocen el derecho de los trabajadores interinos a recibir una indemnización cuando sus contratos terminan, y abre la puerta a que la indemnización por finalización de contrato de los temporales sea igual que la de los fijos cuando realizan sus mismas funciones.
Los tribunales españoles ya están utilizando la doctrina europea para dictar sentencias, pero el Ministerio de Empleo tendrá que materializar una solución y plasmarla en el Estatuto de los Trabajadores. El cambio requeriría negociar con los agentes sociales y, lo que parece más complicado, llegar a un acuerdo sobre los significados concretos de las sentencias y quién tiene derecho a qué indemnización en qué casos.
Por otro lado, uno de los fallos europeos insta a España a acabar con el encadenamiento de contratos temporales en la sanidad pública y con el fraude de ley que se produce en muchos casos. Empleo y Sanidad deberán decidir la fórmula para terminar con esta situación y si es necesario convocar una oferta pública de empleo.
La fusión de Bankia y BMN
El Gobierno tiene entre sus deberes decidir qué hacer con las entidades bancarias nacionalizadas y concretamente, si fusiona Bankia con BMN. La propuesta está sobre la mesa después de que el Frob anunciara que estudia esta vía, previa aprobación de Bruselas, que había puesto 2017 como fecha para plantear este tipo de operaciones.
La operación está en entredicho tras la visita de los hombres de negro de la CE y el BCE. En un comunicado, apuntaron que la reestructuración de los bancos que recibieron ayudas estatales está “casi completa”, pero echaron un jarro de agua fría al decir que “no ha habido progresos en la reprivatización de los dos bancos propiedad del estado desde 2014”. Bruselas considera que completar este proceso es “importante para la estabilidad del sector bancario”.
Los deberes de Fomento
El Ministerio de Fomento tiene varias patatas calientes que caerán en las manos del próximo titular de esta cartera. Por un lado, tendrá que resolver el rescate de las radiales quebradas después de que el tribunal diera una prórroga de nueve meses para hacerse con el control de la R-3 y la R-5. El Ministerio tendrá que diseñar el plan para hacerse cargo de estas, y probablemente del resto de autopistas quebradas que todavía están en los tribunales.
Además, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) llevó a la Audiencia Nacional parte del Reglamento de Transporte Terrestre. Competencia recurrió esta norma, que regula las licencias VTC utilizadas por conductores de compañías como Uber o Cabify. También está pendiente el desarrollo urbanístico de la Operación Chamartín, por el que ha amenazado con demandar al Ayuntamiento de Madrid; o la adjudicación del macroconcurso de Renfe por valor de 2.650 millones de euros, una de las licitaciones públicas más apetitosas de los últimos años.
Nombramientos inexcusables
En el área económica, es previsible que la llegada de un nuevo Gobierno propicie un aluvión de nombramientos en los que el PP necesitará del apoyo de otros grupos. Especialmente apremiante es la situación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), presidida desde el día 6 de forma interina por Juan Manuel Santos-Suarez, el consejero de más edad, tras la forzada renuncia de Elvira Rodríguez, que agotó su primer mandato sin apoyo para renovar. También está vacante la vicepresidencia y un puesto de consejero y probablemente, los puestos de los dos vocales natos: la secretaria general del Tesoro y Política Financiera y el subgobernador del Banco de España.
También se prevén movimientos en la CNMC, el superregulador que el rodillo de la mayoría absoluta del PP permitió poner en marcha en octubre de 2013. En su acuerdo de investidura, PP y Ciudadanos pactaron trocear el organismo en dos entidades, una para la supervisión de los mercados y otra para competencia. Independiente de cómo y cuándo se concrete esa escisión, desde hace un año hay tres consejeros con su mandato caducado. En octubre de 2017 serán otros tres.
En el Banco de España, los mandatos de sus dos principales responsables, Luis María Linde y Fernando Restoy (gobernador y subgobernador) no expiran hasta junio de 2018. Pero Restoy prevé abandonar el organismo en enero para incorporarse al Banco de Pagos Internacionales (BPI) en Basilea (Suiza), y la continuidad de Linde tampoco está asegurada.
Desde julio está vacante la presidencia de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), tras la renuncia de Ramón Aguirre para volver al Congreso. Es previsible que también haya cambios en la presidencia de las empresas adscritas al hólding público, como Correos (presidida por Javier Cuesta Nuin), Navantia (José Manuel Revuelta), Sepides (Rosa Mosulén), Enresa (Juan José Zaballa), la minera Hunosa (María Teresa Mallado) o los medios de comunicación estatales: agencia EFE (José Antonio Vera) y RTVE (José Antonio Sánchez Domínguez).
La SEPI es el mayor accionista de Red Eléctrica y la tradición dice que cada vez que cambia el Gobierno, se releva al presidente de esta empresa, que cotiza en el Ibex y que el PP ha convertido en una agencia de colocación en los últimos años. Al frente de REE está el exsecretario de Estado con Aznar José Folgado, aunque ya no tiene funciones ejecutivas.
Otros organismos en los que podría haber cambios son el Instituto de Crédito Oficial (ICO), el banco público en el que Luis de Guindos situó como presidenta hace un año a su jefa de gabinete, Emma Navarro; entidades adscritas al Ministerio de Fomento como Adif (presidida por Gonzalo Ferre), Renfe (Pablo Vázquez), Puertos del Estado (José Llorca) o Aena (José Manuel Vargas); o Paradores, que depende de Industria y que desde 2012 preside Ángeles Alarcó, exesposa de Rodrigo Rato.
¿Qué hacer con la economía colaborativa?
Los conflictos legales con las plataformas colaborativas continúan y el Gobierno deberá decidir cómo se posiciona. Una disyuntiva donde se encuentra entre la espada de Bruselas, que aseguró que no se puede prohibir un negocio solo para proteger a otro existente, y la pared de las comunidades autónomas, que siguen considerando que Airbnb y BlaBlaCar deben cumplir la normativa de alojamiento y transporte y no regirse por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información e imponiendo multas en virtud de este criterio.
