ENTREVISTA

Gonzalo García, secretario de Estado de Economía: “El tope al gas es una medida del sector eléctrico, no sirve para otros mercados”

Gonzalo García Andrés, secretario de Estado de Economía y Apoyo a la empresa, en un despacho del Ministerio de Asuntos Económicos, en Madrid.

El secretario de Estado de Economía y Apoyo a la empresa, Gonzalo García Andrés (Madrid, 1973), descarta que el Gobierno vaya a poner límites de precios en la alimentación o en las hipotecas para aliviar el golpe a las familias por la inflación y por las subidas de los tipos de interés del Banco Central Europeo (BCE). El número dos de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, reconoce la efectividad del tope al gas para contener el incremento de la factura de luz, aunque considera que “es una medida muy específica del sector eléctrico, no sirve para otros mercados”. Para esos otros mercados, señala instrumentos como la vigilancia de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).

El mercado laboral resiste pese a la incertidumbre económica

El mercado laboral resiste pese a la incertidumbre económica

García Andrés recalca la fortaleza de la economía española y el impacto positivo del Plan de Recuperación. Y confía en que las medidas desplegadas hasta ahora seguirán moderando la inflación. También espera que en breve se llegue a un acuerdo con las entidades financieras para rebajar el impacto de la subida de los tipos de interés en las hipotecas, negociación que desvincula del impuesto a la banca. Respecto al pacto de rentas, lo asume como una medida fundamental para conseguir que la economía española siga creciendo y creando empleo. “Ha habido un acuerdo con los sindicatos de la Función Pública para la evolución este año y los próximos dos de las retribuciones de los empleados públicos. Es una buena referencia para ese posible acuerdo de negociación colectiva”, apunta.

El Gobierno prevé un crecimiento del 2,1% en 2023. La estimación casi duplica la del FMI, la OCDE o el Banco de España, y supera también las de las instituciones privadas… ¿Cómo justifica esa diferencia?

Desde que estalló la guerra de Ucrania se han hecho previsiones sobre el impacto en la economía española que luego los datos han ido desmintiendo. En 2022, cuando nos golpea de manera más directa la invasión rusa, el crecimiento se ha revisado al alza, tanto por parte del Gobierno como de otras instituciones. Para el año que viene, todas las previsiones apuntan a que la economía de nuestro país va a seguir creciendo y creando empleo, más que el resto de economías desarrolladas. En este caso nuestra previsión se basa en el impacto de las inversiones y las reformas del Plan de Recuperación, además de la tendencia descendente en la inflación, que ya hemos visto durante los últimos tres meses.

El Gobierno también ha hecho una previsión muy positiva para el consumo privado en 2023, con un crecimiento que supera el 1%. ¿No cree que choca con la elevada inflación y el daño a la capacidad de compra de las familias?

Una previsión del 1% para el crecimiento del consumo en términos anuales no es un nivel alto. En términos históricos, tomando en cuenta el ahorro acumulado y el ritmo de creación de empleo, nos parece una previsión que es conservadora. Además, hemos observado que el impacto de la inflación sobre el gasto de las familias se produjo en el primer trimestre de este año. Sin embargo, tanto en el segundo como en el tercer trimestre se han dado crecimientos trimestrales del consumo del 1%. Es decir, estimamos que el consumo moderará su crecimiento, pero en general la dinámica del gasto es bastante potente y responde a determinantes como las rentas salariales y el empleo.

Pero el exceso de ahorro acumulado durante la pandemia se ha reducido y ya está en niveles normalizados. Y se reparte de forma desigual entre rentas altas y bajas. 

Es cierto que la tasa de ahorro se ha ido moderando a niveles de antes de la pandemia, pero no ha desaparecido. Sin minimizar el impacto de la inflación sobre el consumo, el resto de determinantes como el empleo pueden hacer que el gasto de las familias siga creciendo a una tasa moderada, un poco más del 1% en términos anuales. Lo hemos visto en el tercer trimestre de este año: con una tasa de inflación alta, el consumo ha seguido creciendo.

Siendo uno de los factores determinantes para la evolución del crecimiento económico de España, hay mucha polémica alrededor de la ejecución de los fondos europeos. Un informe interno del Ministerio de Transportes admitía que había una ejecución insuficiente. ¿Cuál es el problema?  

El ritmo de ejecución de los fondos europeos durante este año es más rápido que en 2021. Las inversiones se están cumpliendo. De hecho, los compromisos han alcanzado ya el 57,9%. Los fondos autorizados para este año están en el 78%. En términos acumulados desde el inicio del plan, el grado de ejecución es alto. Tenemos convocatorias para las empresas, las familias y licitaciones por más de 2.000 millones de euros al mes. La primera parte del plan se centraba sobre todo en reformas, pero a partir de ahora cada vez van a tener más peso las inversiones. Tanto la Administración central del Estado como las administraciones territoriales están haciendo un esfuerzo. 

Pero entonces… ¿Es un problema burocrático? ¿Es un problema de percepción? ¿Es un problema político?

Lógicamente, hay mucha atención en la ejecución de las inversiones. Se han planteado dudas, pero la propia Comisión Europea se ha encargado de desmentirlas. La Comisión y el Consejo Europeo han ratificado que España es el país que va más avanzado en la ejecución de los fondos. Es un gran desafío, estamos invirtiendo un volumen de recursos como nunca en un periodo muy corto. Ahora bien, los números están ahí. Los programas se están lanzando. Se están sacando las licitaciones y se están resolviendo tanto los programas masivos como los dedicados a las pymes, como el ‘kit digital’, que todo el mundo reconoce que es un éxito. No solo por el despliegue de los fondos, que ya superan los 400 millones de euros para las pymes, sino también por la innovación en la manera de distribuir esos fondos. Hemos actualizado la estimación que hicimos cuando se presentó el Plan sobre el impacto económico de 2,6 puntos sobre el nivel del PIB de media hasta 2031. Es un impacto extraordinario por las inversiones, las reformas estructurales y el efecto que tienen en el empleo y en el crecimiento potencial. Hay que seguir haciendo un esfuerzo, que va a continuar con la adenda que presentaremos en los próximos meses.    

¿Hay alguna novedad de esa adenda al Plan de Recuperación?

En la adenda vamos a contar con el conjunto de recursos que restan del Plan: 84.000 millones de euros en préstamos, más los 7.700 millones adicionales de transferencias. Esta adenda es un complemento al Plan, que lo adaptamos a las necesidades que han surgido como consecuencia de la guerra en Ucrania y que, sobre todo, se encarnan en la necesidad de reforzar la autonomía estratégica de España dentro de la Unión Europea. Una parte importante de los recursos se van a concentrar en proyectos estratégicos como el de los chips, para impulsar la capacidad de fabricación y diseño de semiconductores. Además, habrá recursos en forma de préstamos que se van a utilizar para financiación sostenible. Con esta adenda se va a reforzar y prolongar el efecto que tiene el plan de recuperación sobre las bases del crecimiento, tanto a corto plazo como a medio y largo plazo, que es el principal objetivo.

Volviendo a la pérdida de poder adquisitivo: desde marzo el Gobierno ha promovido las negociaciones sobre un acuerdo de subidas salariales en el sector privado, pero la patronal se niega a sentarse a negociar. ¿Confía en que se retomen esas conversaciones? ¿Considera que es importante para la economía en general?

Es fundamental para que el descenso de la inflación sea más rápido y más duradero. Estamos viviendo una subida rápida de los tipos de interés para reaccionar a la inflación y la política económica tiene que responder con instrumentos útiles como el pacto de rentas a una situación complicada. De hecho, muchas de las medidas adoptadas por este Gobierno van en dirección de que se mejore la situación de los hogares y de las empresas, que también es una manera de facilitar ese pacto de rentas. Es necesario que haya un acuerdo entre los agentes sociales sobre la evolución de los márgenes empresariales y de los salarios que permita repartir de una manera justa y razonable el incremento de los costes. Es necesario un horizonte de estabilidad que establezca una disciplina para mantener los márgenes empresariales y un marco para que los sueldos puedan crecer de manera razonable y, a medida que baje la inflación, recuperar parte de la capacidad adquisitiva perdida. No es tarde, estamos en el momento adecuado y vamos a trabajar para facilitar ese pacto en las próximas semanas y meses.

Estamos viviendo una subida rápida de los tipos de interés para reaccionar a la inflación y la política económica tiene que responder con instrumentos útiles como el pacto de rentas

Pero hay críticas desde el ámbito sindical sobre que las medidas del Gobierno se han aprobado de manera unilateral, sin tener en cuenta el diálogo social, con lo que no se pueden considerar dentro de un pacto de rentas. 

La situación que afrontamos obliga a tomar decisiones muy rápidas. La invasión de Ucrania por Rusia obligó a adoptar muchas medidas en un tiempo muy corto. Esto dificulta los procesos habituales que venimos manteniendo en la política económica, donde el diálogo con los agentes sociales ha sido un elemento fundamental. Así fue durante la pandemia.

Las medidas que ha adoptado el Gobierno han permitido reducir la inflación en 3,5 puntos. Además, para el 40% rentas más bajas (es decir, los cuatro primeros deciles de renta) se ha compensado otros 3,5 enteros. Estamos hablando de medidas como la subida del Ingreso Mínimo Vital (IMV), el incremento de las pensiones no contributivas, las rebajas del transporte público o las medidas generales para la reducción en un 80% de los impuestos sobre la electricidad. Son medidas que han tenido un efecto importante para los trabajadores y las familias de rentas más bajas. Vamos a seguir en esa línea. 

La subida del salario mínimo es una de las medidas más importantes que faltan por adoptar para aliviar el impacto de la inflación a las familias más vulnerables. Si los empresarios se niegan a negociar, ¿se ejecutará de forma unilateral?

Hay un conjunto de medidas que claramente tienen un efecto sobre la negociación de las organizaciones empresariales y los sindicatos. Ha habido un acuerdo con los sindicatos de la Función Pública para la evolución este año y los próximos dos de las retribuciones de los empleados públicos. Es una buena referencia para ese posible acuerdo de negociación colectiva. Sobre el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) está trabajando la comisión asesora, que en breve mandará al Gobierno sus recomendaciones. Todo esto tiene que ser coherente con ese pacto de rentas que es tan útil para completar la respuesta de política económica a la situación que ha generado la guerra.

¿Con qué cifra para esa subida del SMI el Gobierno estaría conforme?

Lo más importante para abordar esta decisión que tiene que tomar el Gobierno, previa consulta a los agentes sociales, está en la perspectiva. El SMI ha tenido una progresión sin precedentes desde el año 2018. Ha subido un 36%. Incluso con el efecto de la inflación del último año y medio, los perceptores del salario mínimo han ganado más de 20 puntos de poder adquisitivo. La brújula siempre ha sido el compromiso firme de alcanzar el 60% del salario medio en 2023. Ese es el objetivo que tiene la comisión asesora y es posible alcanzarlo. El salario mínimo es un instrumento útil de redistribución, que además tiene otros efectos positivos sobre la productividad y la inclusión.

¿Qué nuevas medidas para rebajar el impacto de la inflación se podrían adoptar? ¿Podría haber cambios en medidas como la bonificación a los carburantes?

En la evolución de las medidas se trata de focalizar el impacto, de adaptarse a cómo han evolucionado los precios internacionales. Por tanto, tienen que responder a un reparto justo del golpe de los precios y que nos siga permitiendo reducir el déficit y la deuda pública. En esa línea de hacer las medidas más focalizadas, de que sigan teniendo un impacto positivo sobre la inflación y atendiendo a su coste, la vicepresidenta ya adelantó que una de las medidas que está en revisión es la bonificación de los carburantes.

Los 3,5 puntos de moderación de la inflación por los distintos planes de choque se corresponden con un cálculo previo de los descuentos en el transporte público o a la nueva regulación de las calefacciones, entre otras nuevas medidas. ¿Van a actualizar esa estimación?

Este cálculo, efectivamente, no incluye las últimas medidas. Lo que pasa es que también la inflación, la tasa interanual, va evolucionando a la baja. Lo importante es que en la fase en la que se produjo el impacto del incremento de los costes y de precios, las medidas tuvieron efecto. Ahora tenemos que intentar que el descenso sea más rápido y lleguemos cuanto antes a una inflación compatible con los objetivos de medio plazo.

¿Hay alguna nueva medida que esté ya sobre la mesa?

Las nuevas medidas deberían responder a una urgencia. Nos hemos preparado para afrontar el invierno. Ahora lo que toca es revisar las medidas que son temporales y hacer una criba entre las que hay que adaptar y las que hay que retirar.

De esos 3,5 puntos de moderación de la inflación, se explicó que el tope al precio del gas era responsable de hasta 2 puntos. Si el tope es la medida más efectiva, ¿por qué no se diseñan otros límites de precios? En la alimentación, por ejemplo.

El tope al precio del gas ha sido una medida muy efectiva, no solo para bajar el precio de la electricidad con ahorros que superan los 2.000 millones de euros para los consumidores y para las empresas, sino para protegernos contra el principal riesgo económico y geopolítico que afrontamos: las decisiones del gobierno ruso que producen subidas en los precios del gas. Desde el verano del año pasado, lo que venimos diciendo es que hay que cambiar el diseño del funcionamiento del mercado eléctrico para que solo la electricidad que se genera con gas se pague a precio del gas, y que el resto de la electricidad se pague a precios acordes con sus costes.

Esto es lo que nos ha permitido la excepción ibérica. Europa está transitando hacia este modelo ahora, y está proponiendo además una reforma más ambiciosa del mercado eléctrico que separe el gas del resto de fuentes de generación como ha liderado España. Nos parece fundamental.

Ahora bien, el tope del gas es una medida muy específica del sector eléctrico, no es un modelo que se aplique a otros mercados. Para otros mercados hay otros instrumentos. Es muy importante la política de competencia y asegurar que en un entorno como este, los consumidores elijan a aquellos que ofrecen mejores precios, que son capaces de moderar sus márgenes y de hacer un esfuerzo, como se hizo durante la pandemia. Estamos en esa misma situación y, por tanto, creo que instrumentos como la política de competencia pueden ser igualmente eficaces.

La CNMC está reforzando sus medidas de supervisión para detectar cualquier problema de competencia que evite que bajen los precios o que favorezca una subida artificial

Sobre la necesidad de mejorar la competencia en sectores como precisamente la alimentación, ¿con qué herramientas se aborda? Hasta ahora, las peticiones de control de los márgenes de beneficio se han quedado en exigencias etéreas, sin contenido…

Hay una institución que es la encargada de velar por la competencia más allá de la obligación y de la responsabilidad del Gobierno. Es la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), que hace una vigilancia continua del funcionamiento de los mercados y de las señales de posibles comportamientos contrarios. Ya estamos en una fase mucho más moderada, pero ha habido una subida de costes muy alta que ha afectado a muchos productos de la distribución. Ha habido un proceso de traslación que se refleja efectivamente en los precios de los alimentos. Pero una vez que dejan de subir los costes, los precios claramente tienen que reflejar esa evolución. Y si no lo reflejan, hay que analizar por qué. La CNMC está reforzando sus medidas de supervisión y de vigilancia para detectar cualquier indicio de problemas de competencia que eviten que bajen los precios o que favorezcan una subida artificial. Y, por supuesto, habrá una actuación contundente.

¿Qué puede suponer el paro en transporte que se ha anunciado esta semana? ¿Mayor inflación? ¿Escasez?

Las medidas que se han adoptado para el sector de transportes son muy amplias y no justifican en modo alguno un nuevo paro. Hubo incluso antes del paro que se produjo en marzo una modificación de la ley, en la cual muchas de las demandas de los transportistas ya se introdujeron. Posteriormente, se adoptó la bonificación a los carburantes, que es muy importante para el sector, y ayudas directas por casi 1.000 millones de euros. 

Pero, ¿el paro en los transportes podría ser el factor negativo que llevara a España a sufrir la recesión técnica [dos trimestres consecutivos de contracción del PIB] que las previsiones ven inevitable en Alemania o Italia?

Estamos en un contexto muy complicado y hemos visto todo tipo de calamidades que pueden generar problemas económicos. La realidad es que durante 2022, un año muy difícil, la economía española ha seguido creciendo, creando empleo, reduciendo el déficit y la deuda pública, con un sector exterior que se mantiene muy sólido. Los tipos de interés y los precios de la energía son elementos que van a afectar a la evolución de la demanda agregada y del crecimiento. Pero, en general, los datos muestran una gran solidez, tenemos instrumentos como las inversiones y reformas del Plan de Recuperación, más las medidas que están en vigor y las que van en el Presupuesto, para que la economía siga creciendo y creando empleo. 

¿En el Gobierno temen un incremento de la conflictividad social?

Como otras muchas cosas funestas que se anunciaban antes del verano, también se hablaba de un otoño de mucha conflictividad social. Estamos en un entorno en el que es lógico que los agentes sociales, que los trabajadores y algunos sectores tengan inquietudes y las manifiesten. Pero la verdad es que, por el momento, las cosas discurren por un cauce normal, característico de la situación que atravesamos. Es muy importante que sigan discurriendo así y para eso es fundamental que se encaucen las negociaciones sobre el acuerdo de subidas salariales y que siga habiendo un marco de adopción de medidas eficaces. Es necesario un marco de activación del diálogo social, que nos ha servido de manera extraordinariamente valiosa durante la pandemia. La prueba está en el impacto de la reforma laboral en la reducción de la precariedad.

El mercado de trabajo está siendo el gran dique de contención en esta crisis, ¿solo por la reforma laboral?

Antes de la reforma laboral, hay que detenerse en la respuesta a la pandemia. Ya marca claramente un cambio cualitativo en el comportamiento del mercado de trabajo español. Ante una situación crítica de la economía, los Expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE), que no eran nuevos pero sí se adaptaron a la crisis sanitaria, consiguieron limitar al máximo la destrucción de empleo. Claro, cuando una empresa se da cuenta de que si no tiene trabajadores dados de alta no puede aplicar un ERTE, se favorece la contratación. Hay un afloramiento de economía sumergida. Estimamos que con las medidas de respuesta a la pandemia podrían haber aflorado 285.000 afiliados. Estamos en la senda que necesitábamos para superar la rémora que para la economía y para la sociedad española ha representado un mercado de trabajo disfuncional. La respuesta a la pandemia y ese capital social que surge de abordar los problemas con diálogo y flexibilidad, con los trabajadores y con los empresarios, y también el propio dinamismo de la economía responden al buen comportamiento del mercado laboral.  

Ha mencionado varias veces las subidas de los tipos de interés del BCE. A la institución no le está temblando la mano. ¿Urge el acuerdo con la banca sobre las hipotecas para paliar las consecuencias? ¿Para este mercado concreto sí valoran alguna clase de tope o límite a los incrementos?

Estamos trabajando con las patronales bancarias para que el marco de protección y de adaptación de los deudores hipotecarios sirva para una situación de subida abrupta de los tipos de interés como la que estamos viviendo. Buscamos un marco de instrumentos que sean útiles, den certidumbre y alivien la subida de las cuotas hipotecarias. Hay que ir más allá del ámbito del código de buenas prácticas para los deudores hipotecarios vulnerables. Hay que adaptarlo a las circunstancias actuales. Este código se hizo para un contexto en el que los problemas venían por las rentas y por el empleo y ahora los problemas van a venir directamente por los tipos de interés. También queremos reforzar las medidas para facilitar el cambio de variable a fijo. Al mismo tiempo, tenemos que tener en cuenta que durante los últimos años todas esas familias con préstamos a tipo variable han estado pagando intereses bajos y que, afortunadamente, las familias que han contratado las hipotecas en los últimos tiempos, han optado más por tipo fijo. Más del 70% del flujo nuevo es de tipo fijo.

Para el sector bancario también es importante que las familias no se vean en situaciones de estrés respecto a las cuotas hipotecarias

A la vez que se está negociando con la banca el acuerdo sobre las hipotecas, se está tramitando el impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca. ¿Está siendo un impedimento?

No. Hemos llegado a acuerdos con el sector bancario en ámbitos como el de la inclusión financiera, tanto de los mayores como en municipios del ámbito rural. Creo que es muy útil el diálogo. Hay decisiones del Gobierno que no gustan a los bancos, está dentro de la lógica normal. Pero viendo los resultados que han presentado las entidades, es muy claro que esta subida de tipos de interés va a tener un impacto muy positivo para ellas y va a generar nuevos beneficios en las entidades financieras, lo que hace muy razonable que hagan una contribución extra temporal. Para el sector bancario también es importante tener ese marco que permita a los deudores adaptarse, porque no es bueno que la gente se vea en situaciones de estrés respecto a las cuotas hipotecarias. El enfoque de reforzar los instrumentos que ya tenemos y adaptarlos es razonable. Espero que podamos llegar a un resultado rápido.

¿El acuerdo sobre las hipotecas podría retrasar la aprobación del impuesto?

No, no tiene relación con el gravamen. El impuesto tiene su trámite parlamentario, con las mejoras que pueda haber en el texto, con las enmiendas… La tramitación va a seguir su curso. Es una prioridad. La otra negociación tiene otro objetivo, no está relacionada y es igualmente urgente. 

¿Qué calendario podría darse?

Respecto al gravamen, la proposición de ley tiene el final del plazo de enmiendas esta misma semana. La idea es que esa tramitación vaya lo más ágil posible para que pueda estar en vigor antes del final de año. Y respecto a las medidas en el ámbito hipotecario, querríamos que el proceso en el que estamos fuera corto, porque ya estamos empezando a ver las consecuencias de la subida de tipos de interés. La respuesta tiene que ser casi inmediata.

¿Cómo valora el informe del BCE contrario al impuesto a los beneficios extraordinarios de la banca?

El informe es lo esperable. Hay algunas cosas que sorprenden: la referencia al impacto en el crédito, que creemos que va a ser nulo dada la situación de solvencia que tienen las entidades, sobre todo en relación a la subida de tipos de interés, que eso, lógicamente, sí que afecta al crédito. Quizá esta y otras cuestiones que nos han sorprendido han sido rescatadas de otros informes, sobre algunas propuestas similares o de otros impuestos. Pero, al margen, vamos a reflexionar si existe la posibilidad de mejorar el texto de la proposición del impuesto.

¿Es una prioridad no permitir que los bancos repercutan el gravamen sobre los clientes?

Ahí hemos sido muy claros. El impuesto no se puede repercutir a los ciudadanos.

Las nuevas reglas fiscales propuestas por la Comisión Europea implicarían un objetivo de deuda para cada país y un límite al gasto, ¿cómo las valora?

Es una buena base para trabajar, en la línea que ha venido defendiendo la vicepresidenta Nadia Calviño en el Eurogrupo y en el Ecofin… Se trata de tener unas reglas que hagan compatibles la reducción del déficit y de la deuda pública con el crecimiento, con la estabilidad y, sobre todo, con el ciclo de inversión largo que necesitamos para impulsar la transición energética y la digitalización. Es muy importante que podamos avanzar con rapidez en este nuevo marco fiscal, porque en un entorno en el que tenemos mucha incertidumbre exógena, es bueno generar certidumbre endógena por parte de las instituciones. Y, por supuesto, vamos a participar muy activamente en este debate.

¿Apoya que los objetivos sean a medio plazo, de forma similar al compromiso actual de reducir la ratio de deuda respecto al PIB por debajo del 110% en 2025?

Tener un marco de medio plazo es importante, pero también aprender de los elementos positivos de los fondos europeos Next Generation, y de cómo han favorecido que los países se hagan más responsables del cumplimiento de los objetivos. 

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