El gran consumo protesta por el impuesto al plástico que entra en vigor en enero pese a que se conoce desde hace meses

Un nuevo impuesto que ha soliviantado a todo el sector del consumo. Desde el 1 de enero estará en vigor el impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizable. Gravará todos aquellos envases que sean de plástico no reciclado y a los que no se pueda dar una segunda vida. Da igual su finalidad, si sirven como recipientes de alimentos, en cualquiera de sus variedades, champú, colonia o envuelvan prendas de ropa, aunque hay excepciones. El objetivo es claro: eliminar de forma gradual el uso de este tipo de envases. 

Una finalidad que nadie critica. Sin embargo, más allá de para qué va a servir, se suceden las protestas por parte de los sectores a los que afecta, a pesar de que el impuesto se conoce desde hace tiempo. “Llega en el peor momento posible”, aseguran las patronales de las empresas ligadas al gran consumo que, en esta recta final de año, han intensificado la actividad de lobby con la meta de posponer la entrada en vigor de esta nueva figura fiscal que, aseguran, aumentará la presión de costes sobre la cesta de la compra.

El Ministerio de Hacienda comenzó a hablar del impuesto al plástico en febrero de 2020, antes de la pandemia. Ya entonces, la Comisión Europea había habilitado a los Estados la opción de acelerar en fiscalidad medioambiental o verde e incrementar, también, las aportaciones nacionales a los fondos comunitarios. 

En España, el impuesto al plástico se ha materializado a través de la ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular, que se aprobó el pasado mes de abril. Esta ya detallaba a quién afecta y qué va a gravar. Sin embargo, los sectores afectados aseguran que, a día de hoy, no disponen de toda la información para saber cómo tienen que proceder. 

Esta semana, la Agencia Tributaria ha tratado de despejar dudas. Por un lado, a través de un vídeo donde desglosa a quién afecta este impuesto. Por otro, a través de su propia página web, donde detalla la nueva fiscalidad, su base imponible, tipos, cómo se calcula o cómo se liquida y cuáles son los beneficios que se persiguen con él. De entrada, el Gobierno estima que el Estado puede ingresar 456 millones de euros en 2023.

En qué consiste el impuesto al plástico

La raíz del impuesto está en la citada ley, publicada en abril. En ella se desglosa que la base imponible “estará constituida por la cantidad de plástico no reciclado, expresada en kilogramos, contenida en los productos objeto del impuesto” y que el tipo impositivo es de 0,45 euros por kilogramo. Es decir, si un envase está hecho con plástico reciclado, no soporta este impuesto y cuanto más compuesto reciclado contenga, menor es la carga fiscal.

De forma resumida, el impuesto afecta al plástico no reciclado independientemente de si es un envase primario (como una botella), secundario (como el plástico que envuelve un conjunto de botellas) o terciario (para envolver un palet de varios conjuntos de botellas). También afecta a las importaciones o compras intracomunitarias de este tipo de compuestos –da igual si están vacíos o contienen algún producto– o si van a entrar dentro de la cadena de producción para derivar en otros productos, de nuevo, de plástico no reciclable. 

Hay excepciones. Por ejemplo, no estarán sujetos al impuesto “las pinturas, las tintas, las lacas y los adhesivos concebidos para ser incorporados a los productos destinados a tener la función de contener, proteger, manipular o entregar bienes o productos”, enumera la ley. Tampoco las pequeñas importaciones o compras intracomunitarias que no sean plástico reciclado y pesen menos de 5 kilos. Además, se han dejado exentos los envases de medicamentos, productos sanitarios, alimentos para usos médicos especiales, preparados para lactantes de uso hospitalario o residuos peligrosos de origen sanitario, así como los rollos de plástico para ensilados de uso agrícola y ganadero. Al margen de eso, el resto del plástico no reciclado soportará la nueva fiscalidad.

Este impuesto no es una gota en el desierto. Forma parte de un paquete de medidas más amplio, que incluye la Estrategia Española de Economía Circular o la eliminación del uso de plásticos de un solo uso. Precisamente, el Gobierno aprobó el 27 de diciembre el Real Decreto de envases y residuos de envases, que busca fomentar la venta de productos a granel y el reciclado. Por ejemplo, los comercios minoristas de alimentación –con una superficie de más de 400 m2– tienen que destinar el 20% de su área de ventas a la oferta de productos presentados sin embalaje primario, incluida la venta a granel o mediante envases reutilizables.

Críticas de los sectores afectados

Con esta nueva base fiscal, las críticas se suceden en el intento de frenar su entrada en vigor. “La introducción del impuesto exclusivamente en nuestro país incrementa los sobrecostes para las empresas españolas y, por tanto, les resta competitividad frente a sus vecinos europeos”, aseguraban a principios de diciembre, de forma conjunta, las patronales de alimentación, bebidas, perfumería y cosmética, droguería, hostelería, textil, ferretería y bricolaje y bienes tecnológicos de consumo. Se basan en que solo España ha optado por poner en marcha este impuesto, porque Italia, el otro país de la UE que lo contempla, lo ha pospuesto hasta 2024. 

“Conviene destacar el impacto nocivo que esta medida presenta para las exportaciones de nuestros sectores”, aseguran. “Así como el freno que supone a la inversión en España por parte de empresas del gran consumo que, aun teniendo interés en nuestro país, pueden decantarse por otros mercados en los que no deban asumir estos costes adicionales”. 

“En el caso de la industria de perfumería y cosmética, multinacionales que invierten en España están reconsiderando las inversiones que estaban en marcha y podrían llevárselas a otros países donde este impuesto no existe”, asegura a elDiario.es Stampa, la patronal del sector. “Muchos proyectos de inversión pueden verse paralizados por ese sobrecoste, lo que puede llegar a suponer que muchas pequeñas y medianas empresas se vean desbordadas para adelantar unos pagos que luego, en caso de exportar, deberán reclamar para que se les devuelva meses después”, añaden.

Esta opción de llevarse la inversión a otra parte va en paralelo a la consideración de que estamos en un escenario inflacionista y pagar este impuesto supone una nueva carga para las empresas, que cifran en 690 millones de euros, en conjunto. Sin embargo, estas no indican si se traducirá en un aumento de los precios que pagan los consumidores, precisamente cuando se está intentando rebajar el coste de la cesta de la compra.

Las industrias también dicen que ya están haciendo los deberes. “Las empresas españolas van por delante del resto de Europa en la gestión del plástico y en la aplicación de medidas como el rediseño, la reducción de peso o la reutilización de los envases”, asegura la Asociación de Fabricantes y Distribuidores, Aecoc. “De hecho, la ratio de reciclaje de envases de plástico en España es del 51,4%, mientras que la media europea es del 37,7%”, añaden. Y señalan que, ahora mismo, hay dificultades para encontrar plástico reciclado en el mercado. 

Los fabricantes piden una moratoria de un año, que también reclama el PP. El grupo parlamentario conservador registró una enmienda para instar a un aplazamiento “para no encarecer aún más los alimentos, ya muy afectados por el IPC”. “La entrada en vigor del nuevo impuesto especial sobre los envases de plástico no reutilizables causará un encarecimiento adicional de numerosos alimentos ya muy afectados por la continua elevación de precios experimentada en los últimos meses”, justificaba. Pero ya hubo un aplazamiento. En diciembre de 2021, la Comisión de Transición Ecológica del Congreso ya votó a favor de otra enmienda del PP para posponer el impuesto al plástico, precisamente, hasta 2023. Este será, finalmente, el año en el que entre en vigor.