El Gobierno cierra un curso plagado de cambios fiscales temporales presionado por la inflación

De armonizar a deflactar. El lenguaje del debate político este año ha vuelto a tener mucho protagonismo fiscal. El problema de la inflación ha llevado a los partidos políticos y a las distintas administraciones a plantear sus respectivos modelos tributarios, sin que se vislumbre una puesta en común. El Gobierno, que preveía al comienzo del año afrontar una reforma fiscal ambiciosa, ha tenido que cambiar sus planes para adaptar con medidas temporales los impuestos a la presión de la subida de precios. Así lo ha hecho hasta los últimos días del ejercicio: desde nuevas imposiciones a rentas altas y grandes empresas a rebajas tributarias a la electricidad o los alimentos.

Ningún gran impuesto ha esquivado este año este debate y, prácticamente todos tienen novedades para el próximo año. Sin embargo, el modelo autonómico con una fuerte cesión tributaria hace que se hayan dibujado en el mapa caminos en sentido contrario. El año había comenzado sin grandes novedades fiscales. Los Presupuestos no incorporaron medidas tributarias de calado, todo se había dejado para más adelante. Sin embargo, de aquel comienzo de año anodino en materia tributaria se llegó a un último trimestre del curso en el que se han acelerado los debates fiscales.

Cuando el año comenzó, en la agenda únicamente se situaba el libro blanco sobre la reforma fiscal que tenía que presentar el grupo de personas expertas que recibió el encargo del Gobierno en 2021. El documento llegó en marzo de este año. La unificación del IVA, eliminar beneficios fiscales en el IRPF o Sociedades o unificar el impuesto sobre Patrimonio eran algunas de las propuestas que figuraban en el extenso análisis. Este último punto fue el más destacado, se daba cobertura al Gobierno para terminar con las carreras a la baja en este impuesto y el de Sucesiones.

Sin embargo, el documento nació en mal momento. La guerra de Ucrania, el agravamiento de la crisis energética y la consecuente subida de la inflación llevaron al Gobierno a retrasar sine die el análisis de las medidas y su implementación. Quedaba claro que la urgencia era otra y se esperaría a un mejor momento para hacer la tan demandada reforma fiscal, comprometida con Bruselas.

El Ejecutivo tuvo que afrontar además las consecuencias de errores del pasado. El sistema de Cristóbal Montoro, anterior ministro de Hacienda, para aflorar bienes en el extranjero de contribuyentes españoles fue declarado ilegal por la justicia europea. Se unía a la decisión, unos meses antes, del Tribunal Constitucional de tumbar el modelo de cálculo del impuesto de plusvalía municipal, también ideado por el PP. El Gobierno tuvo que idear reformas para ambos tributos.

Al mismo tiempo, la polarización que vivía la política se transmitió también al debate fiscal. Los impuestos se convirtieron en un arma arrojadiza de la oposición contra el Gobierno. El PP hizo bandera de la rebaja fiscal, poniendo sobre la mesa una reducción de 10.000 millones de euros, y llegó a acusar al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez de “forrarse” o apelar a la “caja de Sánchez”, cuando de lo que se habla es de los ingresos del Estado –también de las comunidades–.

Las acusaciones, las propuestas basadas en medidas que no dependían del Gobierno y los grandes titulares dificultaban analizar las conclusiones de los expertos, que quedaron en un segundo plano incluso antes de ser presentadas. Tampoco ha sido posible abordar los grandes problemas que tiene España, como su baja presión fiscal en relación con sus socios europeos, la escasa tributación de las sociedades o la gran brecha entre las rentas de los ricos y los pobres.

2022 ha sido el año de las medidas a corto plazo, tal y como marcaba la urgencia de aplicar alivios frente a la subida de los precios. Las rebajas en la factura de la luz a través del IVA o impuestos especiales que se empezaron a aplicar en 2021 se han ido alargando este año, a la espera de saber qué ocurre en 2023. A ello se han sumado decisiones que buscan únicamente mantenerse durante los dos próximos años, sin afrontar reformas de calado.

Pero también ha habido tiempo para debates profundos tanto en España como en Europa. ¿En un periodo de alta inflación se debe de gravar más a las empresas que más ganan gracias a ello? Son los ‘beneficios caídos del cielo’ que han traído consigo nuevas figuras fiscales en distintos países de la UE. Aquí, el Congreso ha aprobado dos nuevos impuestos, uno a la banca y otro a las energéticas, que suponen una nueva fiscalidad para estas compañías y mayores ingresos para cubrir las medidas de alivio al resto de la población. Los resultados de este año ya pasarán a estar gravados, aunque solo será durante dos ejercicios.

El Gobierno ha vivido el aumento del gasto en los distintos paquetes de ayuda contra la inflación con un colchón importante. El menor déficit del año pasado y el fuerte aumento de la recaudación han permitido que medidas como la rebaja de la gasolina, las subvenciones al transporte público o las subidas de SMI y pensiones no contributivas no hayan provocado aumentos del déficit. De hecho, aunque el Gobierno mantiene su previsión de cerrar el año en un desfase del 5%, organismos como la Airef consideran que será incluso inferior. El objetivo del Ejecutivo para este año es obtener 270.000 millones de ingresos, si bien se da por descontado que se superará ampliamente esta barrera.

Ataques de la oposición

Aunque el gran crecimiento de ingresos ha permitido abordar los costes de las medidas anticrisis –las rebajas en la factura de la luz han costado 6.000 millones hasta diciembre, por ejemplo– sin aumentar el déficit, que se había disparado durante la pandemia, también se ha convertido en el argumento de la oposición para cargar contra el Gobierno. Para el PP, la inflación ha servido al Gobierno para engordar la recaudación, obviando que el aumento de ingresos redundará también en las administraciones que gobierna. Si bien la inflación ha ayudado a los ingresos fiscales, las estadísticas muestran que otros factores como el consumo, el empleo o los beneficios de las empresas han servido para incrementar la recaudación.

La oposición se sirvió de las comunidades donde gobierna para agitar el debate. A la continua oposición fiscal del Gobierno madrileño se unió este año Andalucía. El ejecutivo de Juan Manuel Moreno, ya con mayoría absoluta, aprobó la bonificación del 100% del impuesto de Patrimonio. Le siguió Galicia, que aumentó la bonificación al 50%. A ello se sumó la batalla por deflactar el IRPF, con tantos modelos como comunidades. También en autonomías socialistas, como la Comunitat Valenciana.

En este contexto, la coalición del Gobierno central pactó, no sin una intensa negociación, una ‘mini reforma fiscal’. No era la planteada por los expertos y su alcance es principalmente temporal, pero incluye varias modificaciones. Al envite de la derecha con Patrimonio, el Gobierno respondió con un nuevo impuesto de solidaridad para las grandes fortunas. Un tributo para quienes tienen más de tres millones, que se aplicará en toda España y que, en la práctica, solo pagarán aquellos que estén en comunidades que lo bonifican. 

A la batalla por las rebajas autonómicas en el IRPF, el Ejecutivo respondió con un rechazo frontal a deflactar, ya que aseguraron que acaba beneficiando también a los salarios altos. Sin embargo, incluyeron un aumento de la reducción por rentas del trabajo, un beneficio que se aplica a quienes menos ganan. Se fijó el máximo en 21.000 euros. A ello se sumó una subida en las rentas del capital de quienes más ganan y un recorte temporal a un beneficio fiscal de las grandes compañías. En total, 3.900 millones más en ingresos para el próximo año con las nuevas figuras fiscales.

En plena polarización, el Gobierno ha logrado, eso sí, aprobar los terceros presupuestos de la legislatura. Lo ha hecho con un apoyo amplio de sus socios parlamentarios, mientras que los intentos de las derechas de tumbarlos no lograron los apoyos necesarios. Tampoco tuvo problemas con aprobar los impuestos temporales a la banca, las energéticas o las grandes fortunas, al menos a nivel parlamentario. El próximo año se barrunta intenso en los tribunales, ya que sectores como el financiero ya han mostrado su disposición a llevar ante la justicia el nuevo impuesto. También Madrid ha planteado abiertamente recurrir el nuevo tributo para las grandes fortunas. El Ejecutivo aspira a que el impuesto a la banca aporte 1.500 millones, otros 2.000 millones llegarán de las energéticas y hasta 1.500 millones en el caso de las grandes fortunas.

El año se cierra con más novedades fiscales. El Gobierno ha aprobado esta semana un nuevo paquete de medidas anticrisis que incluye bajadas de impuestos. A las ya vigentes en la factura de la luz y el gas se unen ahora los alimentos. El Ejecutivo ha implementado el tipo del IVA al 0% para aquellos que tributaban al 4%, y ha rebajado del 10% al 5% el aceite y la pasta. De nuevo, son medidas temporales, cuya fecha de caducidad es el 30 de junio. Eso, siempre y cuando la inflación subyacente siga por encima del 5,5% al cierre de marzo.