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Los efectos de la pobreza infantil que afronta el Gobierno de Sánchez: abandono escolar, mala salud y trabajo precario

Un 32,9% de los menores en España está en riesgo de pobreza y exclusión social según el indicador AROPE, mientras que la media de la UE es del 26,9%, según datos de Eurostat

España es el segundo país de la UE con más pobreza relativa en la infancia, solo por detrás de Rumanía, como recoge el Barómetro de la Infancia de Save the Children

Los expertos apuntan que las medidas para combatir el problema deberían "contar con un buen diagnóstico" para atajar la privación material, mediante rentas y becas, y otras que reviertan la escasez de recursos en educación y salud

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Asentamiento 'El Cavero' / EUROPA PRESS

Asentamiento chabolista 'El Cavero' en Toledo / EUROPA PRESS

Este mes, miles de niños en toda España soltarán sus mochilas y emprenderán dos meses de descanso, evasión y oportunidades de ocio. No para todos. "En verano los niños pobres pierden algunos de los beneficios cognitivos que adquirieron durante el curso. El verano para los niños ricos y los niños pobres son experiencias totalmente distintas", explica el experto en pobreza infantil Pau Marí-Klose. Los tentáculos de la pobreza infantil son muy largos, afectan a la educación, la salud, la diversión y, en definitiva, a las oportunidades presentes y futuras de los menores que la padecen. En España, alrededor de uno de cada tres niños se encuentra en riesgo de pobreza y exclusión social. 

La pobreza infantil ha saltado a la primera línea de los medios de comunicación tras el anuncio de que el Gobierno de Pedro Sánchez creará un Alto Comisionado para estudiar y combatir este tema, que dependerá de la Presidencia del Gobierno. La noticia ha sido celebrada por las organizaciones sociales dedicadas a la protección de la infancia, como Unicef y Save the Children, pero también por especialistas en esta materia. No invertir en este tercio de la población es "un verdadero disparo en el pie" para el futuro de la sociedad y economía españolas, advierte Gonzalo Fanjul, director de Investigaciones de la Fundación PorCausa.

Durante el anuncio de los ministros que formarán su gabinete, Sánchez justificó la creación del Comisionado por la "inaceptable realidad que sufren cientos de miles de niños y niñas de nuestro país". El presidente aseguró que se van "a movilizar todos los recursos necesarios desde el ámbito público y el ámbito privado para extirpar el duro presente que sufren muchos niños y niñas de un país que crece al 3% pero que no reparte justamente ese crecimiento. Es el fiel reflejo de esa desigualdad en la redistribución del crecimiento". 

España tan sólo invierte el 1,3% de su PIB en protección social a la familia y a la infancia, "lejos de la media europea del 2,4%", destaca Save the Children. Pese a que durante la crisis aumentó notablemente la pobreza en la infancia, este porcentaje apenas varió en los últimos años.  

Más de 2.749.000 niños en riesgo de pobreza

Cuando se habla de pobreza infantil en un país 'desarrollado' como España, el concepto se aleja en la mayoría de casos de la emergencia por sobrevivir que enfrentan millones de menores en regiones empobrecidas. Ser un niño pobre en España se traduce en tener menos ingresos que la gran mayoría de la población o en vivir en hogares con una situación de privación material o de baja intensidad de empleo.

En concreto, un 32,9% de los menores en España está en riesgo de pobreza y exclusión social según el indicador AROPE, más de 2.749.000 menores. La media de la UE es del 26,9%, con datos de Eurostat de 2016 recopilados en 'Infancia en datos'. Este indicador mide la población que se encuentra en alguna de estas tres situaciones: en riesgo de pobreza, con carencia material o con baja intensidad en el empleo.

Si atendemos solo al riesgo de pobreza, mide la pobreza en relación al resto de la población: con unos ingresos inferiores al 60% de los ingresos medianos. Para los hogares de dos adultos y dos menores de 14 años, este umbral de la pobreza estaba fijado en 17.238 anuales en 2016 (último año disponible). Este escenario lo vivían un 29,7% de los menores de 18 años en España. "Unos 2.485.000 niños", afirma Gabriel González-Bueno, especialista en políticas de infancia de UNICEF Comité Español. España es el segundo país de la UE con más pobreza relativa en la infancia, solo por detrás de Rumanía, como recoge  el Barómetro de la Infancia de Save the Children.

Muchos de estos niños, más de la mitad, afrontan un riesgo de "pobreza severa" (con ingresos inferiores del 40% de la mediana). En total "1.329.000 niños y niñas, un 15,9%", añade González-Bueno. 

El amplio legado de la pobreza

Gonzalo Fanjul celebra que el Alto Comisionado para la Pobreza Infantil dependa de la Presidencia del Gobierno y espera que sea un punto de unión de multitud de ministerios y ámbitos de actuación. Porque los efectos de la pobreza infantil son muy diversos y afectan a los menores en su salud, su educación, sus capacidades cognitivas y sus posibilidad de vida para el futuro. 

"La pobreza puede tener efectos corrosivos desde la más tierna infancia. En la salud, tienen una probabilidad más alta de sufrir determinadas enfermedades de carácter infeccioso, por las viviendas en las que viven, con humedad, corrientes,... que pueden afectar a su salud. Hay evidencias de que la probabilidad de hospitalización, por ejemplo, también es más alta. También hay una relación cada vez más fuerte entre ser pobre y desarrollar obesidad infantil", explica el también sociólogo Pau Marí-Klose.

Según los datos de la Agència de Qualitat i Avaluació Sanitaries (Aquas), las hospitalizaciones por problemas psiquiátricos, el consumo de psicofármacos y el diagnóstico de problemas severos de salud mental se multiplican por tres y hasta por cuatro entre los menores de 15 años en situación de pobreza.

La mayor incidencia del abandono escolar temprano es otro de los reflejos de estas carencias. Save the Children destaca que  el 43% de los niños del 20% más pobre de la población abandona prematuramente sus estudios. Muchas veces, las barreras para estos niños en el colegio comienzan incluso antes de empezarlo. "Cuando los niños pobres llegan al sistema educativo obligatorio, lo hacen con brechas cognitivas respecto a otros niños, sobre competencias cognitivas muy básicas como conocer las letras, saber contar o reconocer formas. Esa desventaja inicial es un hándicap que se acumula y, a veces, el fracaso educativo en la adolescencia tiene su raíz claramente en estas etapas más tempranas", explica Pau Marí-Klose.

También se generan nuevas brechas a lo largo de su vida en sus carreras educativas. En un proyecto de investigación en el que participó Marí-Klose con jóvenes en Catalunya, sus responsables comprobaron que, a igual nivel educativo (sin haber repetido curso en el pasado), había una brecha de 30 puntos porcentuales entre los adolescentes pobres y los que no lo eran para llegar a estudiar en la universidad a los 18 años. "Eso tiene que ver con el coste de oportunidad de estudiar. Las familias pobres no están en condiciones de hacer inversiones a largo plazo", explica el experto.

Esa limitación a la hora de estudiar marcará también sus opciones profesionales en el mundo laboral. Según un reciente estudio de Fedea y Accenture sobre precariedad y/o pobreza en el trabajo, esta situación es mucho más frecuente para las personas que solo han cursado estudios de Educación Secundaria o inferiores. "Esto es una emergencia nacional, no creo que Pedro Sánchez exagere. Estamos condenando a una generación de la que va a depender nuestra economía, una economía que va a ser mucho más impredecible. Vamos a necesitar a gente con una preparación y unas capacidades más altas, que es lo contrario que conseguimos con el impacto de la pobreza infantil", alerta Fanjul.

Las medidas para combatir el problema deberían, en primer lugar, "contar con un buen diagnóstico" de la pobreza y de las medidas aplicadas hasta ahora para reducirla, propone el portavoz de Unicef. Un reciente estudio de la organización y la Universidad de Oxford sobre los efectos de la crisis económica y la austeridad para los menores de varios países del mundo –cuyo análisis del caso español fue realizado por la profesora y economista Sara Ayllón– evidencia la limitada incidencia de las políticas publicas españoles en disminuir esta lacra.

Tras ello, Marí-Klose recomienda dos vías de actuación: una que ataje la privación material, mediante rentas y becas que mejoren sus ingresos, y otra que apunte a otras consecuencias de esta escasez de recursos, como los efectos educativos (con acceso a la educación de 1 a 3, por ejemplo) y en la salud. 

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