Un informe denuncia la “perversa influencia” de los intereses empresariales en las decisiones que toman los Gobiernos en la UE
Gobiernos cautivos: los estados de la UE como canal para los intereses empresariales. Así se llama el último informe de la entidad sin ánimo de lucro Corporate Europe Observatory, que se centra en revelar cómo los Estados miembros “se dejan capturar, permitiendo a los intereses empresariales ejercer una influencia perversa” en las decisiones que toman en cuestiones comunitarias. “En lugar de velar por el interés general de la ciudadanía y del bien común de toda la UE, a menudo actúan como canales para los intereses privados”, afirma la entidad.
Los Estados miembros de la Unión Europea desempeñan un papel fundamental. Es más, todo lo que proponen el Parlamento Europeo y la Comisión necesita el visto bueno del Consejo que reúne a los países para que se haga realidad. Marcan la dirección estratégica, participan en el diseño y desarrollo de las regulaciones, y deben aprobar toda la legislación comunitaria.
El informe llega una semana después de que el Parlamento Europeo votara a favor de aumentar la transparencia en relación a la actividad de los lobbys dentro del Parlamento, y en este caso se pone el acento en la opacidad del proceso de toma de decisiones en el Consejo de la UE, que “beneficia más a menudo a las empresas y no a los ciudadanos”, afirma el eurodiputado verde Ernest Urtasun (Catalunya en Comú).
El informe destaca varios ejemplos relacionados con España. Por ejemplo, cómo los lobbistas presionaron en 2017 en el asunto de la itinerancia –hoy en día no hay roaming en la UE–: las empresas de telecomunicaciones se quejaban de que sus beneficios se verían recortados.
Cuando el debate sobre las tarifas llegó al Consejo de la UE, relata el informe, “el Grupo de Trabajo sobre Telecomunicaciones y Sociedad de la Información propuso un enfoque mucho más favorable a los intereses de estas empresas que lo que había propuesto tanto la Comisión como el Parlamento. El Gobierno español propuso una enmienda que fue conocida como la claúsula Telefónica, que intentaba proteger a la empresa y evitar que tuviera que realizar una bajada importante de sus tarifas mayoristas. El acuerdo final estableció unas tarifas menores que las que habían propuesto Consejo y Comisión, pero mayores de lo que había querido el Parlamento, lo que supuso una victoria parcial para el lobby de las telecomunicaciones”.
El informe sostiene que “Telefónica mantiene estrechos vínculos y una puerta giratoria muy activa con la clase política dirigente. Telefónica fue uno de los primeros miembros de la Mesa Redonda Europea de Industriales (ERT por sus siglas en inglés), y de muchos otros grupos de presión españoles, como el Consejo Empresarial de la Competitividad”.
El informe también critica que “desde 2010 España y otros países se han resistido a los intentos de reformar el régimen de acuerdos bilaterales de inversión (BITs por sus siglas en inglés) con el resto del mundo”. Dicho régimen, según el informe “concede a los inversores derechos extraordinarios y establece un sistema de justicia paralelo para las empresas conocido como ISdS (mecanismo de resolución de conflictos inversor-estado)”.
“En los últimos años”, dice el estudio, “España y otros estados miembros han intentado incluir cláusulas incluso más favorables a los intereses empresariales que las propuestas por la Comisión cuando la UE ha negociado con sus socios comerciales ISdS como parte de tratados comerciales más amplios, como el CETA, el tratado con Canadá. Les preocupaba sobre todo que Canadá intentara proteger de forma parcial las regulaciones bancarias limitando el ISdS en el sector financiero”.
“España ha adoptado una postura bastante antidemocrática y extrema en favor de los inversores en temas de ISdS. Esto a pesar de ser el país de la UE que más juicios abiertos tiene por ISdS, más de 40 hasta ahora, y ya ha tenido que pagar millones de euros de los contribuyentes a fondos de inversión y similares”. sostiene el texto.
¿Y por qué España parece no querer poner límites a los arbitrajes? “Una explicación”, afirma el informe, “puede ser los vínculos entre el gobierno español y los despachos de abogados que se dedican al arbitraje. Estos abogados, pueden cobrar unos 1.000 euros la hora en estos juicios. Muchos abogados del Estado han cruzado la puerta giratoria a la industria del arbitraje”.
El caso de Miguel Arias Cañete
El informe dedica un apartado especial al comisario español. “La trayectoria del Comisario de Clima y Energía, Miguel Arias Cañete, en la industria petrolera de España le convierte en un objetivo fácil para las empresas energéticas españolas. Entre los lobistas con los que se ha reunido más a menudo están Iberdrola (nueve veces) y Naturgy (11 encuentros) de un total de 269 reuniones con lobistas empresariales (de diciembre de 2014 a octubre de 2018), 100 fueron con lobbies españoles (37%), entre los que se encontraron Telefónica y Banco Santander”.
Desde noviembre de 2014, las reuniones que los Comisarios y altos funcionarios celebran con los lobbies se publican en el registro de transparencia. Pero no se aplican normas similares a las representaciones permanentes de los Gobiernos nacionales ante la UE, y tampoco hay transparencia acerca de las reuniones del Consejo.
“Tal y como concluye el informe elaborado por Corporate Europe Observatory”, afirma Urtasun, “demasiados Estados miembros permiten a los intereses empresariales ejercer una influencia perversa en las decisiones que toman en cuestiones comunitarias. Es escandaloso que los gobiernos adopten posturas antidemocráticas con tal de favorecer intereses privados, y que a día de hoy todavía siga existiendo esta opacidad y falta de transparencia en torno a sus actividades”.
