Japón ha entrado en otra dimensión. La combinación electoral que ha llevado a la thatcheriana Sanae Takaichi al poder en Tokio y ha devuelto a Donald Trump a la Casa Blanca han provocado un viraje de 180 grados en la cuarta economía global, aún sumergida en la fosa del estancamiento productivo que ha paralizado sus motores desde hace décadas.
El detonante es un factor diferencial sumamente peligroso: una escalada geopolítica de gran voltaje por dirimir la capacidad de influencia en Asia frente a su archienemigo chino. Tras 50 años de Guerra Fría y otro cuarto de siglo de sofisticados equilibrios diplomáticos entre Tokio y Pekín, la tensión entre ambos países ha devuelto a la región a la peligrosa época de la disuasión.
Takaichi fue la baza de emergencia del sempiterno Partido Democrático Liberal (PDL) que ha regido Japón desde la Segunda Guerra Mundial casi sin interrupciones. En casi tres meses en el gobierno, la primera ministra y su renovado amigo americano han generado un entorno geoestratégico mucho más desafiante, elevando la percepción del riesgo e inyectando estos temores en la agenda económica y el tacticismo monetario del Banco de Japón (BOJ).
El foco de operaciones ha sido Taiwán, cuya soberanía reivindica China, origen del combate geoestratégico entre los dos pesos pesados del planeta en Asia. La premier japonesa abrió la caja de Pandora al dejar caer la aplicación de una defensa colectiva si Pekín atacase el territorio insular desde una alianza militar, AUKUS –conocida como la OTAN asiática e inserta en la política Indo-Pacífica de Washington- y que involucra a Japón, según Takaichi.
Esta retórica hostil, como la ha calificado Pekín, ha generado una oleada de represalias comerciales encubiertas, con restricciones a exportaciones y turismo, y un incremento de patrullas militares cercanas a zonas disputadas como las islas Senkaku/Diaoyu por parte de China.
Mientras, Japón ha acelerado una gran restructuración de sus sistemas de defensa y ha reforzado su red de alianzas, afianzando relaciones con EEUU y desplegando activos militares avanzados en las islas del sur del Estrecho de Taiwán; particularmente en el archipiélago de Ryukyu, que empieza a conocerse como el de los misiles.
Las palabras de Takaichi no se deben enmarcar solo en la dialéctica diplomática. También tienen efectos domésticos notables, al justificar el fortalecimiento de la capacidad militar de Japón para elevar su disuasión regional. Esto se ha traducido en cambios presupuestarios y recetas neoliberales en una economía aún sometida a herencias proteccionistas recientes, con elevadas vulnerabilidades y una deuda soberana descomunal.
La nueva dinámica geoestratégica interactúa con decisiones económicas y monetarias internas de calado. El gobierno Takaichi ha lanzado su agenda de medidas fiscales expansivas y compromisos de gasto en defensa sin precedentes. En paralelo, el BOJ ha abandonado su estrategia de decenios con tipos de interés próximos a cero para combatir la deflación y sacar al enfermo económico de su atonía productiva. La autoridad monetaria acaba de implantar una etapa de encarecimiento del dinero para atender una oleada de inflación inaudita y cooperar en la mitigación de los desequilibrios presupuestarios.
Giro fiscal expansivo
El objetivo declarado de Takaichi con su reorientación fiscal es espolear la inversión privada y sostener la demanda interna con alteraciones impositivas progresivas y desgravaciones y permitir un incremento sustancial del gasto público, incluyendo el militar. En el corazón de su agenda tributaria laten medidas incentivadoras de la inversión empresarial con mecanismos de alivio a hogares, en especial, familias de ingresos medios, tras un año en el que la cesta de la compra nipona se ha encarecido significativamente impulsada por alimentos básicos como el arroz.
Para paliar los efectos de la inflación, el pasado miércoles Japón puso fin a un impuesto a la gasolina adoptado como una medida provisional en 1974 pero que acabó durando más de medio siglo. Junto con la eliminación de una tasa similar al diésel en 2026 comportará pérdidas de ingresos anuales al erario público de unos 3.825 millones de dólares.
En la agenda gubernamental destacan la proliferación de créditos fiscales enfocados a inversión y mecanismos de depreciación acelerada de bienes de capital que reducen hasta un 7% el valor de las operaciones, para impulsar unas cadenas de valor atascadas en un círculo vicioso. Además, amplía las desgravaciones inmobiliarias y aumenta el umbral de ingresos libres de impuestos, y las deducciones a trabajadores de ingresos medios para amortiguar el impacto de la inflación.
Este recetario se inserta en un amplio proyecto de reforma tributaria que busca impulsar el crecimiento aun reduciendo temporalmente la recaudación. Las deducciones fiscales a la inversión buscan ser un contrapeso a la rigidez de la demanda interna, históricamente afectada por una población envejecida y un mercado laboral conservador y poco dado a la movilidad.
Al tiempo, se eleva un punto porcentual el IRPF desde enero de 2027 para financiar la creciente factura en defensa bajo unas pautas compensatorias, como eliminar el recargo para la reconstrucción por el terremoto de 2011. Así, la presión impositiva no recaerá de inmediato sobre los hogares.
Según Takaichi, este rediseño “busca asegurar recursos y fortalecer la defensa nacional con una dotación del 2% del PIB este mismo año fiscal -dos ejercicios antes de lo previsto-, sin imponer cargas directas adicionales a las familias”. Esa cuadratura del círculo debe pasar por el trámite parlamentario.
El Ministerio de Economía acaba de mostrar las primeras cifras de este desembolso militar, que se centrará en ayudas y avales a chips y aplicaciones de IA para amortiguar las ansias estratégicas de Tokio por los avances americanos y chinos en este terreno y la fragilidad de sus cadenas de suministro.
Hasta 1,23 billones de yenes (unos 6.700 millones de euros) liberará el gobierno nipón en el ejercicio fiscal que comienza en abril, además de incrementar un 50%, en otro billón de yenes (unos 5.440 millones de euros) las asignaciones a estas partidas.
En total, la factura supera ligeramente los 3 billones de yenes, unos 16.000 millones de euros. La mayor parte se dirigirá a la multinacional de semiconductores Rapidus, creada en 2022 con apoyo gubernamental y grandes corporaciones como Sony, Toyota, SoftBank, NEC, NTT, Kioxia y Denso, entre otras, al impulso de modelos fundacionales de IA y préstamos.
Pero la aritmética fiscal japonesa sigue sin ofrecer datos presupuestarios precisos, más allá de este planteamiento inicial. Takero Doi, profesor de la Universidad de Keio, avisa de que el enfoque podría funcionar si se sostiene el crecimiento nominal en el que “confía ciegamente el Gobierno”. Este, recuerda, deberá también manejar una deuda que supera el 250% del PIB, la más alta del planeta, con permiso de la sursudanesa.
A su juicio, “sin un plan creíble de consolidación presupuestaria, el riesgo de que el mercado acabe exigiendo una prima mayor seguirá latente”. Doi advierte de una posible pérdida de confianza de inversores y agencias de rating en sus calificaciones soberanas.
Shigeto Nagai, ex alto funcionario del Ministerio de Finanzas, subraya que “los recortes fiscales y el aumento del gasto no están acompañados de reformas estructurales profundas que eleven el potencial de crecimiento”. Esto podría desembocar en más inflación y entorpecer la productividad real, un riesgo de especial relevancia “en un país con una población que envejece rápidamente y una fuerza laboral en contracción”.
Natixis destaca los peligros asociados a emitir más deuda en un contexto de alzas de tipos. Los bonos japoneses se vuelven más atractivos por sus rendimientos altos, pero toda ausencia de claridad fiscal obliga a gestionar activamente posiciones de renta fija, dado que la credibilidad presupuestaria es esencial para anclar expectativas de inflación y evitar primas de riesgo volátiles.
Al rescate monetario
Tras tres décadas de táctica ultra-expansiva de tipos y compras masivas de activos, el Banco de Japón acaba de emprender un giro notable en diciembre al encarecer el dinero al 0,75%, cota desconocida desde los noventa, dejando atrás un largo ciclo de políticas heterodoxas.
Estos cambios responden a dinámicas internas (inflación persistente por encima del 2% por el repunte de costes laborales y energéticos y presiones de la oferta global de mercancías) y externas, ilustradas por unos mercados financieros que anticipaban este ajuste con rendimientos de los bonos a largo plazo en máximos de hace décadas.
El BOJ ha enfatizado que la normalización será gradual, dependerá de los datos, y con ajustes adicionales si las condiciones lo justifican.
El alza de tipos tiene efectos ambivalentes. Si bien reduce incentivos para una expansión extrema de liquidez y ayuda a anclar expectativas inflacionarias, encarece la financiación de la deuda y restringe el espacio fiscal, justo cuando el gobierno impulsa gastos significativos en defensa y despliega nuevos recursos. La tensión entre política monetaria y fiscal está servida si el despegue no toma altura. Y tampoco ayuda el tipo de cambio del yen, más volátil, con implicaciones directas sobre la competitividad de las exportaciones y los balances de activos de los inversores japoneses con sumas billonarias en bonos extranjeros denominados en dólares. Un yen débil encarece el servicio de esta deuda externa en moneda local y eleva la amenaza de las carteras institucionales y fondos de pensiones.
Para Kazuo Momma, exdirector ejecutivo del Banco de Japón, “el mayor riesgo no es una subida puntual de tipos, sino una descoordinación entre política fiscal y monetaria, algo que Japón había logrado mantener durante años”. Destaca que la transición hacia tipos en positivo debe gestionarse con cautela para evitar que la rigidez presupuestaria y la deuda rampante obstruyan la hoja de ruta económica.
Envejecimiento, inserción digital y rearme
Momma advierte además de que las reformas deberían atender al envejecimiento japonés y la brecha laboral femenina, destensar la rigidez del empleo e insertar la innovación digital en los proyectos de inversión empresarial y sectores concretos del mercado laboral.
“Invertir en tecnología y capital humano para ganar productividad”, explica Kyohei Morita, economista jefe de Nomura, para quien su aplicación en segmentos como el del software, la IA o la biotecnología requieren “un entorno regulatorio y educativo que fomente el emprendimiento y la movilidad de talento”.
Morita cree que el ritmo de implantación de estas reformas es lento. Enfatiza que “incluso cuando la inflación y las subidas de tipos están más arraigadas que en años recientes, se sigue sin conseguir que las alzas salariales y de precios funcionen armónicamente” y se trasladen a la productividad, la competitividad -en especial, con China y Corea del Sur- y a crecimientos sostenibles.
El reequilibrio entre geopolítica y economía adquiere un mayor grado de incertidumbre tras el abandono del mandato pacifista de la Constitución de 1947, con una reinterpretación amplia del uso de la fuerza y la defensa colectiva. El gabinete de Takaichi acelerará la adquisición de misiles de largo alcance (sistemas Tomahawk adaptados a la Armada nipona), modernizará sus capacidades aéreas con el caza F-35B y otros aviones de última generación y pondrá en liza un cinturón de misiles defensivos en el sur del país.
Para el ex teniente general de las Fuerzas de Autodefensa Koichi Isobe, estas medidas se justifican en “la necesidad de construir capacidades conjuntas con EEUU y otros aliados” para contrarrestar las presiones de China y asegurar la estabilidad regional.
Pero tendrán efectos económicos inmediatos. Nomura Research Institute alerta de que solo el sector turístico perdería 2,2 billones de yenes por el conflicto diplomático con Pekín y su “furiosa reacción” a las palabras de la primera ministra japonesa sobre Taiwán, con advertencias de castigos comerciales que incluirían barreras arancelarias y de restricciones a viajes y a estudiantes.