La jornada de 35 horas para funcionarios del Estado impulsa la batalla para aplicarla al personal de los ayuntamientos

La batalla de los empleados públicos por la jornada laboral de 35 horas a la semana ha saltado de pantalla. El acuerdo para la reducción horaria de los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE), que se prevé que se apruebe este mes de abril, ha desatado una campaña de los sindicatos mayoritarios CCOO, UGT y CSIF para tratar de trasladar este horario también a todos los ayuntamientos del país. Aunque algunos ya tienen implantada las 35 horas semanales, como Madrid y Zaragoza, “otros muchos no”, precisan los representantes de los trabajadores.

La reclamación de la jornada laboral de 35 horas en la Administración local no es nueva. Hay ayuntamientos que la tienen implantada desde hace muchos años, como la capital, y otros que la han ido pactando más recientemente, como hizo hace pocos meses Barcelona. Durante la pasada crisis financiera se interrumpieron muchas de estas reclamaciones e incluso se revirtió la medida en algunas administraciones, como ocurrió durante algunos años en Madrid.

Ahora, con su implantación para los funcionarios del Estado, los sindicatos han visto una nueva oportunidad para tratar de llevar las 35 horas a los empleados públicos municipales.

¿Una vía legal para la implantación?

CCOO, UGT y CSIF consideran que la aprobación de este horario en el Estado abre una vía legal para trasladarla a los ayuntamientos, algo que rechaza tajantemente el Ministerio de Función Pública, dirigido por Óscar López, donde insisten en que las 35 horas afectan exclusivamente a los empleados públicos de la Administración General del Estado, sin ninguna traslación de lo pactado a las entidades locales.

Es cierto que el texto del acuerdo para reducir la jornada a un promedio de 35 horas a la semana (1.533 horas al año) suscrito el pasado marzo menciona exclusivamente a los empleados públicos de la Administración central. Sin embargo, CSIF, CCOO y UGT consideran que “hay base legal” para reclamarla en los ayuntamientos.

Los sindicatos señalan para ello a la Ley de Bases de Régimen Local, que en su artículo 94 establece que “la jornada de trabajo de los funcionarios de la Administración local será en cómputo anual la misma que se fije para los funcionarios de la Administración Civil del Estado. Se les aplicarán las mismas normas sobre equivalencia y reducción de jornada”.

Sin embargo, en Función Pública indican que este artículo “no es de aplicación”, ya que por una disposición adicional en los Presupuestos de 2018 se estableció que la jornada en el sector público sería de 37 horas y media, con la posibilidad de que cada Administración pactara una jornada diferente, si así se negociaba en su mesa de negociación colectiva y se cumplía el objetivo del 8% de temporalidad.

La disposición incluyó expresamente para los ayuntamientos: “De acuerdo con la normativa aplicable a las entidades locales, y en relación con lo previsto en este apartado, la regulación estatal de jornada y horario tendrá carácter supletorio en tanto que por dichas entidades se apruebe una regulación de su jornada y horario de trabajo, previo acuerdo de negociación colectiva”.

La interpretación de este párrafo enfrenta al Ministerio con los sindicatos. CCOO, UGT y CSIF consideran que esa mención a “la normativa aplicable a entidades locales” mantiene la vigencia del artículo 94 de la Ley de Bases de Régimen Local y que permite que los ayuntamientos insten a la traslación de las 35 horas de jornada.

Adrián Todolí, profesor de Derecho Laboral en la Universidad de Valencia, considera que esa mención al carácter “supletorio” de la regulación estatal implica que en los consistorios “donde haya negociación colectiva regulando jornada esto no es directamente aplicable. Ahora bien, en ayuntamientos sin acuerdo de negociación colectiva sí”, valora.

Otras fuentes jurídicas consultadas tienen más dudas. Coinciden en que esta interpretación puede ser válida, pero también la del Ministerio de Función Pública, que sostiene que prevalecen las 37 horas y media aprobadas en 2018, salvo pacto expreso de cada administración en su negociación colectiva.

“Medio millón” de trabajadores afectados

Con esta batalla interpretativa de leyes de fondo, los sindicatos están dando ya los primeros pasos para tratar de alcanzar las 35 horas de jornada en cada consistorio.

CSIF ha instado a todos los ayuntamientos a negociar la implantación de esta reducción de jornada (ya que hay que ajustar calendarios y en ocasiones plantillas) y CCOO también ha informado de que “está coordinando a todos sus delegados y delegadas sindicales” en cada consistorio del país para emplazar a la negociación de las 35 horas. En UGT también están apoyando esta medida, indican a elDiario.es en la organización sindical.

CCOO estima que la reducción horaria está por aplicar para la gran mayoría de los trabajadores públicos de entidades locales, que alcanzan a un total de 632.000 personas según el último Boletín estadístico de del Personal al servicio de las Administraciones Públicas. “Más de 500.000 empleados y empleadas públicas se van a beneficiar por esta reducción de jornada, que de momento solo estaba implantada en algunas de las grandes ciudades como Madrid, Barcelona, Zaragoza, Sevilla o Bilbao, entre otras”, sostiene el sindicato. 

Este medio millón de trabajadores “incluye a personal funcionario y personal laboral”, precisa Juan José Regatos, secretario general del Sector de Administración Local de FSC-CCOO, que considera que “no hay ya ninguna duda legal” para volcar las 35 horas a los funcionarios locales y, de manera paralela, a los laborales de los consistorios.

Regatos explica que lo idóneo es que la reducción horaria sea dialogada y pactada en el seno de las mesas de negociación de cada ayuntamiento, pero no descarta que pueda haber algún conflicto que requiera de movilización y que, en algunos casos, acabe judicializado.