El juez procede contra 112 controladores aéreos por la huelga de 2010
El juez de instrucción número 3 de Madrid, Francisco Javier Teijeiro, ha acordado continuar con la tramitación de las diligencias abiertas contra 112 controladores aéreos, por un delito de abandono de funciones públicas en relación con un delito de sedición, y ocho miembros de la junta directiva de USCA por incitar al colectivo de forma “evidente y precisa” al abandono de sus funciones en el 'plante' que derivó en el caos aéreo de 2010.
El auto dictado por el juez el pasado 31 de marzo, al que ha tenido acceso Europa Press, supone un paso previo a sentar en el banquillo a los encausados, entre los que figuran el presidente de USCA entonces, Camilo Ramón Cela, y su entonces portavoz, César A. Cabo, así como contra Daniel Zamit, por su actuación como portavoz aunque no formara parte de la dirección del sindicato.
El magistrado sobresee provisionalmente la causa respecto de otros denunciados y traslada su decisión tanto a la Fiscalía, como a las acusaciones particulares, para que en el plazo de dos meses (del 21 de abril al 20 de junio) “formulen escrito de calificación, solicitando la apertura de juicio oral, el sobreseimiento de la causa si procediere y, excepcionalmente, la práctica de las diligencias complementarias que consideren indispensables para formular acusación”.
La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) había solicitado en el Juzgado de Instrucción 3 bis de Madrid en diciembre de 2013 el archivode la investigación sobre el supuesto abandono de sus puestos de trabajo durante el puente de la Constitución de 2010, lo que provocó, según defiende Aena, el cierre del espacio aéreo.
En el escrito, el abogado del sindicato de USCA, José Antonio Choclán, pidió el sobreseimiento de la causa y el archivo de las actuaciones aún pendientes contra los controladores aéreos de Madrid, por entender que “no hubo ningún plante” por parte del colectivo y que el cierre del espacio aéreo fue una decisión “unilateral” de AENA.
Una acción “coordinada” y cierre “inevitable”, según el juez
El magistrado señala que siguiendo “en todo momento las directrices del sindicato” y “ejecutando las decisiones adoptadas y concertadas” por los controladores reunidos en asamblea, en el Hotel Auditórium de la capital,presentaron de forma mayoritaria los formularios sobre disminución de capacidad psicofísica y manifestaron verbalmente que “solo atenderían los vuelos a controlar según el Convenio de Chicago (vuelos de estado, militares y de emergencias), alegando una supuesta situación de ansiedad y presión psicológica, que de ningún modo se acreditó”.
Esta actuación de manera “coordinada e imprevisible” y en “muy escaso periodo temporal”, condujo al “inevitable cierre del espacio aéreoespañol con declaración de estado de alarma, provocando una situación de caos generalizada en los aeropuertos españoles al verse inevitablemente afectado todo el tráfico aéreo a causa de la suspensión y cancelación de múltiples vuelos con origen y/o destino en el territorio nacional”.
Esto a su vez, reza el auto, generó “una grave situación de conflicto entre los múltiples pasajeros afectados al haberse programado de forma deliberada para que coincidiera con el inicio de un puente festivo y ante las previsiones de un inmediato cambio normativo en sus condiciones laborales”.
Además, señala la exigencia de responsabilidad que debe atribuirse a los responsables de USCA por incitar de forma “evidente y precisa” alabandono de sus funciones a los controladores aéreos con servicios asignados, según las conversaciones telefónicas transcritas en el auto.
Para el magistrado no es cierto que el cierre del espacio aéreo fuera una decisión de los responsables de AENA ajena a la voluntad del colectivo, sino que aún siendo una competencia reservada al ente, sudecisión “aparece directamente vinculada al abandono de sus puestos de trabajo” y “a consecuencia de la concertada actuación de los trabajadores”.
Esto impidió que el tráfico aéreo continuara desarrollándose con normalidad, obligando a la autoridad competente al cierre del espacio aéreo, “ante la imposibilidad práctica de garantizar la seguridad de los vuelos, lo que condujo —señala el juez— a la declaración del estado de alarma y consiguiente movilización de un determinado número de controladores militares a fin de suplir su ausencia”.
Así fue la huelga
El espacio aéreo español se gestiona en cinco grandes centros de control: Madrid, Barcelona, Palma de Mallorca, Sevilla y Canarias, siendo el Centro del Control Aéreo de Madrid el que gestiona la mayor parte de los vuelos que transitan por territorio nacional.
De los 62 controladores con servicio asignado en los centros de Madrid, incluidos seis supervisores, 59 presentaron desde las 16 horas del 3 de diciembre de 2010 la citada declaración jurada. Esta situación se reprodujo en el turno de noche, desde las 22 horas, con 37 controladores, de los que solo concurrieron 14 y alegaron incapacidad temporal. Esta situación se empezó a normalizar a primeras horas de la tarde del día siguiente.
La no disponibilidad de personal asignado al servicio en el Centro de Control Aéreo de Madrid determinó, según fundamenta el juez, el llamado 'rate 0' y el consiguiente cierre del espacio aéreo, provocando una situación de “crisis general” en los distintos aeropuertos españoles y obligando a la intervención de las Fuerzas de Seguridad para garantizar el orden en determinados aeropuertos.
“Ante la premeditada actuación de los controladores denunciados, que sólo se explica desde la actuación claramente diseñada y coordinada por los responsables del sindicato mayoritario (...) no puede descartarse a priori que hubieran incurrido en los ilícitos aludidos”, señala el juez, que ordena así continuar con la causa.
Causas abiertas en diferentes juzgados
Un total de 21 juzgados de toda España, donde se han visto diferentes procedimientos judiciales contra los controladores aéreos, han desestimado la existencia de delito y han decretado el cierre de las diferentes causas abiertas.
Se trata de las causas que se abrieron en Valencia, Burgos, Álava, Cantabria, Asturias, Alicante, Andalucía, Vigo, Reus, Sevilla y las resoluciones judiciales dictadas por los Juzgados de Instrucción de Granadilla de Abona (Canarias), Sevilla, San Cristóbal de la Laguna, El Prat de Llobregat (Barcelona), Málaga, Reus, Sabadell, Bilbao, Santiago de Compostela y Santa Colomba de Farners (Girona) y Palma de Mallorca.
El pasado mes de enero el titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Santiago de Compostela, resolvió decretar el archivo definitivo de la causa.
Actualmente, solo quedan pendientes de resolución las causas abiertas contra los controladores en Madrid —causa que seguirá adelante según este auto—, Barcelona y Málaga.
