Las negociaciones de la ley de vivienda vuelven a retrasarse con el inicio de la campaña madrileña

Las negociaciones de la ley de vivienda entran en arenas movedizas tras anunciar Pablo Iglesias que concurrirá a las elecciones autonómicas de Madrid. El aún vicepresidente anunció este lunes que permanecerá en el ejecutivo hasta que comience oficialmente la campaña electoral, el próximo 18 de abril. “En las semanas que me quedan voy a centrar mis esfuerzos en sacar adelante la ley de vivienda que estamos negociando y en cumplir algunos compromisos claves”, dijo. Horas después reiteró —en una entrevista en La Sexta— que entre esos compromisos está la regulación del alquiler y que el PSOE lo está “poniendo difícil”.

Los equipos negociadores tenían previsto reunirse este martes y retomar las conversaciones, pero el encuentro se ha vuelto a retrasar. Del lado de Unidas Podemos, la persona clave es Ione Belarra, hasta ahora secretaria de estado de Agenda 2030 y a la que Iglesias ha propuesto como futura ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030. Del lado del PSOE, quien acude a las reuniones es David Lucas, secretario general de Agenda Urbana y Vivienda y dependiente del ministerio de José Luis Ábalos.

Fuentes de Unidas Podemos argumentan que el retraso se debe a que no han recibido una propuesta del PSOE, el material tangible sobre el que empezar a negociar. “La semana pasada no hubo reuniones porque nos pidieron tiempo para elaborar la propuesta de regulación del alquiler e impuesto a la vivienda vacía”, indican estas fuentes. En el momento de escribir estas líneas, y siempre según estas fuentes, la propuesta sigue sin llegar. El departamento de Ábalos indica, por el contrario, que la reunión se ha retrasado por motivos personales de los asistentes.

Aunque ninguno de los dos socios achaca aún retrasos a la campaña electoral, está el precedente de las elecciones catalanas. El compromiso de ambos partidos era llevar la ley al Consejo de Ministros en enero. La convocatoria catalana del 14 de febrero la retrasó. Estamos a 16 de marzo y aún ni siquiera hay acuerdo. La pregunta es cómo impactarán los comicios madrileños a la negociación.

Lo que sí es cierto es que ayer, poco antes de que saltase la bomba de Iglesias, Ábalos aseguró que su departamento trabajaba en “una propuesta para incidir en la regulación de los alquileres en determinadas zonas tensionadas” que iba a enviar ese mismo día a Unidas Podemos. Su departamento era optimista y aseguraba que en los próximos días ambas partes llegarían a un acuerdo. Hablar de nuevo de “regulación” suponía un sutil cambio de discurso, que desde el Ministerio niegan asegurando que siempre han hablado de “regulación” y no de “limitación” de los precios. Semanas atrás, Ábalos había planteado la idea de “evitar subidas abusivas” ofreciendo incentivos fiscales. Estos incentivos ya existen: la idea sería remodelarlos.

Los incentivos fiscales y la regulación de los precios del alquiler son dos medidas distintas. Aunque puedan tener el mismo objetivo —promover alquileres asequibles— no tienen nada que ver. Una cosa es que los propietarios paguen menos impuestos por poner su piso en alquiler a un precio determinado y otra establecer un índice de precios, como han hecho en Catalunya y en ciertas capitales europeas.

Otra medida para limitar los precios es la de ampliar la duración de los contratos, que en España ya es de cinco años (si el casero es una persona física) y en siete (si es persona jurídica). España es uno de los países de la OCDE con mayor duración mínima de los contratos. Y otra, a la que el PSOE fía buena parte de su discurso, es la de aumentar el parque de vivienda pública: no solo mediante la construcción de 24.000 viviendas sino mediante el fondo social compuesto por lo que aporta la SAREB, las entidades bancarias o el que “estamos intentando alcanzar con grandes tenedores”, según explicó recientemente Lucas en el Congreso.

Iglesias no participa directamente en las reuniones, pero no quiere dejar el Gobierno sin cerrar esta ley, recogida como compromiso en el pacto de Gobierno y en el pacto para los Presupuestos Generales del Estado. Las negociaciones han revelado hasta ahora profundas diferencias entre partidos, no solo en lo relativo al control de precios sino también al concepto de “gran propietario”, que UP quiere rebajar a cinco inmuebles y el PSOE mantener (tal y como está ahora recogido en el real decreto de medidas frente al coronavirus) en diez.