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Los países del norte de Europa agitan los fantasmas de la austeridad mientras el sur busca nuevas reglas económicas

El primer ministro holandés, Mark Rutte; el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez; la presidenta de la Comisión Europea, Ursula Von der Leyen; y el primer ministro portugués, António Costa.

Algunos hablan de nuevo paradigma. Y argumentan que la gestión de esta crisis no es comparable con la de la anterior crisis; que por primera vez se emite deuda comunitaria por valor de 750.000 millones de euros; que el Banco Central Europeo ha reaccionado más rápido que nunca; y que los fondos europeos de recuperación se aprobaron en cuestión de meses, además de otros programas de ayuda, como el SURE para los ERTE o, incluso, el MEDE sanitario que aún nadie ha utilizado.

Otros ya empiezan a alertar de la deuda y déficit desbocados por la activación de la cláusula de escape por parte de la Comisión Europea, que permite dar vía libre al gasto público respaldado, por su parte, por la compra de deuda por parte del BCE por valor de 1,8 billones de euros. Y estos, los autodenominados frugales, los países ricos del norte, ya avisan de que, para 2023, una vez que se hayan recuperado los ritmos de crecimiento previos a la pandemia, hay que volver a las reglas fiscales. Es decir, a exigir un déficit público del 3% del PIB y una deuda del 60%... ¿Y cómo se ha exigido estos parámetros macroeconómicos hasta ahora? Con recortes de servicios públicos y grandes sacrificios en sanidad, educación, pensiones, etc...

El debate está en cómo será esta vez, teniendo en cuenta que se da por descontada la reforma del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, ahora en suspenso por la activación de la cláusula de escape por parte del Ejecutivo comunitario. Y teniendo en cuenta que Bruselas no puede permitirse seguir manipulando la aplicación de sus propias reglas fiscales para mitigar su impacto negativo, según reconocía recientemente a Financial Times el comisario de Finanzas comunitario, Paolo Gentiloni, quien apostó por "renovar y revisar" las reglas presupuestarias de la UE que incentiven la inversión pública en las transiciones verde y digital, al tiempo que fomentan la estabilidad y el crecimiento económico duradero.

"Está claro que no podemos simplemente volver a la normalidad", reconoció Gentiloni en la entrevista al rotativo británico: "Necesitamos reglas comunes conectadas con nuestros desafíos económicos. De lo contrario, el riesgo es que la Comisión Europea pase la próxima década buscando formas creativas de eludir sus propias reglas, que creo que no es la mejor solución". La Comisión debe reiniciar este otoño una consulta sobre cómo modificar las reglas del Pacto de Estabilidad y Crecimiento.

En este sentido, Janet Yellen, secretaria del Tesoro de Estados Unidos, ha pedido en Bruselas a la UE que mantenga el apoyo público para apuntalar la recuperación. Pero los Gobiernos del norte de Europa, fiscalmente conservadores, son reticentes a los esfuerzos para flexibilizar sustancialmente las reglas fiscales, frente a las posiciones de los países del sur.

El Consejo Fiscal Europeo, por su parte, ha publicado un informe en el que afirma: "A la luz de las decisiones en otros lugares, especialmente en EEUU, a veces se plantea la cuestión de si la política fiscal de la UE se está volviendo demasiado cautelosa. No lo creemos. La UE debería aspirar a lograr un equilibrio adecuado entre una estrategia de gasto favorable al crecimiento y la sostenibilidad fiscal a largo plazo, que actualmente se extiende en varios Estados miembros, a pesar de una situación monetaria excepcional y unos costes de servicio de la deuda muy bajos. Volver a un marco fiscal revisado basado en reglas es una cuestión urgente para cimentar la credibilidad y mitigar la incertidumbre sobre las políticas futuras. Esto permitiría recuperar gradualmente el espacio tanto para la política monetaria como fiscal".

En la citada entrevista Gentiloni defendió varios cambios para reducir los índices de deuda pública, lo que bajo el marco actual implicaría recortes profundos. El comisario entiende que sería necesario modificar las reglas para incentivar la inversión pública. Esto ayudaría a evitar que se repitieran las secuelas de la pasada crisis financiera, cuando la inversión se desplomó y frenó el crecimiento. Una de las ideas es una "regla de oro", que excluya algunos gastos que mejoran el crecimiento del techo de gasto: "Hay muchas soluciones posibles, propuestas, si reconocemos la necesidad de incentivar, fortalecer, la inversión pública en determinados sectores”.

En todo caso, no se esperan grandes debates hasta después de las elecciones alemanas en septiembre. O, mejor dicho, hasta la formación del nuevo Gobierno alemán tras las elecciones, que puede llevar varios meses. Lo cual no quita para que sea un debate encima de la mesa en Bruselas y las capitales.

En este sentido, el Partido Popular Europeo en la Eurocámara maneja una serie de papeles, publicados por Financial Times, en los que afirma que el pacto de Estabilidad y Crecimiento se ha vuelto excesivamente "complejo y opaco", con un abanico de exenciones e interpretaciones que le han dado a la Comisión Europea demasiada discreción sobre cómo aplicar las reglas.

Así, el PPE, cuyos principales grupos son los conservadores alemanes y españoles, entiende que la Comisión no ha hecho cumplir las reglas de manera efectiva, por lo que debe haber un "árbitro imparcial", como el Consejo Fiscal Europeo, en calidad de órgano asesor de "completa independencia política" para realizar este trabajo.

Los populares van más allá, pidiendo que el proceso del Semestre Europeo, el sistema de gobernanza económica de la Comisión Europea, debería reducirse a la política fiscal y las reformas estructurales, de manera que el acceso de los países al presupuesto de la UE esté vinculado al cumplimiento del marco de gobernanza económica. Además, quieren que el crecimiento del gasto de un Estado miembro se mantenga por debajo del crecimiento del PIB a medio plazo.

Reglas "inadecuadas"

Mientras tanto, los gobiernos del sur muestran otro tipo de posiciones. "No hay duda de que las reglas presupuestarias europeas tienen que cambiar", ha dicho el primer ministro italiano, Mario Draghi, en el Parlamento de su país: "Mi posición sobre este tema, no desde hoy, sino desde hace algún tiempo, es que las reglas fiscales actuales son inadecuadas, eran inadecuadas y son aún más inadecuadas para una economía que sale de una pandemia. En los próximos años, tendremos que centrarnos sobre todo en un fuerte relanzamiento del crecimiento económico. Hay que crear incentivos para inversiones, sobre todo para favorecer la transformación digital y ecológica. Al mismo tiempo, las nuevas reglas también deben apuntar a reducir las crecientes divergencias entre las economías de los estados miembros y completar la arquitectura institucional europea".

La analista del Instituto Bruegel Maria Demertzis publicaba recientemente un artículo en el que señalaba que "la política fiscal tendrá un papel fundamental que desempeñar en la promoción de los objetivos climáticos y de digitalización a largo plazo de la UE. Los fondos públicos serán esenciales para las inversiones público-privadas necesarias para transformar nuestras economías y colocarlas sobre una base más sostenible. Las reglas que no diferencian entre inversión y gasto ya no son adecuadas. Pero no partimos de cero. Los últimos 12 años han dejado países con grandes deudas. Por tanto, la sostenibilidad de la deuda deberá ser una preocupación fundamental de los responsables de la formulación de políticas. Por otro lado, las tasas de interés persistentemente bajas ayudarán a mantener bajos los costes de financiación de los países. Los compromisos con la inversión pública para la transformación verde y digital y el seguro contra las crisis comunes deben consagrarse a nivel de la UE. Al aumentar nuestras responsabilidades fiscales comunes, limitamos el margen de indisciplina a nivel nacional y, por lo tanto, reducimos el riesgo de efectos secundarios negativos en todo el bloque".

Pero la clave, una y otra vez, será Alemania. Como lo fue en la anterior crisis financiera, comandando los recortes en toda Europa. Ahora, una vez que Angela Merkel no repetirá, la duda es cómo actuará el futuro Gobierno. Su sucesor en la CDU/CSU, Armin Laschet, está dando señales contradictorias, y ha dicho que las políticas de estabilidad deberán restablecerse cuando terminen los efectos de la pandemia en la economía mundial.

"Desde el inicio de la unión económica y monetaria, el contexto macroeconómico ha cambiado sustancialmente", ha dicho por su parte la presidenta del BCE, Christine Lagarde, en la Eurocámara: "Europa necesita un marco modernizado con reglas fiscales transparentes, flexibles y creíbles que permitan políticas fiscales anticíclicas y sostenibles. Espero que la revisión que está en curso en este momento brinde una solución que cumpla con esas demandas".

Y enfrente, de nuevo, uno de los autodenominados frugales, como Austria. El ministro de Finanzas, Gernot Blümel, dijo en el último Ecofin de Luxemburgo: "Debemos actuar juntos y formar una alianza que garantice una Europa basada en políticas fiscales sólidas y sostenibilidad fiscal. Estoy convencido de que debemos esforzarnos por lograr un intercambio estrecho y una cooperación estrecha tanto internamente en las sesiones pertinentes del Consejo como externamente para comunicar nuestra visión común sobre el futuro de la política fiscal de la UE”.

Según Politico, hay división dentro de la propia Comisión Europea, en áreas geográficas, sobre cuán flexible debería ser el Pacto de Estabilidad y Crecimiento (el vicepresidente económico, Valdis Dombrovskis, y alguno más creen que hay suficiente holgura dentro de las reglas existentes). En todo caso, es poco probable que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento se vuelva a aplicar por completo de manera automática en 2023. También es posible que se realicen algunos cambios significativos en su funcionamiento. Por ejemplo, según Politico, ya existe un consenso bastante fuerte de que la "regla de la deuda", que estipula que los países deben reducir la diferencia entre su nivel de deuda y el umbral de Maastricht en un 5% por año, no es viable, dado el aumento de los niveles de deuda desde el inicio de la pandemia.

En paralelo, los países del sur, como Francia, Italia y España, están pidiendo reformas que permitan una mayor inversión pública que impulse el crecimiento y tengan en cuenta los altos niveles de deuda de los países. Por contra, Austria, Alemania y Países Bajos han dicho que cualquier reforma debería garantizar una fuerte disciplina fiscal.

"Las reglas fiscales comunes sólidas deben tener en cuenta dos problemas: primero, la realidad de nuestra diferente situación fiscal en las finanzas públicas, y segundo, la necesidad que tenemos de apoyar el crecimiento y el crecimiento sostenible”, insiste Gentiloni. El bloqueo político podría significar que las reformas fiscales no se acuerden antes de 2023, cuando está prevista su reintroducción.

En este sentido, un informe liderado por el grupo socialdemócrata y respaldado en junio por una amplia mayoría de la Eurocámara pidió la revisión del marco legislativo macroeconómico antes de la desactivación de la cláusula general de salvaguardia.

"La revisión no puede posponerse más", decían los eurodiputados socialistas Jonás Fernández y Margarida Marques en elDiario.es: "Llevar a cabo esta revisión tras la desactivación de la cláusula provocaría complicaciones y divisiones, y el riesgo de una consolidación prematura frenaría la recuperación económica. El pacto de estabilidad no puede ser, como lo fue en la década anterior al estallido de la pandemia, un obstáculo para el crecimiento económico. El crecimiento no debe concebirse solo como una creación de riqueza y capital, sino que debe ser también una herramienta para combatir las desigualdades, incrementar el bienestar de las personas e impulsar el cumplimiento de los compromisos del Pacto Verde Europeo, los Acuerdos de París o el Pilar Europeo de Derechos Sociales. La revisión de las normas fiscales no puede ignorar el potencial de los instrumentos de respuesta a la crisis, como el SURE y el programa Next Generation EU. Financiados por la deuda europea, demuestran que la Unión está mejor protegida contra los choques gracias a los instrumentos comunes".

En paralelo, Bruselas pide a España que lleve a cabo una "política fiscal prudente" en 2022 debido a su elevado nivel de deuda y que utilice las ayudas europeas para acometer nuevas inversiones e impulsar la recuperación. "Los países con elevada deuda deberían seguir políticas prudentes, usando el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar más inversiones. Al mismo tiempo, debería mantenerse bajo control el aumento del gasto corriente financiado nacionalmente y debería ser limitado para los países con elevada deuda", explicó el vicepresidente de la Comisión, Valdis Dombrovskis, en la presentación de sus directrices de política económica a principios de junio. España se encuentra con un déficit del 11% y un ratio de deuda del 120%.

La Comisión recomienda a España en 2022 "usar el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia para financiar inversión adicional en apoyo al recuperación mientras lleva a cabo una política fiscal prudente y preservar la inversión financiada nacionalmente". Y añade: "Cuando la situación económica lo permita, la política fiscal debería conducir a la sostenibilidad fiscal a medio plazo".

¿Y cuándo ocurrirá eso? ¿Y cómo será? Aún está por decidir, pero los fantasmas de la austeridad y los recortes ya han empezado a sobrevolar la Unión Europea.

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Publicado el
2 de agosto de 2021 - 21:22 h

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