Hacienda ultima otros presupuestos de austeridad con pensiones y sueldos públicos congelados

La troika, Bruselas, los hombres de negro, el Gobierno, los mercados... los responsables o corresponsables de la estricta dieta de adelgazamiento a la que lleva sometido el gasto público en España, han levantado el pie del freno. El consenso internacional ante la necesidad de suavizar los ajustes para empezar a dar paso a la recuperación se traducirá en los Presupuestos Generales que el Ejecutivo presentará este viernes en Consejo de Ministros. Los efectos de este alivio se traducen ya en la mejoría de las previsiones económicas para 2014, que sitúan a España con un crecimiento de entre el 0,5% y el 1%.

Sin embargo, completados los grandes recortes, el Gobierno no queda libre de hacer más ajustes para contener el gasto y cumplir así la senda de déficit comprometida con los socios europeos. Este ejercicio (2013) las cosas ya van mal para Hacienda, que hasta agosto tiene un déficit acumulado del 4,62%, lo que hace muy difícil que cumpla su objetivo con Bruselas. Para 2014, el recorte esbozado en la senda inicial era de poco menos de 1.000 millones de euros para el Estado, pero terminará siendo más si no se controla el gasto en lo que queda de año.

El gasto estatal es muy difícil de domesticar, ya que algunas de las principales partidas crecen inexorablemente por la inercia de su propia composición. En primer lugar las pensiones, que crecen a un ritmo superior al 4%, debido al envejecimiento de la población y a las mejores bases de cotización (sueldos) de los nuevos jubilados.

Hasta el viernes no se sabrá qué sucederá con las prestaciones de jubilación para 2014, ya que es esta semana cuando se decide la revalorización prevista para el próximo ejercicio. Hasta ahora lo habitual era fijar la subida con la inflación prevista por el Banco Central Europeo (que se tomaba el 2% que el supervisor tiene como objetivo), pero la crisis hizo que tanto el Gobierno de Zapatero como el de Rajoy se hayan saltado esta referencia. De hecho, este mismo viernes podría ser la puesta de largo del nuevo factor de revalorización propuesto por los sabios, y que desliga la subida a las pensiones del IPC.

Este factor tiene en cuenta otros elementos –principalmente el balance de la Seguridad Social– para decidir si sube las pensiones un mínimo estipulado del 0,25% o se puede abrir más la mano para conservar el poder adquisitivo de los pensionistas. La ministra de Empleo, Fátima Báñez, ha dejado abierta la posibilidad de mejorar los ingresos del sistema, algo que se puede hacer con una transferencia o con un crédito vía impuestos, para no aplicar de forma estricta este factor.

Será muy difícil, en cualquier caso, ver subidas por encima del 1%, sobre todo porque el Ejecutivo cuenta con el colchón de que este mes de noviembre, mes en el que tradicionalmente se toma como referencia para las pensiones, la inflación estará por debajo de esa cifra. Tampoco se espera que 2014 sea un año con altas subidas de los precios, lo que da margen para que el Ejecutivo intente abrocharse el cinturón con esta partida.

Intereses de la deuda y paro

Los otros grandes gastos del Estado también son muy difíciles de embridar, aunque los factores externos se están aliando con el Estado para contener el gasto. Atender los intereses de la deuda se llevó casi 40.000 millones de euros el año pasado. Sin embargo, la bajada de la prima de riesgo y la reducción del tipo de interés español van a lograr que este servicio de la deuda no crezca con el mismo vigor que en años anteriores e, incluso, gracias a la amortización de la deuda más cara, se podría reducir.

Las prestaciones por desempleo son otra de las partidas que consumen el Tesoro español. La caída de los beneficiarios de una prestación llevará, con casi toda probabilidad, a que el Gobierno reduzca la cuantía destinada a esta partida, que ya en 2013 se redujo en un 6,3%. Aunque los organismos internacionales, coinciden en que la tasa de paro seguirá aumentando, el número de parados que tengan derecho a cobrar una prestación se reducirá drástricamente. La cobertura, esto es, los parados que cobran prestación, ya ha caído a poco más del 60% de este colectivo. Y la tendencia sigue a la baja.

Otro de los principales quebraderos de cabeza del ministro de Hacienda de turno al hacer las cuentas es encajar las nóminas de los casi 600.000 empleados que dependen de la Administración General del Estado. Aunque Rajoy ya se comprometió esta misma semana en el Congreso a no quitarles de nuevo una paga extra, todo apunta a que este viernes se anunciará, un año más, la congelación de sus sueldos.

Con este será el quinto año consecutivo en el que los empleados públicos perderán poder adquisitivo. Además de las congelaciones, en 2010 y 2012 registraron dos recortes de sueldo (el primero del 5% de media y el segundo al quitar la extra que les redujo un 7% la nómina de aquel año). Así las cosas, con la inflación acumulada en estos años, el poder adquisitivo de los funcionarios habrá caído alrededor de un 20%.

A pesar de esta congelación, la masa salarial tiene como auténtico contrapeso la reducción real del número de funcionarios, consecuencia de la política de tasa de reposición cero, que está esquilmando la plantilla de la Administración General del Estado ante la avalancha de jubilaciones. Este ERE silencioso en la plantilla pública es el auténtico muro de contención del gasto en recursos humanos del Estado.

Otros recortes

Los otros grandes gastos del Gobierno, como la factura farmacéutica o las transferencias o las becas, ya han sufrido un tajo a lo largo de 2013, con medidas como el copago o la política restrictiva de becas del ministro José Ignacio Wert. El Ejecutivo también intentará trasladar a las partidas de contabilidad del Gobierno sus anunciados ahorros fiscales, en medidas como la supresión de empresas públicas o la fusión de organismos. “El adelgazamiento de la Administración” tendrá sin dudar que traducirse de forma tangible en las cuentas públicas.

Lo esperable, en cualquier caso, es que el Ejecutivo se reserve alguna sorpresa, positiva o negativa, dentro de las cuentas públicas, habitual chistera de los Gobiernos para sorprender al electorado. Como las cuentas públicas se diseñan ahora para contentar más a la troika que a los contribuyentes, aún puede anunciarse algún recorte de última hora para dar ejemplo del compromiso del Gobierno en su senda de austeridad. En cualquier caso, en partidas de gasto corriente poco, o nada, queda por limar. En general, las partidas de gasto serán prácticamente iguales que en años posteriores. Las primeras que se han conocido, las del Parlamento, que se recortarán entre un 0,21% un 0,31%. La navaja de Hacienda aún puede rebanar partidas como Dependencia, Ayuda Oficial al Desarrollo o todo tipo de subvenciones. También las ayudas asistenciales o a la formación como el plan PREPARA.

Las otras sorpresas podrían venir por el lado de los ingresos. La eliminación de ciertos privilegios fiscales a las empresas, sobre todo a las grandes empresas, redundará sin duda en mejorar la partida de ingresos, que recibirá muy pocas alegrías por su principal fuente: la renta de los trabajadores. Montoro ya advirtió que este año no se moverán los márgenes del IRPF, que en su día prometió bajar para eliminar lo que calificó de “recargo temporal de solidaridad”.

También la fiscalidad medioambiental se dejará percibir en estas nuevas cuentas que, con todo, necesitarán de algún ingreso extra para poder compensar la inercia del Estado. El año pasado la sorpresa fue, por ejemplo, el nuevo impuesto de Loterías.