Los principales países de la UE dejan en el aire el tratado que blinda las inversiones en energías fósiles

La Comisión Europea ha tenido que echar marcha atrás. Después de constatar a finales de la semana pasada que no tenía mayoría suficiente para respaldar la reforma del Tratado de la Carta de la Energía, que el Ejecutivo comunitario sí defiende, Bruselas pedirá la retirada de la agenda de la conferencia del Tratado de la Carta de este martes el punto sobre la “modernización”.

“El viernes hubo Estados miembros que no alcanzaron un acuerdo sobre la modernización del tratado de la Carta de la Energía”, ha dicho la portavoz de Comercio de la Comisión Europea, Miriam García Ferrer: “Solicitaremos que se elimine este punto de la agenda de la conferencia del Tratado de la Carta de la Energía, que se llevará a cabo mañana [por el martes]. Ya estamos en contacto con la secretaría. Sobre los próximos pasos que tendremos que discutir con los Estados miembros, no puedo especular sobre lo que sucederá”.

Una vez que países importantes, como España, Francia e Italia, hayan anunciado su retirada del Tratado, queda por ver si la Comisión Europea se retira también: “Nosotros hemos dicho que estábamos haciendo una modernización. Hemos cumplido con el mandato que nos dieron los Estados miembros para lograr esta modernización. Pero en esta etapa necesitamos ver con los Estados miembros qué sucederá a continuación”.

España ha sido el primer gran país de la UE en anunciar la marcha. Fue el pasado 12 de octubre, cuando lo publicó Politico, donde la vicepresidenta Teresa Ribera decía que el proceso de modernización del TCE para reducir las protecciones a proyectos de combustibles fósiles no había supuesto “ninguna mejora”.

El tratado nace en 1994 para proteger las inversiones en infraestructura energética en los países postsoviéticos, concediendo amplias protecciones a los inversores frente a las intervenciones públicas, protecciones que se han utilizado en los últimos años para demandar a los países por políticas favorables a la transición climática, como la eliminación gradual de la energía del carbón y las restricciones a la extracción de petróleo.

En la carta fechada el pasado 27 de septiembre y enviada a la Comisión Europea por Ribera, el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, y la ministra de Industria, Reyes, Maroto, explican los argumentos para la salida de España: “El resultado del proceso de modernización del TCE ha sido considerablemente insuficiente. El TCE modernizado no ha logrado un alineamiento exitoso con los objetivos del Acuerdo de París y el Pacto Verde Europeo para cumplir con nuestro sólido compromiso de alcanzar la neutralidad climática en 2050. También consideramos insuficientes los avances logrados desde el punto de vista de la defensa de la integridad y primacía del ordenamiento jurídico comunitario y su aplicación en todos los Estados miembros, tal y como ha declarado en varias ocasiones el Tribunal de Justicia de la Unión Europea”.

El Gobierno español avisa de su retirada del Tratado, pero apunta que sería progresivo y pide buscar soluciones que satisfagan a todos los países: “En consecuencia, les informamos que España va a iniciar el procedimiento para hacer efectiva la retirada del Tratado sobre la Carta de la Energía y el Protocolo de la Carta de la Energía sobre Eficiencia Energética y Aspectos Medioambientales relacionados. Seguimos pensando que una retirada coordinada de la UE y sus Estados miembros sería la mejor opción para toda la UE, por lo que seguimos abiertos a trabajar con la Comisión y los Estados miembros en nuestro interés común. Con respecto a la Conferencia de las Partes del 22 de noviembre, España no puede apoyar el tratado modernizado por razones de coherencia, ya que estaremos inmersos en dicho procedimiento. A pesar de ello, y dado que nuestra retirada no será inmediata, no es nuestra intención poner en peligro los intereses del resto de los Estados miembros, por lo que os pedimos que trabajemos juntos en la mejor forma de satisfacer los intereses de todas las partes implicadas”.

Reformar el acuerdo para eliminar las protecciones de los combustibles fósiles ha sido una prioridad para la Unión Europea. El tratado tiene una cláusula de caducidad que significa que cualquier país que se vaya permanecerá sujeto a litigio durante 20 años.

En mayo pasado, España volvió a perder una demandas bajo el TCE, con lo que se elevan a 52 las demandas perdidas y las compensaciones superan los mil millones de euros, según los cálculos del Transnational Institute. Lucía Bárcena afirma que “el TCE se ha convertido en una pesadilla legal para España, donde las reclamaciones de arbitraje ya han costado más de mil millones de euros del dinero de los contribuyentes para adjudicar inversiones y pagar abogados y árbitros. Estas demandas solo desvían importantes recursos públicos de áreas importantes desde el punto de vista ambiental y social. España debería haber seguido el ejemplo de Italia hace mucho tiempo”.

Marta García Pallarés, activista de Ecologistas en Acción y miembro de la Campaña Española Contra los Tratados de Comercio e Inversión, sostiene: “Estamos en un momento sumamente crítico y necesitamos medidas ambiciosas, la salida del TCE es una de ellas y lo celebramos. Ahora es crucial que más países sigan el camino iniciado por España; es simplemente vergonzoso que los países de la UE vayan a la COP 27 en Egipto prometiendo reducir las emisiones, mientras continúan en un tratado que solo en Europa protege la infraestructura fósil por valor de más de 340.000 millones de euros”.

El proceso de reforma, liderado por la Comisión Europea, buscaba acabar con la protección a los combustibles fósiles. Pero la resistencia de Japón, Kazajstán y otros miembros han impedido lograr su objetivo plenamente: lograron una concesión que les permite dejar de proteger los proyectos de combustibles fósiles dentro de 10 años. Para otros miembros del tratado de 53 países, todo seguirá como de costumbre.

La Comisión ahora está tratando de venderlo como una victoria para que los miembros de la UE den la aprobación final. Pero varios países de la UE se están marchando.