El impuesto sobre Patrimonio es un tributo que pagan muy pocos ciudadanos en España. Menos de 190.000, según los datos de la Agencia Tributaria. Son aquellos que tienen un mayor patrimonio, más de 700.000 euros. Sin embargo, ha sido una bandera de rebajas fiscales que el PP ha vuelto a enarbolar esta semana. La Junta de Andalucía anunció este lunes la bonificación del 100% del tributo. Es decir, los ricos ya no pagarán este impuesto. Se une a Madrid, la única Comunidad que hasta ahora lo tenía bonificado para algo más de 16.000 personas. El movimiento de Juan Manuel Moreno ha vuelto a poner sobre la mesa el rechazo del PP contra este impuesto que recauda en toda España 1.200 millones de euros, según los datos de la Agencia Tributaria en 2020.
El Partido Popular ha hecho bloque estos días en torno a la eliminación del impuesto haciendo gala de estar en contra de las tendencias mundiales de incrementar los tributos a quienes tienen mayor renta. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, celebró en Twitter el anuncio de Andalucía dando la “bienvenida al paraíso”. La dirección nacional del PP, en voz de su vicesecretario Juan Bravo, argumentó —frente a las críticas de José Luis Escrivá tildándolo de despropósito— que “la competencia siempre es buena”. “Los ciudadanos van buscando aquel territorio en el que menos impuestos se paga”, incidió. La propia Junta de Andalucía defendió su medida frente a las críticas del Gobierno. “La bonificación nos va a hacer mucho más competitivos, el impuesto sobre Patrimonio frena la economía y provoca una huida de contribuyentes”, aseguró Carolina España, consejera andaluza de Economía y Hacienda. El líder del Partido, Alberto Núñez Feijóo, avaló la propuesta y recordó que fue Zapatero quien suspendió el impuesto en 2008 —se recuperó tres años después—.
Sin embargo, el contexto internacional es propicio a que se busque una mayor recaudación por parte de los Estados en dos frentes: la riqueza y las grandes corporaciones. A nivel internacional existen escasos ejemplos de un tributo igual al español en el caso de Patrimonio, pero numerosos países incluyen distintos tributos que buscan gravar distintos aspectos patrimoniales. A raíz de la pandemia de coronavirus y la necesidad de aumentar los ingresos tributarios, organismos internacionales como el FMI propusieron aumentar la tributación sobre la riqueza. Así, llegó a plantear que los países estudiaran maneras de aumentar los ingresos procedentes de gravar las rentas o el patrimonio de los ricos. La OCDE, por su parte, recomendó aumentar los impuestos sobre las herencias. Además, este cambio de discurso es el que ha amparado la aprobación a nivel internacional de un tipo mínimo del impuesto de Sociedades para las grandes multinacionales.
La derecha hace así de un impuesto que afecta únicamente a los grandes patrimonios uno de los principales campos de batalla fiscales contra el PSOE y el Gobierno central. Los datos de la Agencia Tributaria señalan que en 2020 fueron 189.000 contribuyentes los que tuvieron que abonar Patrimonio. Se recaudaron 1.200 millones de euros con lo que, de media, estos ciudadanos ricos pagaron 6.348 euros, pese a que el patrimonio medio con el que cuentan estos contribuyentes es de 3,5 millones. Las cifras de ingresos tributarios serían mucho más abultadas si Madrid cobrase este impuesto. Los datos de la Agencia Tributaria cifran en 992 millones la pérdida de recaudación para las arcas madrileñas. En Catalunya, por ejemplo, lo pagan algo más de 82.000 contribuyentes, que representan el 1% de la población catalana. Según los cálculos de los presupuestos de 2021 de la Generalitat, con este tributo se ingresan unos 622 millones. En el caso andaluz, en 2020 se recaudaron 93 millones de euros, aunque en la última campaña se han alcanzado los 120 millones.
El Gobierno ha criticado en bloque la medida aprobada en Andalucía. “No vamos a copiar el modelo fiscal del PP. Lo que hacen es perdonar impuestos a banca, eléctricas y grandes patrimonios y cargarlo sobre las rentas medias y trabajadoras”, ha defendido la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, este martes en el Senado. “Va a dejar de recaudar millones de euros por regalar este impuesto a los más ricos, a los que tienen mayor patrimonio, y eso se traduce en menos recursos para las comunidades autónomas y no están para forrarse como diría [Alberto Núñez] Feijóo”, defendió la portavoz del Ejecutivo, Isabel Rodríguez, tras el Consejo de Ministros.
Son varias las comunidades que también han protestado por la política fiscal de Madrid o Andalucía. El Govern de Catalunya, por ejemplo, ha defendido que se trata de una “subasta populista”. O Ximo Puig, presidente de la Comunitat Valenciana, quien ha argumentado que “un desarme fiscal no es la vía correcta en un momento de crisis como este”. El presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, ha defendido por su parte que haya “una unificación fiscal para que todos los españoles, independientemente de dónde vivan, paguen en función de unas normas tributarias iguales para todos”, aunque se ha abierto a eliminarlo para que Cantabria no “quede descolgada” y se produzca “una fuga de capitales”. Guillermo Fernández Vara, presidente de Extremadura, defendió una política fiscal “más homogénea” y criticó las rebajas de las comunidades del PP. A ello se suman los rechazos de partidos socios del Gobierno como ERC, EH Bildu o Más País.
Entre las comunidades gobernadas por el PP, el presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, ha marcado un perfil más cauto sobre el futuro de este impuesto, bonificado al 25% en la comunidad. “Es una buena noticia que se bajen impuestos. La contraria es subirlos y seguir ahogando a la gente”, aseguró este martes. El sucesor de Feijóo apuntó, sin embargo, que la prioridad de su Gobierno es “intentar bajarle impuestos a las rentas más bajas que son los que más lo necesitan” y “hacer aquello que se pueda sin desatender los servicios públicos básicos”, defendiendo su “propia senda fiscal”.
Armonización y “competencia fiscal nociva”
Un paso más allá de las críticas dentro del Gobierno al anuncio de Andalucía fue el ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, quien consideró que la propuesta era un “despropósito” y criticó que “las comunidades compitan unas con otras”. Además, planteó que se deberían centralizar los impuestos para evitar esta situación. Aunque lo dijo “a título personal”, su posicionamiento no sentó bien en el seno del Ejecutivo. La propia portavoz del Gobierno se desmarcó de sus palabras en la rueda de prensa semanal. De hecho, el Ejecutivo no tiene por ahora un plan concreto para combatir esa “competencia desleal entre comunidades autónomas” de la que acusan al PP y se remiten a la renovación del sistema de financiación autonómica que está congelado y que, en plena precampaña, no tiene visos de salir adelante.
Es en esos cambios del sistema caduco de financiación autonómica donde enmarcan la armonización fiscal de impuestos cedidos a las comunidades, como Patrimonio, sucesiones y donaciones que recomendó el comité de expertos del Ministerio de Hacienda y que la propia ministra, María Jesús Montero, ha recordado que han solicitado varias autonomías. La idea es establecer una imposición mínima de esas tasas y evitar así el dumping fiscal.
El Gobierno ha reconocido esta batalla fiscal entre comunidades como un problema desde que llegara a la Moncloa y precisamente la fiscalidad patrimonial fue una de las materias sobre las que encargó al grupo de expertos propuestas para su reforma. Aquel libro blanco concluía dando cobertura al Gobierno si finalmente acometía la armonización del tributo. “No son las figuras más adecuadas para la descentralización”, aseguraba aquel documento sobre Patrimonio y Sucesiones. “La competencia fiscal nociva ha conducido a una aplicación desigual del grado de tributación efectiva en la imposición patrimonial entre los ciudadanos”, zanjaba el texto. Así, los expertos proponían un “mínimo gravamen efectivo”.
Fuentes gubernamentales reconocen, por un lado, que el documento que están preparando para enviar a las comunidades tras encallar la anterior propuesta de financiación autonómica no contempla un tipo mínimo para esos impuestos y asumen, por otro lado, que no contará con el “consenso” necesario para salir adelante el marco de la financiación autonómica en el que sitúan la armonización fiscal. “Ahora no hay consenso”, reconocen esas fuentes, que reprochan que los ejecutivos regionales tan solo establezcan su “modelo propio” y que “no salgan de lo que les beneficia a ellas”: “No vamos a avanzar”. El principal reproche es para el partido de Alberto Núñez Feijóo, que es el que, al fin y al cabo, votaría en el Congreso el nuevo modelo. “Cada comunidad del PP quiere una cosa”, expresan esas fuentes, que sí piensan que sería factible un acuerdo entre los barones del PSOE pese a las diferentes posiciones de partida.
El ala socialista del Gobierno sostiene que es “lógico” pedir un “esfuerzo” a los que más tienen, aunque dejan en el aire una subida de impuestos a los más ricos en la línea en la que exige Unidas Podemos de crear un gravamen para las grandes fortunas.
El Gobierno central puede revertir esta situación
El Impuesto de Patrimonio es un tributo estatal, pero está cedido por completo a las Comunidades Autónomas. Éstas tienen capacidad de decidir qué bonificaciones y beneficios fiscales establecen. Tiene una situación legal muy similar al del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, otro tributo que la derecha apuesta por eliminar y que ya cuenta con amplias bonificaciones y reducciones en la mayoría de comunidades. Madrid era hasta la fecha la única que no cobraba este tributo y ahora se une Andalucía. Moreno defendió esta decisión achacando a este tributo ser un “freno para la inversión” y como una manera de “favorecer que determinadas rentas fijen su residencia en Andalucía”.
Distintos expertos consultados por este diario confirman que el Gobierno central tiene a su mano herramientas para revertir esta cesión o modularla. Violeta Ruiz Almendral es profesora de derecho tributario en la Universidad Carlos III de Madrid y fue una de las autoras del Libro Blanco para la reforma fiscal que los expertos entregaron al Gobierno. La jurista explica la naturaleza del tributo de Patrimonio de la siguiente manera. “Es propiedad del Estado pero está cedido a las CCAA”, señala, apuntando a la Constitución Española para la base de esta cesión. Sin embargo, señala que la misma potestad que permite ceder tributos, da la posibilidad de recuperarlos. Además, recuerda que la ley orgánica que regula la financiación autonómica señala “la obligación de mantener una presión fiscal efectiva global y equivalente en todo el territorio a la hora de ejercer sus competencias”.
Sin embargo, reconoce que estos límites nunca han sido utilizados. “Al no haberse ejercido nunca, dudo de que se vaya a hacer ahora”, apunta Ruiz Almendral. Si bien, hace una comparación con el artículo 155 de la Constitución: “Se consideraba inviable políticamente hasta que se aplicó”. “El Estado central tiene herramientas para afrontarlo y no infringiría la autonomía fiscal”, argumenta. Para poder llevarlo a cabo, la jurista explica que el Gobierno tiene que reunir a las comunidades, aunque no sería vinculante la posición de las mismas.
Ruiz Almendral recuerda también que el Gobierno central tiene otra herramienta a su alcance para presionar a las comunidades que nunca ha utilizado y es la del marco de estabilidad financiera. Esta herramienta marca los límites de deuda y déficit de las administraciones públicas y podría ser utilizado por Hacienda para obligar a los gobiernos autonómicos a especificar los recortes de gasto que acompañarían a una rebaja fiscal antes de acceder a los instrumentos de financiación autonómica que dependen del Ejecutivo central.
Los distintos expertos consultados coinciden en cualquier caso que, si bien es asumible legalmente la modificación por parte del Gobierno, es políticamente delicada. Especialmente cuando está pendiente de abordarse la reforma de la financiación autonómica, una modificación que depende de una amplia mayoría y que podría complicar un acuerdo si se aprobase previamente esta modificación.
En contra de la armonización y a favor de la eliminación del Impuesto sobre Patrimonio se encuentra el PP con un aliado en la patronal. El Instituto de Estudios Económicos, think tank de la CEOE, defendió a comienzos de año la batalla entre comunidades en materia fiscal, pese a que en otros aspectos como la regulación critica las diferencias entre territorios enarbolando la unidad de mercado. “Debemos evitar la armonización, es un subterfugio para la subida de la tributación patrimonial de las comunidades más competitivas”, aseguró Pilar Hernández de Frutos, vicepresidenta de la organización empresarial cuando presentó su propuesta de reforma fiscal en enero. Además, avaló la eliminación “de una vez por todas” del impuesto sobre Patrimonio.
El Impuesto de Patrimonio ha sido uno de los tributos más manoseados de la Administración española. Se creó en 1977 con carácter “excepcional y transitorio”, dentro de unas medidas urgentes de reforma fiscal, en un momento de la historia de España en la que era necesario incrementar el control de las grandes fortunas. No hubo cambios de calado en el impuesto hasta el Gobierno de José María Aznar. En 2001, el Ejecutivo del PP aprueba una serie de medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas que permite a las distintas autonomías “regular la tarifa sin ningún condicionante, y, además, pueden crear deducciones y bonificaciones” del Impuesto de Patrimonio. Se abre la opción a que las autonomías apliquen una bonificación del 100% y eliminen el tributo o que por el mismo impuesto se paguen distintas cantidades según las tarifas que diseñe cada autonomía. De aquellos polvos, estos lodos.
Así cada Administración autonómica ha ido cambiando las cuotas y el mínimo para pagar a lo largo de estos años. Por ejemplo, el mínimo exento es de 700.000 euros a nivel nacional, pero en Aragón lo rebajaron a 400.000 euros, y en Catalunya, Comunitat Valenciana y Extremadura, a 500.000 euros. Aunque hay una exención de 300.000 euros por la vivienda habitual, luego cada comunidad añade otras rebajas según el tipo de inmueble. El tipo medio efectivo también varía en cada autonomía: mientras en Illes Balears es del 0,72%; en la Comunitat Valenciana o Extremadura, del 0,68%; en Murcia, del 0,66%; o en Asturias y Galicia, del 0,64%, pero la comunidad gallega ha aprobado para 2022 una bonificación del 25% del Impuesto.
El siguiente cambio fundamental llegará en 2008, con el Gobierno del PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero. Eran los tiempos en los que el presidente socialista aseguraba que “bajar impuestos es de izquierdas”. Con el argumento de que era “desigual” y de que “recae sobre las clases medias”, se decide bonificar el 100% del impuesto. Por la merma de ingresos en las comunidades autónomas, en ese momento todas las autonomías lo recaudaban sin excepción, en el acuerdo de financiación autonómica que se logró cerrar en 2009 se destinó una partida para compensar la pérdida de ingresos por la bonificación del impuesto. Entonces, se destinaron un total de 1.800 millones de euros, con la Comunidad de Madrid (542 millones), Catalunya (461 millones), Comunitat Valenciana (185 millones) y Andalucía (139 millones) como principales receptores.
La decisión del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero duró solo tres años. El impacto de la brutal crisis económica provocó la necesidad de recuperar ingresos fiscales. En 2011, mediante Real Decreto, se recupera el Impuesto de Patrimonio, de manera temporal hasta 2012. Ya con Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, en los Presupuestos Generales del Estado de 2013 se amplía la supresión de la bonificación. Hasta 2018, este Gobierno del PP mantendrá sin retoques el impuesto de Patrimonio.
Con la llegada de Pedro Sánchez a la Moncloa en 2018, se elimina la bonificación mediante Real Decreto hasta que en los Presupuestos Generales del Estado para 2021 se aprueba la “elevación del tipo de gravamen aplicable al último tramo de la tarifa y el mantenimiento con carácter indefinido de su gravamen, ambas para contribuir a la consolidación de las finanzas públicas”. Ese mismo año, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció, como parte de la estrategia de oposición al Gobierno de coalición, un regalo a las rentas más altas con la bonificación del 100% del Impuesto de Patrimonio. Ahora le ha salido Juan Manuel Moreno Bonilla en Andalucía a copiarle.