Sucesiones fraudulentas de padres a hijos

Hay padres incapaces de dejar el coche a su hijo y, en cambio, les confían la presidencia de su empresa. Parece contradictorio, pero no lo es. La realidad suele ser que el nombramiento es una mera formalidad, que no acarrea hacerse con los mandos de la compañía familiar. Es un mero trampantojo. Sin embargo, cuando coges el volante asumes todos los riesgos, sin mediación posible.

Esa es la imagen que se reflejaba en el anuncio de esta semana del relevo en la dirección de Forestalia. Fernando Samper, presidente, propietario y fundador de la compañía, dejaba la dirección en manos de su hijo Ricardo Samper, que a sus 28 años de edad tiene un currículum académico apropiado para un heredero (ADE y derecho y un máster internacional en asesoría fiscal) y una experiencia de media línea. Es el menor de los hijos, y quizá su mayor mérito, genética al margen, sea que no se le menciona en el expediente de la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil, que investiga la presunta trama de corrupción de directivos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Instituto Aragonés de Gestión Ambiental cuyo beneficiario habría sido Forestalia.

El caso se instruye en un juzgado de Teruel, cuyo titular considera a Fernando Samper el “tronco central” de la presunta trama corrupta, según la cual se habrían pagado mordidas a funcionarios del Gobierno Central y de Aragón a cambio de facilitar las adjudicaciones en las subastas de energías renovables.

Forestalia ha tenido el arrojo de emitir un comunicado donde dice que el relevo se produce en el marco del protocolo interno elaborado por Cuatrecasas “cuyo objetivo es articular una separación entre la propiedad y la gestión de la compañía”. ¿Alguien cree que poner al hijo figurando de gestor implica que el padre y propietario no va a tener nada que ver en la dirección de Forestalia? Menos mal que no intentan esconder el elefante del caso de corrupción y a renglón seguido dicen que todo se produce en “un contexto de mayor escrutinio institucional derivado de procedimientos judiciales en curso”.

La realidad es que Forestalia es una empresa que se ha construido sobre subastas de entes públicos que adjudican la explotación de megavatios producidos con energías renovables. Esto, en sí mismo, ni es malo ni bueno. El problema es que si estás inmerso en causas de corrupción no te vas a poder presentar a más subastas de las Administraciones Públicas, como viene a decir la Ley de Contratos del Sector Público, menos aún con el endurecimiento normativo que se ha incluido en febrero pasado en el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. El Gobierno de Pedro Sánchez, a la luz de los casos que hay alrededor de Koldo y Ábalos, se propone ser más pulcro. 

Por tanto, con Forestalia estamos ante uno de los tantos intentos de lavado de cara de las empresas españolas pilladas en presuntos casos de corrupción. Estos procedimientos judiciales se eternizan, muchas veces por argucias dilatorias de los propios acusados, lo que provoca un daño irreparable en la reputación de las compañías, perjuicio que sería muy injusto si resultaran declarados inocentes, que a veces pasa.

La historia empresarial española está plagada de casos sucesorios muy similares al de Forestalia, donde se utiliza al relevo entre familiares directísimos tratando de construir una realidad que es pura ficción. Quizás uno de los primeros casos y más notables fue el que construyó José María Ruiz Mateos que, tras la expropiación de Rumasa y su condena judicial, puso al frente de sus nuevas empresas a sus hijos y a su esposa, Teresa Rivera, a la que colocó también al frente del Rayo Vallecano en 1994. Rivera reconocería años después que asumió el cargo porque se lo pidió su marido, que ella no tenía ni idea de fútbol, algo que era evidente. Fue la triste manera de que la primera mujer llegara a la presidencia de un club de fútbol.

Esta aventura terminó, como casi todas las de esta familia, con el Rayo en concurso de acreedores y con los seis hijos varones de Ruiz-Mateos condenados, en mayo del año pasado, por la Audiencia Nacional a siete años y cuatro meses de prisión por estafa, blanqueo de capitales y alzamientos de bienes en la operativa de Nueva Rumasa.

Otro empresario con múltiples causas judiciales abiertas que se ha “retirado” dando paso a la familia es José Luis Ulibarri, propietario de empresas de construcción (Begar), residencias de mayores (Aralia) y medios de comunicación (50% de Castilla y León TV y del Diario de León y de las franquicias de El Mundo en esta región). Su imputación en varios sumarios le llevó a dimitir del consejo de administración de CyLTV, ya que su presencia ponía a la Junta de CyL en serias dificultades para volver a adjudicarles la concesión del servicio de televisión de la región. El día que dimitió, le sustituyó su hija Soledad, aunque previamente ya estaban en el consejo sus otros dos hijos Adriana, que es la que ha ido asumiendo más funciones ejecutivas, y Enrique.

José Luis Ulibarri dejó CyLTV en septiembre de 2019 y tres años después sería condenado por la Audiencia Nacional a 19 meses de prisión en una pieza del caso Gürtel. En otra, que aún no ha sido sentenciada, la Fiscalía le pide 14 meses de cárcel.

Los Ruiz-Mateos son solo un ejemplo de familias implicadas en presuntos casos de corrupción, que están vinculadas con el fútbol y se pasan el testigo padres a hijos con total naturalidad. Recuerden el caso de Josep Lluis Núñez, el constructor que fue presidente del Barcelona, que pasó el testigo a su hijo Josep María Núñez Navarro cuando Hacienda le levantó una inspección, que acabó en condena por soborno. O el de Jesús Gil, que fue destituido judicialmente de la presidencia del Atlético de Madrid un 22 de diciembre de 1999 acusado de los presuntos delitos de estafa, falsedad en documento público y mercantil, apropiación indebida y delitos societarios. Hoy reinan en el club su hijo Miguel Ángel Gil Marín y Enrique Cerezo, los mismos a los que la Audiencia Nacional había considerado cooperadores necesarios de la estafa y apropiación indebida. Todo acabó en nada por prescripción, que no porque fueran unos benditos.

Las líneas de honradez que se levantan entre padres e hijos tienen la misma consistencia que las olas. Son formas de construir una apariencia de verdad sobre un fraude de ley.