La Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (FICA) ultima un expediente de regulación de empleo para 110 trabajadores. La oferta hecha por la Federación es la de una indemnización de 25 días por año trabajado con un tope de 13 mensualidades. Los trabajadores han convocado dos jornadas de huelga en protesta los días 26 y 27 de septiembre: acusan a la organización de aplicarles una versión “dura” de la reforma laboral, que contempla una indemnización de 20 días por año con 12 mensualidades como tope.
La asamblea de trabajadores, a quienes se les adeuda todavía la nómina del mes de agosto, ha criticado además la postura del secretario general de UGT, Pepe Álvarez, a quien se le dirigió un escrito la semana pasada pidiendo su mediación en el conflicto, por haber “dado la espalda a sus trabajadores, muchos de ellos con más de 20 años de afiliación al sindicato y de compromiso con la organización”.
Un portavoz de la Federación asegura que las negociaciones acaban de empezar y que la organización seguirá poniendo propuestas encima de la mesa. “Hemos planteado la necesidad de llegar a un acuerdo justo y razonable para las dos partes: nuestros compañeros merecen una solución digna y el sindicato necesita adecuarse a su realidad financiera, tenemos que adecuar el número de trabajadores a los ingresos que tenemos”, dice.
En este sentido, la asamblea ha reclamado a Álvarez que antes de querer “una UGT en la que estén cómodos los militantes del PP”, debería defender “una UGT en la que estén cómodos sus trabajadores y militantes, y que aplique también a sus trabajadores ni más ni menos que lo mismo que él exige a las empresas que presentan ERE”.
Asimismo, los trabajadores de UGT FICA han lamentado el empeño de la organización en la que militan por “negarse a negociar y presentar medidas no traumáticas y dignas para los afectados, y por haber optado por un camino que el sindicato viene combatiendo desde que se aprobó la reforma laboral y que aboca a los 110 trabajadores a un futuro incierto”.
Desde la Federación aseguran que no se les puede acusar de aplicar la reforma laboral. “No lo concebimos para nuestro trabajadores, las propuestas van a seguir avanzando”.