El Tribunal Constitucional alemán declara nula la Ley de tope al alquiler de Berlín por una cuestión competencial

Un quiosco de comida rápida cerrado en una calle de Berlín.

Aldo Mas

Berlín —

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Se esperaba que la decisión de los jueces del Tribunal Constitucional alemán sobre la conocida como “Ley de tope al alquiler de Berlín” llegara este verano. Pero, como indicaba en titulares esta semana el diario berlinés de Die Tageszeitung: “Los jueces tienen prisa”. Resultado de esa prisa es que los magistrados del tribunal con sede en Karlsruhe decidieran este jueves declarar nula la medida berlinesa.

Fracasa la política de vivienda del Gobierno de coalición en Alemania

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Los jueces han declarado la norma berlinesa, aplicada desde finales de febrero de 2020, “incompatible con la Ley Fundamental” y, en consecuencia, “nula”, según se lee en el comunicado emitido este jueves por el Tribunal Constitucional. Los jueces justifican la medida basándose en una cuestión de competencias, recordando que los Länder germanos, como Berlín, no tienen la capacidad de legislar el precio de los alquileres, algo que corresponde a las instituciones del poder legislativo federal.

“Dado que el legislador federal ha regulado el precio del alquiler en las secciones 556 y 561 del Código Civil alemán”, se lee en el comunicado emitido desde Karlsruhe, “no hay lugar para el poder legislativo de los Länder.

La decisión del Tribunal Constitucional alemán supone un duro golpe político para la coalición de izquierdas que gobierna Berlín. A su ley de tope al alquiler se la consideraba uno de los “proyectos centrales” del Ejecutivo berlinés, compuesto por una coalición liderada por el socialdemócrata Michael Müller en la que también participan políticos de Los Verdes y de la formación izquierdista Die Linke.

Die Linke, precisamente, le toca llevarse la peor decepción, puesto que a ese partido pertenece el principal responsable de la medida, Sebastian Scheel, el ministro de la ciudad-estado de Berlín para el Desarrollo Urbanístico. En una reacción recogida este jueves por los medios de comunicación, Scheel se mostraba tan “sorprendido” por la rapidez con la que los jueces han decidido sobre la cuestión como decepcionado por las consecuencias de dicha decisión. “Es un día duro para los inquilinos”, citaba el Die Tageszeitung la reacción de Scheel.

Desde el pasado mes de noviembre, en virtud de la normativa berlinesa ahora declarada nula, los inquilinos que pagaban precios superiores en su alquiler al establecido por los índices de las autoridades habían visto sus rentas rebajadas. Pero esos ahorros, impuestos para alquileres que superaran el 20% del precio límite reconocido por las autoridades, sin embargo, podrían convertirse ahora en un problema. Porque están potencialmente sujetos a “reclamaciones” de los propietarios.

Una encuesta publicada hace unos días daba cuenta, de hecho, que un 47% de los berlineses que se habían beneficiado de estas rebajas no disponían de dinero para afrontar esas posibles reclamaciones. De ahí que desde este mismo jueves Scheel prometiera que los inquilinos no quedaran sin el amparo de las autoridades.

No abandonaremos a los inquilinos”

“No abandonaremos a los inquilinos que se queden en una situación de emergencia. Es una cuestión de decencia política”, declaraba Scheel al también diario berlinés Der Tagesspiegel.

De la entrada en vigor de la ley de Scheel y compañía en febrero de 2020 se han beneficiado 1,5 millones de viviendas de la capital alemana. La iniciativa tenía mucho de reconocido experimento político al que miraban otras grandes metrópolis europeas cuyos habitantes también sufren cómo se ha tensionado el mercado de la vivienda, lo que ha llevado al alza, entre otras cosas, los precios del alquiler.

Con la medida berlinesa, ya se había logrado que en 2020 los alquileres bajaran en la capital alemana por primera vez en 16 años, según datos recientes del Banco de Inversión de Berlín (IBB, por sus siglas alemanas). “Elegimos este camino por buenos motivos. Sabíamos que entrábamos en una zona desconocida y queríamos explorar esta cuestión de competencia”, ha manifestado Scheel a cuenta de la medida en contra de la cual decidían los jueces de Karlsruhe este jueves.

En vista de la decisión en contra de su iniciativa estrella, ahora Scheel pide al gobierno de Berlín un plan para amortiguar el impacto que pueda tener sobre los inquilinos el que al mercado inmobiliario berlinés se le quite la tapa que las autoridades le habían puesto. En ese plan figura, entre otras cosas, la creación de un fondo de emergencia que se ocupe de ayudar a pagar las reclamaciones de los propietarios a los inquilinos.

Los conservadores celebran que el tope al alquiler sea “historia”

Los magistrados del Tribunal Constitucional reaccionaban a una iniciativa de control legislativo de los Grupos Parlamentarios de la Unión Cristiano Demócrata (CDU), el partido de la canciller Angela Merkel, de la Unión Socialcristiana (CSU) de Baviera y del partido liberal, el FPD. Precisamente en estos partidos no hubo tope este jueves a la hora de celebrar la decisión de los jueces de Karlsruhe.

El ministro del Interior, por ejemplo, el socialcristiano Horst Seehofer, que también ejerce en Alemania como ministro para la Vivienda, celebraba este jueves que “la ley de tope al alquiler es historia”. “Está bien, porque desde un punto de vista de política de vivienda ese era el camino equivocado”, señalaba este político, obviando que él pasará a la historia en esta legislatura por fracasar en lo que a política de vivienda se refiere.

Su gestión ha hecho imposible que la 'gran coalición' no consiga el objetivo de que en el mercado inmobiliario teutón se construyan, entre 2017 y 2021, 1,5 millones de viviendas en Alemania. Esa era la meta que se había dado el Gobierno de Merkel.

A falta de unos meses para que acabe la legislatura, ese objetivo parece ahora inalcanzable. Los expertos, además, consideraban esa meta como “modesta” ante la situación de emergencia habitacional que viven ciudades como Berlín.

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