El Tribunal de Cuentas insta a ampliar el fondo público de alimentos para niños: deniega el 70% de las solicitudes
El Tribunal de Cuentas tacha de “insuficiente” el Fondo de Garantía de Alimentos (FGA), creado en 2008 para garantizar el abono de pensiones de alimentos impagadas por los progenitores a sus hijos menores de edad.
En 2022, este fondo ejecutó 1,4 millones de los 1,8 millones presupuestados, tras denegar casi el 70% de las solicitudes. El organismo fiscalizador insta a ampliarlo, ante lo que considera que son criterios de acceso demasiado restrictivos, así como una cobertura escasa a los niños beneficiarios.
El Fondo de Garantía de Alimentos paga un anticipo a los menores de las cantidades adeudadas por parte de sus progenitores, que siguen teniendo la obligación de pagar esta cantidad, que les exige Hacienda. La cobertura del fondo, a petición de la familia, es de 100 euros al mes por menor por un período de duración máxima de 18 meses.
El Tribunal de Cuentas considera que el fondo es una política pública “necesaria” y “positiva”, pero a día de hoy “insuficiente”, según recoge en su informe evaluador publicado hace unos días. La gestión de este instrumento, que corre a cargo de la Secretaría General de Clases Pasivas –dentro del Ministerio de la Seguridad Social– está bien calificada por el organismo, que señala que los problemas están en el diseño del propio fondo.
El Gobierno de coalición se comprometió en la pasada legislatura a “mejorar” la cobertura y dotación económica del FGA. Primero lo hizo en la llamada Ley del 'solo sí es sí' y después incluyó la medida en la Ley de Familias, pero decayó su tramitación con el adelanto electoral.
Solicitudes denegadas a familias pobres
El informe del Tribunal de Cuentas hace un repaso al funcionamiento del fondo en 2022, que da cuenta de algunas de sus limitaciones. En ese año, se tramitaron 1.748 solicitudes de las que solo resultaron positivas 554. Es decir, que el porcentaje de negativas alcanzó el 68%.
Como resultado, del presupuesto de 1,8 millones de euros asignado al FGA en 2022, solo se pagó en anticipos algo menos de 1,4 millones, lo que deja sin ejecutar 402.170 euros, un cuarto de la partida asignada.
“Cabe mencionarse que se mantiene un porcentaje muy alto de denegaciones de anticipos”, alerta el organismo. Aunque el dato de 2022 es el más alto de la serie histórica desde 2008, “en ningún año ha bajado del 44%”.
El principal motivo de la denegación es el desistimiento de la familia solicitante, al no presentar información o documentación requerida por la Administración para subsanar el expediente. El siguiente: sobrepasar el umbral de ingresos familiares máximos. Ambos criterios explican más del 80% del total de rechazos en 2022.
Las elevadas denegaciones y los escasos recursos presentados contra esa decisión muestran que los rechazos no se deben “a una mala praxis, sino a la existencia de una realidad social a la que no alcanza a dar solución la actual regulación del Fondo”, considera el Tribunal de Cuentas.
El informe responsabiliza sobre todo a las “exigencias económicas” para acceder al fondo, “que limitan el acceso a familias con ingresos significativamente inferiores al umbral de la pobreza”.
“Dicho de otro modo, existen familias con ingresos considerados de pobreza sin la oportunidad de poder acceder al FGPA”, subraya el tribunal. Por ello, insta a elevar los umbrales de ingresos máximos para que puedan acceder más familias a la ayuda.
El impago de las pensiones alimenticias, en la mayoría responsabilidad de padres, supone “el agravamiento de las dificultades económicas que en general sufren las familias monomarentales”, que ya sufren altísimos niveles de pobreza y exclusión en España, recuerda el tribunal.
Con datos de 2021, la tasa de riesgo de pobreza y/o exclusión social alcanzaba a más de la mitad de los hogares integrados por una persona adulta con descendientes dependientes (54,6%), “mientras que para el total de hogares la tasa era del 27,6%”, recuerda el informe.
El fondo tiene por un lado el objetivo de garantizar los derechos de estos niños, pero también de evitar la “violencia económica” que ejercen algunos hombres sobre las mujeres al privar a los hijos de estos recursos económicos para su manutención. El FGA tiene un gran impacto de género. El 96% de las solicitudes en 2022 fueron presentadas por mujeres (un 97% del total en la serie histórica desde 2008).
Recomienda también aumentar las ayudas
El Tribunal de Cuentas no solo considera “insuficiente” el FGA por sus restrictivos criterios de acceso, sino también por la propia protección que brinda a los menores que sí son beneficiarios de la ayuda. El informe señala dos cuestiones, “la escasa cuantía y duración de las garantías”.
La cuantía máxima de 100 euros “está por debajo de las pensiones de alimentos habituales, de entre 150 y 200 euros al mes”, indica el organismo. Además, señala que solo para alcanzar el valor adquisitivo de 100 euros de diciembre de 2007 debería haberse aumentado la asignación a unos 130 euros en 2022.
El Tribunal de Cuentas reclama así aumentar las cuantías máximas de los anticipos y que “se regule su actualización”. También que se “prolongue la protección en caso de mantenerse la situación de impago, hasta la mayoría de edad del beneficiario o su independencia económica”.
El máximo de cobertura de 18 meses se considera muy limitado. La edad media de los beneficiarios del fondo está alrededor de los 10 años, por lo que “en promedio, y si se reconoce el derecho al anticipo por el periodo máximo de 18 meses, el beneficiario agotará su derecho a la cobertura con 12 años, aún lejos de la mayoría de edad”, recoge el análisis.
Entre las mejoras más demandadas, el organismo también recomienda que “se acceda a la ayuda con un título ejecutivo de la pensión de alimentos, sin necesidad de realizar previamente un intento de ejecución judicial”. De cara a los impagos de los progenitores, plantea que “se imponga un recargo al deudor sobre las cantidades impagadas” y que se le inscriba en “registros de morosos”.
Como punto de partida, el Tribunal de Cuentas reclama además “impulsar el seguimiento estadístico del impago de las pensiones de alimentos”, para poder adecuar el diseño del futuro fondo y sus necesidades presupuestarias a la magnitud del problema.
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