Uno de cada cinco menores de 18 años sufre abusos o maltrato
Uno de cada cinco. Esa es la proporción de menores que sufren abusos y maltrato de algún tipo en todo el mundo, según las cifras calculadas en los últimos años por los informes de las cuatro principales instituciones internacionales que analizan el problema regularmente: Consejo de Europa, Unicef, Organización Mundial de la Salud y Organización Internacional del Trabajo.
En España, el estudio “Los costes de la violencia contra la infancia: impacto económico y social” incluye datos espeluznantes: con cifras fidedignas de 2015, se sabe que ese año se registraron 3.919 denuncias de violencia sexual contra menores, pero de la investigación se puede inducir que en realidad los casos reales de abuso o maltrato, aún sin denuncia, alcanzarían los 97.000 al año; es decir, la quinta parte de los menores de 18 años.
Este estudio ha sido promovido por la Cátedra Santander de los Derechos del Niño, impulsada por la Universidad Pontificia Comillas y el Banco Santander, que lleva desde 2008, más de una década, siendo punta de lanza a favor de la protección de la infancia en el ámbito legal.
Los objetivos fundamentales de la Cátedra son promocionar la investigación normativa, estudiar la jurisprudencia y profundizar sobre las amenazas y agresiones que sufren niños y niñas en España y el resto del mundo, para poder proponer en consecuencia reformas legislativas y formar en la sociedad un juicio crítico. De hecho, el 28 de diciembre pasado, el Gobierno aprobó el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y Adolescencia frente a la Violencia, un texto legal para cuya elaboración se contó con el conocimiento y colaboración activa de cuatro profesoras de la Cátedra Santander (Clara Martínez, Myriam Cabrera, Sara Díez y Marta Gisbert) y expertos de Save the Children y Unicef.
La Cátedra Santander llevaba trabajando desde 2015 en el “esqueleto” de la nueva Ley, cuando publicó un documento con las bases para una estrategia contra la violencia sobre los niños siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa y del Comité de Derechos del Niño.
Durante el fallido debate de investidura del pasado julio, el presidente en funciones, Pedro Sánchez, aseguró que en la próxima legislatura se aprobará está ley, “que contará con el aplauso unánime de toda la Cámara”.
La Cátedra Santander está dirigida por Clara Martínez García, profesora propia agregada de la Facultad de Derecho de Comillas, en el departamento de Derecho Público. Los miembros de la cátedra son catorce mujeres y seis hombres, todos ellos juristas especializados en diferentes áreas del Derecho, tanto profesores universitarios como investigadores. El consejo asesor está formado por otros cinco juristas, tres mujeres y dos hombres.
Según Clara Martínez, “la violencia contra la infancia puede ser causante de deterioro en el desarrollo psicológico y emocional, causante a su vez de dificultades sociales y cognitivas y con repercusiones irreparables en la vida de las personas”. La nueva ley “supone la creación de toda una estructura de prevención penal y procesal bastante novedosa para luchar de manera integral contra la violencia sobre los menores”.
El informe sobre los costes de la violencia contra la infancia, elaborado por elaborado por los investigadores de la cátedra María Eugenia Fabra, Raquel Redondo, Adam Dubin, Clara Martínez y Kepa Paul Larrañaga, y editado por EDUCO (una ONG global de cooperación y acción humanitaria a favor de la infancia en todo el mundo) y la Universidad Pontificia Comillas, desglosa las consecuencias de la violencia y sus costes asociados, según afecta a la salud física, psicológica y en el comportamiento de los menores, con un impacto muy negativo en el rendimiento y abandono escolar, el abuso de sustancias y en embarazos no deseados. También explica otras sus consecuencias sociales como el desarraigo y el comportamiento delictivo. Todas estas situaciones, al margen de ser nocivas por sí mismas, desencadenan una serie de costes añadidos al Estado, como el incremento del gasto público sanitario, educativo y social.
Como ejemplo, y teniendo en cuenta la insuficiencia de datos que aseguran haberse encontrado los expertos y la gran magnitud de casos no denunciados, el informe hace un análisis exhaustivo y traduce los 3.919 casos mencionados de violencia denunciada sólo de tipo sexual en un coste de 979 millones de euros, incluyendo los gastos sanitarios, educativos, judiciales y de servicios o prestaciones sociales que posteriormente necesitan los menores.
Los investigadores de la Cátedra resaltan también que este dato “solo es el coste de la violencia sexual, no de toda la violencia contra la infancia, y solo es el coste de lo que es medible”. El informe urge a todas las administraciones públicas competentes a realizar “un mayor esfuerzo para obtener más datos, desglosados y comparables” y resalta “la falta de coordinación y armonización de criterios entre los actores implicados en la protección de la infancia”.
