El nuevo convenio del campo marcará las condiciones de 65.000 jornaleros tras año y medio de bloqueo

El entendimiento ha llegado tras más de un año y medio de bloqueo. La patronal y los sindicatos han suscrito el preacuerdo para el convenio que marcará las condiciones laborales de 65.0000 jornaleros y unos 8.000 empresarios.

Hasta ahora seguía vigente el convenio de 2018, tras varias prórrogas. No se trata de un tema baladí, si se tiene en cuenta que es el segundo convenio más importante de la región, que afecta a más empleados tras el de la Administración de la Junta.

Las organizaciones agrarias UPA, APAG Extremadura ASAJA y COAG y los sindicatos CCOO y UGT de Extremadura han llegado a un principio de acuerdo para cerrar el convenio del campo de este año. Ha sido firmado por todas las OPAS excepto por Asaja Cáceres.

Ambas partes retomaron este miércoles las negociaciones, tras el ‘parón’ provocado por la pandemia, con la intención de cerrarlo. Se despejan las incertidumbres en un momento clave, cuando miles de temporeros se incorporan a las campañas del verano.

Largas desavenencias

El pacto resuelve los temas en los que había diferencias entre las partes, como la regulación de la jornada laboral, la flexibilización de la jornada y el registro horarios.

Incluye el valor de las horas extras de trabajo, con un incremento del 20 por ciento respecto a las convencionales. Se suma una tarjeta profesional agraria, que contempla una formación previa con la que evitar el aumento de accidentes que se han producido en el campo.

A falta de un nuevo convenio, en el campo se ha estado aplicando este año el nuevo SMI de 950 euros marcado desde el 1 de enero por el Gobierno. Eso sí, se pagaba en función de la jornada que marcaba hasta ahora (seis horas y media por día).

La patronal había propuesto respetar el Salario Mínimo Interprofesional, de 48,90 euros diarios, aunque con el aumento de las horas en el tajo. Finalmente el nuevo convenio incorpora en sus tablas la actualización del SMI con las mismas horas que estaban marcadas hasta ahora, tal como solicitaban las organizaciones sindicales. A cambio éstas han aceptado el 30 por ciento del incremento de salario que ya se había producido, no más.

La firma, el 17 de junio

En los próximos días se redactará el acuerdo de manera detallada y se procederá a firmar formalmente el día 17 de junio en Mérida con la presencia de los máximos responsables de todas las organizaciones involucradas, explica todas las organizaciones de forma conjunta.

Desde UGT Extremadura Miguel Talaver señala que las negociaciones no han sido fáciles, aunque había que alcanzar un entendimiento por ‘justicia social’. “La gente cobrará en el campo el salario mínimo que cobra cualquier trabajador”. “Era una cuestión de justicia social que los trabajadores y las empresas sepan cómo se tienen que regular”, ha dicho.

“Estábamos obligados a entendernos. Sabemos que el problema del campo no es sólo queda aquí, debemos de seguir reuniéndonos”, ha señalado en relación a los aranceles, el desafío del Brexit o la PAC. También le preocupa que la gente joven no acude al campo, en parte por lo poco atractivo que es el campo, según ha dicho. Por ello reclama un convenio estatal, que sea moderno y ajustado a la realidad.

Juan Metidieri, presidente de Apag Extremadura Asaja, ha valorado que es un entendimiento necesario para un momento de crisis como el actual. “Queremos que no exista ningún tipo de discordia para poder afrontar las campañas de forma adecuada y que todo fluya para salir de la actual situación de la mejor forma posible”, ha señalado a Canal Extremadura Radio.

“Se garantiza la paz social”

Gracias a este acuerdo se garantiza la paz social en el sector agroalimentario extremeño y se consolida su proceso de modernización, valora CCOO en una nota de prensa.

El sindicato valora el ‘compromiso y responsabilidad’ de ambas partes para que la negociación llegue a buen puerto. “Es una buena noticia, tanto la para el sector agroalimentario como para la economía regional en su conjunto, y más en estos momentos tras la crisis sanitaria”.

Hay que recordar que patronal y las organizaciones agrarias “ya actuaron con la misma responsabilidad sobre este convenio cuando decidieron en diciembre la prorroga en la vigencia del anterior texto”, añade Comisiones Obreras.

Aquella prorroga se decidió ante las dificultades que surgieron en la negociación de un nuevo convenio al desconocer por entonces cuál iba a ser la cuantía en la que el Gobierno iba a fijar el SMI, pero se prefirió prolongar la vigencia del anterior para que empresarios y trabajadores siguieran teniendo un marco de referencia en sus relaciones laborales.