El fin de la coartada de la infanta florero que ni sabe ni pregunta nada

“La justicia es igual para todos”, recuerda el juez José Castro en un auto que pasará a la historia. También lo hará el fiscal general del Estado, Eduardo Torres Dulce, aunque en un papel mucho más ingrato: por haber convertido a la Fiscalía Anticorrupción en el abogado defensor de la infanta Cristina, para vergüenza histórica de la justicia española.

Lo sucedido ayer no tiene precedentes por motivos varios. Es la primera vez que un familiar directo del rey se ve obligado a declarar como imputado en un juzgado y lo hará en un caso donde la corona tal vez no tenga responsabilidad penal, pero sí tiene responsabilidad política. Es una rareza también que para esta citación el juez –muy consciente de dónde se mete– se vea obligado a justificar sus razones con un extenso auto de 18 folios. Y es también una de esas extrañas ocasiones en las que la fiscalía se opone a una simple declaración, más cuando existen motivos más que sobrados para justificar una citación, que ya tardaba. Hay muy pocos precedentes, y el más cercano es cuando se opusieron a una imputación de un jefe policial por un caso de corrupción; así son las razones de Estado en España.

Entre las muchas cosas que los ciudadanos debemos agradecer al juez José Castro hay una virtud más: que es de los pocos jueces cuyos autos no están escritos en abogadés y son comprensibles para los simples mortales. Merece mucho la pena invertir un rato en leer esos folios, especialmente de la página 9 a la 15, donde Castro detalla los catorce indicios por los que ahora imputa a la infanta. En sus propias palabras, dejar “que la incógnita se perpetúe sería un cierre en falso en descrédito de la máxima de que la justicia es igual para todos”. No imputar a la infanta sería una “clara contradicción con la práctica cotidiana de los juzgados”. También con su propio proceder: la infanta era la única persona de la junta directiva del Instituto Nóos que aún no estaba imputada.

En los 14 indicios hay de todo. Pequeñas miserias, como que la infanta contrate para limpiar el palacete a “personas en situación irregular” a las que pagaba con dinero negro y que después acabaron contratadas por Aizoon SL, la empresa que los duques tenían a medias y con la que sacaban la pasta de Nóos hacia paraísos fiscales. Evidencias palmarias, como la sucesión de correos electrónicos, fechas y registros mercantiles que dejan claro que el instituto sinónimo de lucro se montó a conciencia, con premeditación y alevosía; que el duque creó el negociete porque su sueldo de 35 millones de pesetas al año le parecía poca cosa; que contó con la complicidad de su señora desde el primer día. Y también andanadas terribles contra la Casa Real y el propio rey de España, cuyas coartadas políticas quedan tocadas y hundidas.

“No se acaba de entender que S. M. El Rey no comentara con su hija las críticas o recomendaciones que había hecho llegar o proyectaba hacer a su marido”, dice el auto de Castro. Tampoco entiende el juez que algunos negocios de Nóos se cerraran en el Palacio de Marivent o incluso en el Palacio de la Zarzuela. Y no hay quien entienda esa coartada imposible que presenta a la primera mujer de la historia de la familia real española con título universitario como un ignorante florero que no se enteró de nada. Pase, y es mucho pasar, que Ana Mato no viese el Jaguar de su marido en el garaje. ¿Pero de verdad hay quien se crea que la infanta no sabía cómo se pagaba el palacete?

La respuesta de la Casa Real ha estado a la altura de la marca España. En un país donde el presidente del Gobierno es un ectoplasma al que se le conoce por esas orwellianas comparecencias por televisión ante la prensa, lo suyo habría sido otra entrevista sin preguntas de Jesús Hermida. Ni eso. La Casa Real respalda la respuesta cortesana de la fiscalía y manifiesta su “sorpresa” por la decisión del juez. Normal que se sorprendan. Será la falta de costumbre de ver que la justicia, en ocasiones, es igual para todos.