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Hacia una España decisiva en la política climática internacional

Por primera vez, el calentamiento global ya ha alcanzado 1ºC. Si queremos limitarlo a 1.5ºC como establece el  Acuerdo Climático de París, los/as expertos/as climáticos/as internacionales no dejan dudas: hay que actuar más rápido y con más ambición. No solo para evitar los costes de una catástrofe humanitaria inimaginable sino también para aprovechar la oportunidad social y económica que representa ir hacia un modelo limpio y responsable. Desde España, recojamos el guante lanzado por la comunidad científica y seamos líderes de esta transición justa y ecológica en Europa. El nivel de ambición de nuestro país puede ser realmente decisivo. Veamos por qué y cómo.

Lo primero de lo que nos alerta el comité de expertos/as en su informe es de los enormes impactos de un aumento de temperatura de más de 1,5ºC en términos de costes sociales, económicos y ecológicos. ¿Os imagináis una Andalucía sin olivos, una Rioja sin vino, una Valencia sin naranjas o un Euskadi sin playas? Con una temperatura media 2ºC más alta, esto deja de ser una hipótesis. Gran parte del sur de España se convertiría en un desierto de aquí a finales de este siglo, con sus incalculables consecuencias sobre el empleo, la economía y la cultura de los territorios afectados. Si no actuamos de forma rápida y eficaz, los migrantes climáticos de las próximas décadas en Europa serán trabajadores y ciudadanos del sur español.

Al mismo tiempo, los expertos nos mandan una buena noticia: todavía estamos a tiempo de cumplir con el Acuerdo de París. Y sobre todo, conseguirlo abriría nuevas oportunidades sociales y económicas inauditas. Además de reducir las olas de calor y proteger la biodiversidad que sustenta nuestra supervivencia, ahorraríamos 26 billones de euros, crearíamos 18 millones de puestos de trabajo netos en sectores sostenibles y evitaríamos 150 millones de muertes en el mundo por contaminación atmosférica.

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¿Ha muerto realmente el TTIP?

Manifestación en contra del TTIP

Parecería, y así lo hemos creído durante meses, que la fuerte movilización ciudadana en Europa, así como la elección de Trump, habían enterrado definitivamente el proyecto del TTIP. Sin embargo, nos empiezan a llegar tímidas pero cada vez más notorias señales de que alguna cosa en este ámbito se está moviendo a un lado y otro del Atlántico.

Sin querer ser alarmistas, deberíamos prestar más atención a lo que está ocurriendo en los grupos de trabajo ejecutivos creados por Juncker y Trump a raíz de su reunión del pasado 25 de julio para resolver cuestiones comerciales transatlánticas. La declaración conjunta de esa cumbre indicaba dentro de su vaguedad que todavía no se había decidido nada y que el "Grupo de Trabajo Ejecutivo" no era más que un espacio donde no se iban a tomar decisiones relevantes, sino simplemente ir explorando posibles campos de colaboración futuras. 

Sin embargo, hace unos días se celebró una reunión entre la negociadora jefa de la UE, Malmström, y el negociador jefe de Estados Unidos, Lighthizer, a raíz de la cual podemos ver cómo está surgiendo un enfoque común entre la UE y EEUU: la UE podría ofrecer cierta flexibilidad en materia de regulación a cambio de que Estados Unidos retire los aranceles sobre el acero y ponga fin a la progresividad arancelaria.

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El futuro de Europa será negro o verde

El futuro era esto. La revolución tecnológica y digital ha traído un mundo extremadamente interconectado, abriendo oportunidades democráticas y retos económicos hasta ahora impensables. Al extenderse la globalización, las interdependencias y nuevas formas de gobernanza transnacional, la idea de Estado-nación está dejando paso a nuevas formas de entender los derechos civiles, la participación política y el sentimiento de pertenencia a una comunidad. La acumulación de la riqueza en pocas manos se ha intensificado y el poder de algunas corporaciones multinacionales ha alcanzado niveles obscenos. Por su parte, el modelo de desarrollo basado en la industrialización, el crecimiento infinito y el consumismo desenfrenado ha tocado techo a medida que las reservas fósiles en las que se cimentaba se comenzaron a agotar. El calentamiento global ya es una realidad a contener y, con él, la desestabilización climática y sus efectos en forma de desastres naturales,  migraciones masivas y pérdidas económicas. La contaminación del aire, el suelo y la pérdida de biodiversidad, así como la alimentación 'low cost', empiezan a tener impactos serios en nuestras ciudades y campos, en nuestra salud y en el bienestar animal. ¿Y ahora qué?

La magnitud y urgencia de estos retos globales exigen altas dosis de realismo, responsabilidad y visión política, desde el nivel local hasta el europeo. Las recetas de ayer son inútiles para seguir asegurando la prosperidad económica y la calidad de vida de las personas en el mundo de hoy y mañana. La ciudadanía está lista para un cambio de rumbo, pero hay una política fósil en Europa que se resiste, una opción inmovilista que cree que su modelo obsoleto solo necesita un cambio estético, un poco de simbolismo y una pincelada verde. Lo hemos visto en el gobierno de Emmanuel Macron. La reciente dimisión de su ministro de “Transición Ecológica”, Nicolás Hulot, demuestra que lobbies como las eléctricas, la agroindustria o la caza son quienes llevan las riendas del ejecutivo francés. Pero también en el Gobierno de España, mientras la transformación ecológica no sea asumida como prioritaria y transversal en todas las políticas, y mientras medidas simbólicas como la recepción del Aquarius tengan las devoluciones en caliente y los CIE como la otra cara de la misma moneda. ¿El resultado? La frustración: el combustible del populismo reaccionario.

Ante el agotamiento cada vez más patente de la política fósil e inmovilista, Europa se encuentra en una encrucijada para encontrar la salida. Tiene que escoger entre  la Europa xenófoba del “refugees go home” y la Europa acogedora del “refugees welcome”. Entre la Europa del sálvese quien pueda y la Europa que salva vidas.

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Frontex es la punta de lanza de las políticas de la Europa fortaleza

La  Europa Fortaleza, sus políticas, su progresiva militarización y fortalecimiento no son algo nuevo. Desde la izquierda y los movimientos sociales llevamos mucho tiempo denunciando el papel criminal de las políticas migratorias y de fronteras que impone la Unión Europea con un único objetivo: que entre el menor número posible de personas y que las que entren se encuentren en una situación de precariedad tal, que facilite su explotación. A pesar de que en 2017 las demandas de asilo se redujeron en un 47% respecto al año anterior, las instituciones comunitarias siguen empeñadas en generar una percepción de desborde que justifique sus decisiones. La imposición de estas medidas xenófobas ha llegado a tal punto, que incluso los escasos espacios que el entramado institucional comunitario reserva a la salvaguarda de los derechos de las personas están dando la voz de alarma ante unas políticas que matan.

El Foro Consultivo de la agencia Frontex es uno de esos espacios. Es un organismo que supervisa y hace recomendaciones a la propia Frontex, que se encarga del control fronterizo de la UE. Lo componen una multitud de instituciones y grupos, desde ONG hasta otras agencias u oficinas de la Unión, pasando por organizaciones supraestatales de diferente tipo. Por tanto, hablamos de un Foro en el que tienen presencia representantes de diferentes instituciones comunitarias y de organismos como la Organización Internacional de las Migraciones (OIM) que, entre otras cosas, gestiona los denominados “retornos voluntarios” desde Libia a diferentes países africanos y organiza deportaciones masivas a Afganistán.

No cabría esperar demasiado de las recomendaciones del Foro y, sin embargo, encontramos toda una serie de cuestiones fundamentales. Que incluso este tipo de actores estén criticando las actuaciones de Frontex no es sino una muestra del grado de agresividad sin precedentes de las políticas europeas, una agresividad que aumenta cada día.

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Es hora de actuar contra los paraísos fiscales en Europa #TimeForActionInEurope

Oficinas de Mossack Fonseca, el bufete de abogados relacionado con el escándalo de Los Papeles de Panamá

Los paraísos fiscales, la evasión y la elusión fiscal erosionan las sociedades del bienestar. Es hora de actuar y por ello hoy anunciamos desde Bruselas que las diferentes fuerzas aquí firmantes tomaremos en nuestros parlamentos nacionales iniciativas en la lucha contra las guaridas fiscales y trabajaremos para crear una lista negra de paraísos fiscales más solida y completa, acompañada de sanciones y leyes más consecuentes.

Un sistema impositivo justo es la base de todo sistema de bienestar. Si queremos tener profesorado en las escuelas, materiales y profesionales en nuestros hospitales públicos o recursos en cuidados y dependencia, los sistemas impositivos deben funcionar.

La realidad de que actualmente las corporaciones multinacionales puedan llevarse sus beneficios a paraísos fiscales y enfrentar a los Estados unos contra otros para obtener lucrativos acuerdos impositivos es un problema que socava nuestros sistemas tributarios y atenta contra la igualdad y la redistribución.

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¿Cuánto cuesta realmente una camiseta de 3 euros?

Un comercio durante las rebajas

Al pensar en la complejidad de la cadena de producción por la que pasa cada prenda hasta llegar a los escaparates, parece difícil creer que hoy compremos un 60% más de artículos que hace tan sólo 15 años. Este aumento del consumo tan solo puede explicarse por un descenso vertiginoso de los precios de las prendas, pero ¿son esos sus precios reales? y, si no lo son ¿quién está pagando el precio real de la ropa con que nos vestimos?

Hoy conmemoramos el aniversario de la catástrofe de Rana Plaza, en la que hace cinco años murieron 1134 personas en el derrumbe de un edificio de talleres textiles en Bangladesh. En la fábrica se producían prendas que serían más tarde vendidas por marcas internacionales en todo el mundo; entre ellas el Corte Inglés, Mango, o Inditex. El desastre supuso para muchos un despertar: sólo ajustando cada céntimo se consiguen los precios -y los beneficios- de una industria como la de la “fast fashion”; y ajustar cada céntimo es un eufemismo que enmascara más horas extra, aguantar unos meses más antes de cambiar una escalera de incendios oxidada, o ahorrar unos días en las jornadas de formación sobre el trabajo con productos químicos peligrosos.

En efecto, la industria textil es la segunda más contaminante del planeta tras la del petróleo y  la que mayor número de niños trabajadores explota. ¿Son todas las empresas de la industria textil culpables de ello? Evidentemente no, pero datos agregados tan escalofriantes no pueden esconder sino verdades incómodas. Y es la responsabilidad de los poderes públicos atajar un problema de cuya solución depende la vida de millones de personas y la confianza de los consumidores europeos que quieren poder comprar artículos con la tranquilidad de que ninguno de ellos ha sido cosido con trabajo esclavo o pagado con sangre.

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Gustavo Petro: la esperanza progresista para Colombia

El exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Las recientes elecciones al Senado y a la Cámara de Representantes han dejado un escenario político muy abierto en Colombia, con una situación cercana al empate entre las opciones reaccionarias —próximas o directamente vinculadas al paramilitarismo—, el histórico Partido Conservador, la extrema derecha uribista y el heterogéneo bloque progresista y de centro, defensor de los acuerdos de paz, que logra, pese a todo, una mayoría muy ajustada.

Sin embargo, Colombia, como la mayoría de los países americanos se caracteriza por un sistema político fuertemente presidencialista y serán, por lo tanto, las elecciones presidenciales de mayo las que decidan qué rumbo toma finalmente el país.

De cara a la mencionada elección presidencial, los sectores más progresistas de la sociedad colombiana tienen un candidato claro: Gustavo Petro, alcalde de Bogotá entre 2012 y 2015.

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Por una Política Comercial con cara de mujer

Activistas protestan contra la "codicia corporativa" ante la XI Conferencia de la OMC

Ha sido un orgullo ver a más de 5 millones y medio de personas manifestarse en todos los puntos de España el pasado 8 de marzo y llenar las portadas de la prensa internacional, por la gran movilización y el seguimiento conseguido en una huelga más que justificada. España ha sido referente, una vez más, por su profundo sentido de la justicia, la igualdad y la solidaridad.

Mujeres y hombres que reclaman políticas y voluntad para alcanzar la igualdad real. Pero ninguna política aislada puede cambiar que la pobreza y la vulnerabilidad tengan rostro de mujer y, mientras tanto, los datos confirman la tendencia creciente a la “feminización de la pobreza”. De hecho, se calcula que a día de hoy serían necesarios 52 años para alcanzar la paridad.

Las mujeres somos la mitad de la población pero representamos más del 70% de los mil millones de personas más pobres del mundo. Si nos fijamos en el sector agrícola, las mujeres representan el 43% de la fuerza de trabajo, pero sólo poseen el 1% de la propiedad de la tierra.

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Una oportunidad para México y Europa

Peña Nieto y Merkel durante una cumbre bilateral México-Alemania

Tengo la fortuna de mantener vínculos personales con México. Algunos amigos míos son de aquí, descendientes de aquellos refugiados republicanos españoles que, huyendo de la dictadura franquista, fueron recibidos con los brazos abiertos por el México de Lázaro Cárdenas. Pero, además, como eurodiputado miembro de la Comisión Parlamentaria Mixta Unión Europea-México, estoy especialmente preocupado por la situación de los derechos humanos, la violencia y la impunidad imperantes en el país. Esta situación lleva ya más años escalando que los que duró la dictadura argentina de Videla, y eso es inadmisible en la democracia mexicana. Hay un momento de agudización de la crisis, cuando el presidente Calderón declaró la guerra al narcotráfico en 2006. Numerosos estudios y las visitas del Alto Comisionado de Naciones Unidas o de los Relatores Especiales documentan esa creciente impunidad, la práctica de la tortura, las desapariciones forzadas e incluso ejecuciones extrajudiciales que han corroborado que la mala situación de la protección de los derechos humanos en México. En 2017 se alcanzó el récord de 25.339 asesinatos en el país, la cifra más alta de la que se tiene registro. También los niveles de impunidad son asombrosamente altos, ya que, según cifras oficiales y según el último informe del Alto Comisionado de Naciones Unidas, un 98% de los delitos quedan sin resolver.

Ahora bien, dadas las estrechas relaciones comerciales entre México y la Unión Europea (UE), los europeos tenemos que asumir nuestra parte de culpa, no sólo porque deberíamos promover y proteger los derechos humanos por todo el mundo, sino también porque también son algunas empresas transnacionales europeas las que vulneran los derechos humanos en México. El gobierno mexicano no tiene pues la responsabilidad exclusiva de respetarlos y hacerlos respetar en su territorio. En un mundo global como el actual, donde el comercio internacional aumenta cada año y donde el papel de las empresas transnacionales es cada vez más importante, la Unión Europea no puede presentarse en el conflicto como un ángel impoluto y vengador, sino que debe asumir su parte de responsabilidad. Se han documentado muchas violaciones de derechos humanos en México por parte de empresas transnacionales europeas, como el derecho de acceso al agua potable, los derechos de los indígenas o de los mismos defensores de derechos humanos, el derecho a la salud o los derechos laborales, que contravienen no sólo los principios de la Constitución Política mexicana sino también los de la UE.

Porque la Unión Europea (UE) establece como uno de sus valores fundamentales la protección y promoción de los derechos humanos, tanto entre sus Estados Miembros como en sus relaciones con terceros países. Justamente ahora, con el proyecto de renovación y modernización del Acuerdo Global entre la UE y México que fue aprobado en 1997 y entró en vigor en 2000, tenemos una oportunidad de oro para acabar con los desequilibrios existentes en la implementación del Acuerdo entre intereses comerciales y económicos, y el respeto por los derechos humanos. Por ello, también es necesario que el mandato que iniciaron Naciones Unidas en 2014 culmine en un Tratado Vinculante sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos. 

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El pueblo saharaui tiene la ley de su parte (II)

La CE propone medidas para mejorar la supervisión de la pesca en aguas internacionales

El 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea falló que el acuerdo agrícola entre la UE y Marruecos no se podía aplicar al territorio del Sáhara occidental, por ser “un territorio distinto y separado” de Marruecos. El pasado 27 de febrero, el Tribunal de Justicia de la UE ha vuelto a respaldar jurídicamente al pueblo saharaui: el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos no se puede aplicar al Sáhara occidental. Constituiría una violación del derecho internacional.

Teniendo en cuenta que el 91,5% de las capturas realizadas a través del acuerdo de pesca se realizan en aguas saharauis, tanto las instituciones europeas como los Estados miembros se encuentran en un vacío legal. Y sobre todo esta decisión afecta directamente a los pescadores europeos, quienes desde el martes se encuentran faenando ilegalmente y con una total incertidumbre jurídica en las aguas saharauis. 

La UE tiene el deber de responder ante la sociedad europea y la industria pesquera por esta estafa económica y legal. La ciudadanía ha sido engañada y manipulada ante una actividad realizada con fondos públicos europeos (la inversión comunitaria asciende a 21 millones de €) a sabiendas de que dichas actividades en el Sáhara Occidental eran ilegales. Hoy en día, la Unión Europea es el principal socio comercial de Marruecos, una actividad comercial manchada por productos provenientes de un territorio, el cual, a día de hoy, no ha conseguido un estatuto de autodeterminación reconocido por la ONU, por culpa del bloqueo de países como Francia y España. 

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