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Fiscalidad justa en la globalización

Sede del Banco Central Europeo (BCE) en Fráncfort.

El problema de la elusión y la evasión fiscal ha adquirido, con la globalización y la digitalización, un carácter sistémico. Así lo prueban los continuos escándalos fiscales del LuxLeaks, los Papeles de Panamá o, recientemente, el asunto CumEX.

El Parlamento Europeo ha contribuido sustancialmente a este debate creando varias comisiones especiales sobre fiscalidad. No en vano la magnitud de la cuestión amenaza la sostenibilidad del Estado de bienestar y el contrato social entre ciudadanos y Estados. Estos, por sí solos, ya no siempre son capaces de hacer pagar lo que les corresponde a las grandes empresas. La dimensión global de éstas contrasta con el carácter nacional de las leyes tributarias, lo que está siendo explotado por no pocas multinacionales para reducir drásticamente sus impuestos (elusión fiscal) y por múltiples estructuras financieras para no pagar impuestos (evasión fiscal).

En Europa, los escándalos fiscales han producido una verdadera alarma social en el contexto de la crisis económica pasada. Veamos cuáles son los caminos de reparación que se están discutiendo y poniendo en marcha.

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Sí a los derechos de los creadores

Imagen de archivo de algunos de los logos de las principales empresas tecnológicas.

Ríos de tinta se han escrito en los últimos tiempos sobre la reforma de los derechos de autor a nivel europeo. Ríos que, lejos de arrojar luz sobre las discusiones en torno a la nueva directiva, han servido para inundar de falsedades el necesario debate sobre una cuestión de extrema importancia, habida cuenta del impacto que para la propia salud de una democracia tiene que sus voces más libres, sus creadores, reciban una remuneración justa por las obras que crean.

Con el voto en pleno de esta semana sobre el acuerdo alcanzado el pasado 26 de febrero se pone punto final a unas negociaciones que se han alargado más de dos años (la propuesta data de septiembre de 2016) y que han estado rodeadas de polémicas dirigidas con poca finura y mucho argumento grueso. Como, por lo demás, suele ser habitual cuando se trata de regular la economía digital.

Lo cierto es que cada vez que tratan de tomarse medidas para corregir los excesos de la economía digital aparecen los heraldos del apocalipsis de turno advirtiendo del fin de Internet como la habíamos conocido. Y siempre es falso.

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Directiva de protección para los denunciantes: ¡un gran avance en defensa de la verdad!

Manifestación a favor de Edward Snowden

La semana pasada finalizaron las negociaciones en torno a la propuesta de Directiva de la UE sobre la protección de los denunciantes, después de años de esfuerzo y de pelea de muchos ciudadanos y ciudadanas que decidieron dar un paso adelante en favor de la verdad, jugándose su reputación, carrera profesional y arriesgándose a consecuencias penales. 

Esta directiva tiene como objetivo ofrecer protección y garantías legales a aquellas personas que quieran denunciar cualquier conducta ilegal, abuso o malas prácticas que se den en su lugar de trabajo. Una vez en vigor, introducirá sanciones para quienes intenten tomar represalias en contra de los denunciantes, y eximirá a quienes informen de las infracciones de la legislación de la UE de toda responsabilidad civil o penal relacionada con la divulgación de información en aras del interés público. 

Los gobiernos de la UE y los diputados al Parlamento Europeo deberán ahora dar el visto bueno al acuerdo en las próximas semanas. Se prevé la votación en el pleno del Parlamento Europeo se en el último pleno de abril. 

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La respuesta verde a la juventud por el clima

Marcha del 15M verde en Madrid

La juventud por el clima tiene razón: esto es una emergencia climática. Según los científicos internacionales nos quedan 11 años para introducir cambios drásticos y sin precedentes en nuestro sistema social y económico antes de llegar al punto de no retorno. El cambio climático es el mayor reto del siglo XXI. Como dice Naomi Klein, lo cambia todo. Ante ello, solo puede haber una respuesta por parte de las instituciones: acción política urgente para cumplir con el Acuerdo Climático de París y evitar un aumento de las temperaturas de más de 1.5ºC. 

Empecemos por declarar el estado de emergencia climática. Todas las instituciones y actores políticos, económicos y sociales deben implicarse urgente y colectivamente para abordar esta crisis climática. A continuación, es imperioso aprobar una Ley de Cambio Climático, tanto a nivel español como europeo, que establezca la vía para reducir más de un 55% nuestras emisiones de CO2 antes de 2030 como propone el Parlamento Europeo y acciones concretas en tres sectores fundamentales: la energía, el transporte y la agricultura. 

Primero necesitamos una transición energética rápida y potente. Además de una reducción sustancial de la demanda energética final, se traduce por el cierre de las centrales de carbón y nucleares para 2025 en España, el fin de las subvenciones a las energías sucias fósiles y un sistema eléctrico 100% renovable en 2030. Esto es un primer paso fundamental para alcanzar emisiones netas cero en 2040. 

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Listas negras y tasa google: los países de la Unión le pegan un tiro en el pie al proyecto europeo

Edificio Berlaymont, Sede de la Comisión Europea, Bruselas.

En dos semanas los países de la Unión han sumado decepción a la decepción y le han echado una mano impagable a la extrema derecha antieuropea. Como diría aquel: con amigos así, ¿para qué necesitamos enemigos?

En estos días se conoció que el Consejo había rechazado la lista de la Comisión Europea sobre terceros países de riesgo en la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo. Esa lista, realizada según una nueva metodología basada en expertos independientes, había colocado en su lugar a Arabia Saudí: en la lista negra de países. Es decir, se trata de un estado que no controla suficientemente la financiación del terrorismo o el lavado de dinero. Nada que no se sepa, pero por primera vez la Unión, a través de la Comisión Europea, reflejaba esta evidencia de una manera clara.

La inclusión en esa lista negra no es que reporte severas restricciones económicas o sanciones de algún tipo. Se trata, más bien, de una condena moral que afecta a la reputación del país y que limita su capacidad de acción, puesto que exige a los bancos europeos que negocien con entidades saudíes, determinado tipo de controles.

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Cinco buenas reformas a la iniciativa ciudadana europea

La Iniciativa Ciudadana Europea (ICE), una de las principales innovaciones del Tratado de Lisboa, fue creada para incrementar el debate y la participación ciudadana en la vida democrática de la Unión. Siete años después de su entrada en vigor en 2012, la evaluación de esta importante herramienta política es decepcionante pese a la ilusión que desató la posibilidad de que los ciudadanos y ciudadanas, un millón en concreto pertenecientes a siete países como mínimo, pudieran pedir a la Comisión Europea que presentase propuestas legislativas en cualquier campo donde tiene competencias para proponer legislación (por ejemplo, medio ambiente, agricultura, transportes, salud pública energía, transporte o comercio, ...). 

Desde su entrada en vigor, se han reunido nueve millones de declaraciones de apoyo de ciudadanos de toda la Unión Europea entre las más de setenta iniciativas que se han dirigido a la Comisión Europea. Sin embargo, las dificultades ligadas a los procedimientos existentes han provocado que sólo hayan prosperado cuatro iniciativas: "Right2Water" (perseguía una legislación que consagre el derecho humano al agua y fomente el suministro de agua y saneamiento como servicio público esencial), "Uno de nosotros" (abogaba por poner fin a la financiación de actividades que suponen la destrucción de embriones humanos, en particular en los ámbitos de la investigación, la ayuda al desarrollo y la salud pública), "Stop Vivisection"  (urgía a la Comisión a derogar la Directiva 2010/63/UE relativa a la protección de los animales utilizados para fines científicos y presentar una nueva propuesta que ponga fin a la experimentación con animales) y "Prohibición del Glifosato" (pedía la prohibición del glifosato y protección de las personas y del medio ambiente frente a los pesticidas tóxicos). 

Tan escasos resultados generaron un amplio debate sobre la eficacia de la norma. Por ello, el Parlamento Europeo junto con las organizaciones de la sociedad civil y los organizadores de ICE han solicitado reiteradamente que se revisase el Reglamento que regula la ICE. Finalmente, y con objeto de subsanar las deficiencias observadas en los últimos años y lograr que la ICE sea más accesible y más fácil de utilizar para quienes la organicen o apoyen, la Comisión presentó en septiembre de 2017 una propuesta de revisión. 

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Fake news: ¿Elecciones europeas en riesgo?

Las fake news se propagan también a través de aplicaciones de mensajería

Las elecciones americanas primero y la campaña del Brexit después fueron un coladero de fake news elaboradas intencionadamente y teledirigidas, a través de algoritmos, para inclinar el resultado final hacia una determinada opción preestablecida. No podemos decir que el resultado no fuera democrático, no hubo alteraciones en los resultados con respecto a lo que la ciudadanía introdujo horas antes en las urnas, pero sí podemos hablar de una gran estafa electoral provocada por quienes riegan de desinformación las campañas electorales.

Con estos antecedentes y a tres meses de las elecciones europeas, Bruselas está inquieta. En la capital comunitaria, se sabe que estas elecciones -de por sí dadas a castigar a los partidos tradicionales y a apostar por todo tipo de formaciones electorales- generan el caldo de cultivo idóneo para convertirse en el gran tablero de noticias falsas con fines electorales.

¿Hay alguna razón para pensar que, en el reequilibrio del orden mundial que estamos viviendo, no haya agentes externos a la Unión Europea interesados en debilitarla, en introducir caballos de Troya en sus instituciones y en quitarle influencia como contrapeso? Rotundamente, no; no hay razones para estar tranquilos. El peligro de que fuera de las fronteras europeas se esté preparando el cómo provocar el mayor fraude electoral jamás producido, es real.

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No seremos cómplices de la ocupación ilegal del Sáhara Occidental

Embarcación pesquera en una imagen de archivo.

Las relaciones con Marruecos son estratégicas para España y para la Unión Europea. Pero estas relaciones no pueden ser a cualquier precio y sacrificar el Estado de derecho y el derecho internacional ante los intereses económicos y diplomáticos. Es sin embargo lo que hacen los Reyes, el Gobierno español, la Comisión Europea, el PP, PSOE y Ciudadanos. Cuando se trata de Marruecos, el respeto del derecho pasa a ser secundario.

De hecho, la visita de los reyes de España a Marruecos ha coincidido con la votación en el Parlamento Europeo del Acuerdo de pesca entre la UE y Marruecos, que se suma al ya aprobado en enero de Asociación y que permite la entrada de productos agrícolas. Este es un buen momento para recordar el artículo 3.5 del Tratado de la Unión Europea, en el que queda claro que la acción exterior de la UE ha de estar guiada por el Derecho Internacional y los principios de la Carta de Naciones Unidas. Es exactamente lo que advertí en el momento de la votación a mis compañeras y compañeros en la eurocámara: los eurodiputados no estamos por encima de la ley. Y esa ley en este caso es un principio básico del derecho internacional y recordado dos veces por el Tribunal de Justicia Europeo (véase aquí y aquí): no se pueden aplicar acuerdos internacionales a un territorio sin su consentimiento.

Sin embargo, una vez más, una mayoría de eurodiputados, entre los que se encontraban los del PP, PSOE y C’s, decidieron que pesan más en la balanza los intereses económicos y diplomáticos que el derecho internacional y europeo. ¿Cómo, si no, se puede entender que los partidos tradicionales y sus representantes desoigan las advertencias de organizaciones tan prestigiosas como Human Rights Watch y avalen la explotación ilegal del Sáhara Occidental por parte de Marruecos? ¿Cómo, si no, se puede entender que desoigan otra organización de renombre como Freedom House que nos dice que el Sahara Occidental es uno de los territorios con menos libertad en el mundo, incluso por detrás de Arabia Saudí?

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La llave del cambio es verde y no es Vox

Manifestación ecologista en Bruselas, en diciembre de 2018, exigiendo acciones contra el cambio climático

Lo hemos oído una y mil veces: “el espacio del cambio”, “las ciudades del cambio” e incluso “el año del cambio”. Parecía claro a qué nos referíamos, pero ahora nos encontramos con Vox defendiendo el “cambio” y, para más inri, en verde.

El cambio puede tener significados muy dispares y se asocia a fuerzas políticas y sociales diferentes dependiendo del momento y el lugar. En España, desde aquel 15 de mayo histórico, millones de voces anónimas conseguimos que “el cambio” significara la esperanza compartida de dejar atrás una época oscura de estafa económica, corrupción estructural y baja calidad democrática. Ese “cambio” comenzó a tomar forma reconfigurando el tablero político surgido de la Transición y llegando a las alcaldías de las mayores ciudades de España. Pero, sobre todo, puso en la agenda nuevas políticas a favor de las personas basadas principalmente en dos grandes pilares: la regeneración democrática y los derechos sociales.

Por su parte, en países como Alemania, Holanda, Bélgica o Luxemburgo, son los partidos verdes quienes están sabiendo liderar las esperanzas de cambio político, social y económico. Ponen en el centro una nueva forma de hacer política y democracia, al tiempo que combinan la justicia social con la necesaria transición ecológica. A medida que la ecología se ha hecho más importante para la salud, la solidaridad y el empleo, los partidos tradicionales no han podido competir ante la coherencia y liderazgo de los verdes en esta cuestión.

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Pongamos fin a las 'golden visa'

El Gobierno del PP aprobó la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización. Entre otras cosas, esta ley regula, en su Sección 2. ª –«Movilidad internacional»– “determinados supuestos en los que, por razones de interés económico, se facilita y agiliza la concesión de visados y autorizaciones de residencia, al objeto de atraer inversión y talento a España”. Una medida dirigida a “inversores, emprendedores, trabajadores que efectúen movimientos intraempresariales, profesionales altamente cualificados e investigadores, así como a los cónyuges e hijos mayores, a través de un procedimiento ágil y rápido”.

Dichos visados y autorizaciones de residencia son las llamadas 'golden visa' (visados de oro), término que se utiliza para denominar aquellas políticas específicas desarrolladas por países que buscan atraer a personas ricas, nacionales de terceros países, para que se conviertan en residentes o ciudadanos.

Tales políticas comenzaron a hacerse habituales en varios países de la UE que buscaban atraer inversión extranjera tratando de paliar los duros efectos de la crisis económica y financiera, a los cuales, como decíamos, no fue ajena España. Así, en la actualidad 13 Estados miembros de la UE aplican normas por las que se intercambian ciudadanía o derechos de residencia a cambio de inversiones.

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