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Viento del Norte es el contenedor de opinión de elDiario.es/Euskadi. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.

95 años de la proclamación de la II República: verdad frente a los bulos

Placa conmemorativa de la II República en el Ayuntamiento de Eibar

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Este 14 de abril de 2026, 13 en el caso de Eibar, se celebra el 95 aniversario de la proclamación de la Segunda República Española. Todo el periodo histórico que representó esta segunda andadura republicana sigue siendo objeto de una intensa batalla de relatos. 

A menudo, la historia se ve oscurecida por bulos que buscan presentar este periodo únicamente como un prólogo inevitable de la Guerra Civil. Sin embargo, los datos y el contexto europeo nos devuelven una imagen muy distinta: la de un esfuerzo democrático por la modernización en un continente que se desmoronaba.

En primer lugar, el mito del caos excepcional.

Existe la idea de que, desde su nacimiento, la República fue un incendio constante de iglesias y asesinatos. Si bien hubo episodios de violencia, la República disfrutó de periodos de notable estabilidad legislativa. Durante el Bienio Reformista (1931-1933), se aprobaron leyes de vanguardia como el voto femenino, el divorcio y la educación laica, demostrando una voluntad de modernización institucional y no de caos.

Mientras España intentaba consolidar su democracia en Alemania y Austria, en los años 20 y 30, los choques entre milicias de partidos dejaron cientos de muertos en las calles de Berlín y Viena. Muy cerca, en Francia, hubo un intento de golpe de estado de extrema derecha en febrero de 1934 que derivó en un intento de asalto de la Asamblea Nacional y una polarización extrema en la vida política francesa. 

Es fundamental entender que la conflictividad social española no era un rasgo “genético” español, sino un fenómeno europeo con muchos factores y en los que influyeron en gran medida el miedo de la burguesía y grandes propietarios a la revolución (1917) además de la Crisis del 29 que agudizó los nacionalismos y los movimientos de extrema derecha. 

En segundo lugar, una supuesta “planificación” del exterminio religioso.

Uno de los bulos más dañinos afirma que el Gobierno diseñó un plan sistemático para eliminar a la Iglesia. La realidad jurídica es que la Constitución de 1931 garantizaba la libertad de cultos. La violencia anticlerical más extrema estalló después del golpe de Estado de julio de 1936, fruto del colapso del orden estatal y no de un decreto oficial.

Aunque hubo sectores de los partidos del Frente Popular que jalearon la violencia, figuras del gobierno como Manuel Azaña o incluso ministros socialistas intentaron (con poco éxito inicial) detener las sacas y salvar a religiosos. La persecución fue fruto del desgobierno y del odio acumulado, no de un decreto oficial.

El Estado republicano, como institución, nunca legisló contra la vida de los religiosos. De hecho, la Constitución de 1931 garantizaba la libertad de cultos, aunque limitaba el poder económico y educativo de las órdenes. El Gobierno de Juan Negrín, por ejemplo, trabajó activamente por restaurar el culto público. De hecho, en 1938 se creó el Comisariado de Cultos con el objetivo de normalizar la vida religiosa en la zona republicana y reabrir iglesias. 

El Partido Nacionalista Vasco, un partido profundamente católico, fue parte del poder republicano llegando a tener un ministro entre septiembre de 1936 y marzo de 1939. Si la República hubiera tenido un plan de exterminio religioso, habría empezado por el norte. La diferencia fue que en Euskadi el Gobierno civil no perdió el control del orden público, demostrando que el problema no era la ideología de la República, sino el colapso del orden estatal en otras zonas.

Si la República hubiera tenido un plan de exterminio religioso, habría empezado por el norte. La diferencia fue que en Euskadi el Gobierno civil no perdió el control del orden público, demostrando que el problema no era la ideología de la República

En tercer lugar, el inicio de la guerra fue en octubre del 34.

A menudo se señala la Revolución de octubre de 1934 como el evento que dio inicio al conflicto armado dos años después. En cierta medida, este bulo es utilizado principalmente para exculpar a los militares y no militares que organizaron el golpe de Estado del 17-18 de julio de 1936. De hecho, es una de las columnas argumentales más importantes del bando golpista durante la Guerra Civil y los 39 años de dictadura. 

Sin embargo, antes de la Revolución de octubre de 1934, no solo hubo un intento, sino una sucesión de movimientos para derribar o cambiar el régimen por la fuerza. Algunos de los más significativos:

A) La conspiración de los “Tres Días” (abril 1931) 

Nada más proclamarse la República hubo militares y monárquicos conspirando. El general Kindelán y otros oficiales intentaron organizar una resistencia armada inmediata al ver que Alfonso XIII se marchaba. No llegó a ejecutarse porque no encontraron apoyo suficiente en los cuarteles, pero la intención estuvo ahí desde el “minuto uno”.

B) La “Sanjurjada” (10 de agosto de 1932)

Este fue el primer gran golpe de Estado contra la República que dieron ciertos militares. Su líder fue el general José Sanjurjo que se levantó en armas en Sevilla junto a un intento simultáneo en Madrid. El golpe fue un fracaso absoluto por la falta de coordinación y la rápida respuesta del gobierno, que ya estaba sobre aviso.

Este golpe de Estado es la prueba irrefutable de que el sector reaccionario del ejército intentó derribar la democracia mucho antes de cualquier supuesta “amenaza bolchevique”.

C) La Conspiración de la “Unión Militar Española” (UME)

Fundada a finales de 1933, la UME era una organización clandestina de militares derechistas cuyo único fin era conspirar para dar un golpe de Estado si la situación política no les favorecía. No fue un evento puntual, sino una trama continua que estuvo activa durante años y que fue la base del golpe definitivo de 1936.

D) El complot monárquico y el apoyo de Mussolini (marzo 1934)

Meses antes de octubre, representantes de los partidos monárquicos (Renovación Española y carlistas) viajaron a Roma para reunirse con Benito Mussolini. Buscaban asegurar el apoyo de la Italia fascista a través de dinero y armas para derrocar a la República. El viaje de los monárquicos a Roma demuestra que la desestabilización de la República era un proyecto internacional previo a la revolución de Asturias.

En cuarto lugar, la República era un satélite de la URSS.

Es común escuchar que España, en 1936, estaba a punto de convertirse en una dictadura soviética. Pío Moa es el máximo exponente. En libros como 'Los mitos de la Guerra Civil', sostiene que la República dejó de ser democrática en 1934 y que en 1936 ya era un estado fallido entregado a los intereses de Stalin. Dede Vox se utiliza este discurso de forma abierta. En sus intervenciones sobre la Ley de Memoria Democrática, por ejemplo, es común escuchar a sus líderes afirmar que la República era una “dictadura roja” o que el gobierno de 1936 no era legítimo por su supuesta deriva soviética.

Sin embargo, en ese año el PCE era una fuerza minoritaria en el Parlamento. En las elecciones de febrero, el PCE obtuvo apenas 17 diputados de 473. Era una fuerza testimonial comparada con el PSOE o la Izquierda Republicana.

La influencia de la URSS creció después del inicio de la Guerra Civil, principalmente porque fue el único país (junto a México) que vendió armas a la República. Es decir, la dependencia de la URSS fue una consecuencia de la guerra, no una causa. Al negarse Francia y Gran Bretaña a vender armas al gobierno legítimo (Pacto de No Intervención), el gobierno de la República no tuvo más opción que acudir al mercado soviético para defenderse.

En quinto lugar, los fraudes electorales.

El debate sobre la legitimidad de las elecciones durante la Segunda República no es nuevo, pero ha cobrado un vigor inusual en los últimos años debido a ciertos sectores políticos que buscan cuestionar la legalidad republicana. No es casualidad que esta acusación provenga siempre de sectores de la derecha y solo hablen de los comicios de febrero de 1936 o incluso de los celebrados el 28 de junio de 1931, en ambos ganó la izquierda. Sin embargo, no lo digan sobre las elecciones generales de noviembre de 1933.

Sobre el presunto fraude en las elecciones de 1931 la acusación suele centrarse en que fueron unas elecciones constituyentes organizadas por un Gobierno Provisional que ya había empezado a legislar.

La realidad es que se celebraron en un clima de enorme entusiasmo tras la caída de la monarquía y en el que la derecha estaba desorganizada, en estado de “shock” político, lo que explica la hegemonía de la conjunción republicano-socialista. Acusar de fraude a estos comicios suele ser un intento de deslegitimar el origen mismo de la República.

La tesis del fraude masivo en 1936 fue popularizada recientemente por los historiadores Manuel Álvarez Tardío y Roberto Villa García a través de su libro '1936. Fraude y violencia en las elecciones del Frente Popular'. Estos autores sostienen que hubo irregularidades en el recuento de actas en provincias específicas que pudieron alterar el número de escaños.

La realidad es que, aunque hubo desórdenes, presión callejera y la gestión de las actas en las comisiones de actas fue, en ocasiones, partidista, la mayoría de los historiadores coinciden en que el triunfo del Frente Popular fue legítimo en términos globales. Incluso sin las actas en disputa, la derecha no habría tenido los votos suficientes para formar un gobierno estable.

La construcción de estos relatos distorsionados no es un ejercicio casual de memoria, sino una estrategia política deliberada para presentar la democracia republicana como un experimento fallido o una amenaza totalitaria. Sin embargo, los datos demuestran que la conflictividad del periodo era un reflejo de la crisis europea y que el colapso del orden no fue una voluntad política, sino la consecuencia directa de un golpe de Estado gestado durante meses por sectores que nunca aceptaron la legalidad de las urnas. Recuperar el rigor histórico sobre la Segunda República es, por tanto, un paso indispensable para comprender que la guerra no fue un destino inevitable, sino el resultado del boicot violento a un esfuerzo de modernización que intentó situar a España a la vanguardia de las democracias occidentales.

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