Las actuales polémicas en torno a la gestión de la Renta Garantía de Ingresos (RGI), con ser importantes, encierran un debate aún de mayor calado en torno a las conexiones que existen o debieran existir (o no) entre derechos sociales, empleo y economía. Más allá de la defensa incondicional del derecho a la prestación de la RGI tal y como inicialmente se había regulado en la CAV –rechazando el endurecimiento de las condiciones de acceso de su última reforma, reivindicando el incremento de su cuantía en relación al Salario Mínimo Interprofesional y combatiendo la criminalización mediática e institucional de la población perceptora–, consideramos que es oportuno y cada vez más urgente abrir un debate profundo sobre el modelo socio-económico actualmente vigente.
La pérdida de la centralidad que el empleo ha tenido y, va a continuar teniendo, tanto en el desarrollo del sistema capitalista como, particularmente, en el desarrollo de los llamados estados de bienestar es un hecho hoy en día comúnmente reconocido, aunque con matices diversos. El aumento del desempleo, la generalización de la precariedad laboral y el fenómeno de las personas trabajadoras pobres, las desigualdades salariales entre trabajos y entre personas, así como de oportunidades entre mujeres y hombres, y la cada vez más complicada vinculación entre empleo y mantenimiento de las prestaciones sociales (como las pensiones) asociadas a su ejercicio, son algunos de los rasgos que presenta la crisis actual en torno al empleo. Debiéramos añadir, además, la pérdida de empleos, mayor o menor según las diversas prospecciones, pero siempre significativa, que va a suponer a medio plazo la introducción generalizada de nuevas tecnologías en los procesos productivos y, con ello, la progresiva dualización de un mercado laboral que promete un segmento de empleos altamente cualificados y remunerados y otro, asociado a la prestación de servicios especialmente a personas, altamente precarizado y escasamente valorizado social y económicamente.
El debate en torno a estas cuestiones puede adquirir diagnósticos y matices diferenciados, pero resulta ya imprescindible afrontarlo en profundidad y, especialmente, hacerlo superando las miradas parcializadas con las que, hasta ahora, venimos abordando este debate, en general, los diferentes agentes políticos, sindicales y sociales. El cuestionamiento del papel del empleo en nuestras sociedades debe conducirnos, al menos, a proponer nuevas formas de articulación de los derechos sociales no asociadas directamente al ejercicio del empleo, a discutir sobre la valoración social y económica de todos los empleos (especialmente de aquellos que se nos presentan como precarios), a identificar nuevas herramientas de redistribución de la riqueza y financiación de las prestaciones y servicios sociales, a replantear los modos y fines de la producción y sus efectos sociales y ambientales, así como a establecer un nuevo reparto de todos los trabajos (remunerados o no) en nuestras sociedades.
En definitiva, estamos poniendo en el centro del debate la necesidad de abordar un cambio en profundidad no sólo, con ser importantes, de la gestión y garantía de los derechos sociales o de la regulación del mercado laboral, sino del propio modelo estructural socio-económico en el que los derechos sociales y el empleo se asientan y están actualmente condicionados.
Desde la perspectiva de la Economía Solidaria, consideramos necesario impulsar un cambio de rumbo que “relocalice” el bienestar de las personas y el mantenimiento de un entorno social y ambiental de calidad en el corazón de la actividad económica. Ésta debe estar condicionada a la propia sostenibilidad de la vida y del planeta, es decir, al mantenimiento de todos los procesos que garanticen la reproducción de una buena vida, partiendo de la consideración de que las mujeres y los hombres somos seres interdependientes (necesitados de cuidados) y ecodependientes (necesitados del entorno ambiental en el que nos desenvolvemos). Igualmente es necesario “relocalizar” el actual papel preponderante que la esfera económica (especialmente tal y como es considerada en el capitalismo neoliberal) debe jugar en la configuración de nuestras vidas. La economía debe adoptar una función instrumental sujeta a las esferas democráticas de participación y decisión ciudadana y vinculada al desarrollo de unas condiciones de vida dignas para todas las personas en cualquier parte del mundo. Y, finalmente, es necesario volver a conectar la actividad económica a la propia comunidad, “relocalizando” sus actividades y combatiendo el carácter fundamentalmente especulativo que actualmente prioriza.
El próximo 1 de abril estaremos en Bilbao denunciando los recortes y restricciones que en materia de la RGI se están dando y los que nos tememos se producirán en el corto plazo. Lo haremos en defensa de los derechos sociales, especialmente del derecho a unos ingresos no condicionados y suficientes para una vida digna que permitan el desarrollo de todos los derechos de ciudadanía y participación social, así como en la reivindicación de un sistema de protección social universal, inclusivo y de calidad. Y lo haremos, finalmente, con la vista puesta en el urgente cambio de modelo socio-económico que necesitamos para garantizar el desarrollo de vidas libres y felices en una sociedad y en un mundo justo y sostenible
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