El derecho a la ciudad

No vamos a descubrir ahora que una calidad deficiente del aire acarrea consecuencias negativas para nuestra salud y, por tanto, para nuestra calidad de vida. La contaminación sigue siendo la principal causa ambiental de los problemas de salud en la UE, donde se calcula que provoca más de 400.000 muertes prematuras al año, con una exposición especial de los habitantes de zonas urbanas. Y, por lo que parece, la Unión Europea quiere avanzar en la línea de garantizar un aire limpio y reducir el impacto negativo de la contaminación atmosférica en la salud y el medio ambiente, como se refleja en las conclusiones que ha adoptado el pasado 5 de marzo, en las que básicamente reclaman mayores esfuerzos para avanzar en este sentido.

En esta misma línea, el pasado 21 de enero, el Consejo de Ministros aprobó la Declaración de Emergencia Climática y Ambiental de España, centrando sus políticas de movilidad en la priorización de las cercanías, la intermodalidad y la innovación tecnológica, junto con el desarrollo de una Estrategia de movilidad sostenible, segura y conectada, entrando en vigor este año el establecimiento de Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), para los municipios de más de 50.000 habitantes.

Este nuevo escenario representa un gran desafío tanto para nuestras administraciones públicas, como para toda la ciudadanía, para lo cual es necesario estar bien preparados, tanto a nivel urbano como territorial.

Es cierto que, desde el Gobierno Vasco se está impulsando un proyecto de Ley de Movilidad Sostenible, para fomentar y mejorar el transporte público, y reducir el uso del vehículo privado, limitando su acceso a los núcleos urbanos, pero todavía está por ver tanto su desarrollo como su implementación efectiva. Al mismo tiempo, desde el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aplicación del Plan de Movilidad Sostenible y Espacio Público, está previsto ampliar las áreas de aparcamiento regulado OTA hasta el primer anillo, dejando la mayoría de plazas exclusivas para residentes.

Todas estas cuestiones exigen llevar a cabo, sin más dilación, un adecuado replanteamiento de cómo queremos que se desarrolle la movilidad en nuestro territorio, para que los derechos de acceso a la ciudad de los habitantes del Álava rural no se vean reducidos.

Está claro que no debemos circunscribir el problema al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y a su proceso de aprobación y debate de su Plan de Movilidad Sostenible, ya que el problema afecta principalmente al derecho acceso a la ciudad desde fuera de ella, principalmente de la población rural alavesa, sino que se deben implicar todas las administraciones públicas con competencias en el territorio, para poder desarrollar e implementar un modelo de movilidad realmente sostenible y con el menor coste posible para las economías más sensibles.

En esta línea, un adecuado diseño de un sistema de áreas de intercambio modal, bajo la supervisión de la Autoridad de la Movilidad de Álava, en los principales accesos a la ciudad por el norte, sur, este y oeste, conectados con los ejes de transporte público de alta capacidad y las redes de movilidad sostenible urbana, resulta ser unas de las claves para posibilitar el intercambio del transporte comarcal y vehículos privados, o compartidos, procedentes del territorio, al transporte sostenible de Última Milla, como el tranvía, el BEI, la red de bicicletas, los monopatines eléctricos, o la marcha por itinerarios peatonales.

Para ello, en estas áreas de intercambio modal, con aparcamientos disuasorios, se deberían integrar distintas tipologías de estacionamiento para autobús, coches y aparcamientos protegidos para bicicletas, vehículos eléctricos, así como área de recarga de baterías, con objeto de facilitar su utilización por parte de la población del medio rural alavés.

Es evidente que sería deseable que esta opción de aparcamiento fuera gratuita para los habitantes del Álava rural, además de poder bonificar el precio del transporte de Última Milla en función de las rentas, en pro del derecho de acceso a la ciudad de la población rural, lo que incentivaría su uso y fomentaría el equilibrio territorial.

Las tecnologías inteligentes nos abren hoy las puertas a esta oportunidad.

Esto permitiría, por ejemplo, bajar del autobús de transporte comarcal, o aparcar el vehículo privado o compartido, en una de estas áreas, con rapidez y seguridad, e intercambiar al modo monopatín eléctrico, bicicleta, autobús urbano, BEI o tranvía, para llegar al lugar de destino en la ciudad.

Con todo ello, conseguiríamos, no solo facilitar el acceso a la ciudad a quienes viven en el área rural de nuestro territorio, sino que se permitiría liberar parcialmente el espacio público de coches, dando más cabida al peatón y a los modos de transporte sostenibles, y reduciendo, por tanto, el grado de conflictividad, y las tasas actuales de accidentes, por colisión entre diferentes modos de desplazamiento.

Por otra parte, no nos debemos olvidar de que gran parte de la contaminación ambiental generada por el coche en el interior de las ciudades de tamaño medio, se producen durante la búsqueda de aparcamiento, por lo que la implantación de estas áreas reduciría notablemente el número de vehículos que circularían por las calles de Vitoria-Gasteiz, con lo que, además de contribuir a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, contribuiría a mejorar la calidad de aire que todos y todas respiramos, y por ende, nuestra calidad de vida.

El diseño de un sistema de movilidad sostenible territorial, implica una visión integral de la ciudad, el área urbana funcional y la totalidad del territorio, por lo que, sin duda alguna, la puesta en marcha de estas áreas de intercambio modal, de manera complementaria al resto de medidas encaminadas a lograr los objetivos de movilidad sostenible, supondría un empuje importante para Álava, como “Territorio integral y sostenible”.

(*) David Rodríguez Llinares es Arquitecto y Procurador del Grupo Juntero Elkarrekin Araba y Kiko Álvarez Dávila es Doctor en Ciencias Biológicas