Otro autogobierno es posible

El concepto de autogobierno que se ha hecho hegemónico en el debate político vasco lo concibe casi exclusivamente en términos de niveles competenciales y gira sobre todo en lógicas de transferencia de espacios de poder institucional desde las élites políticas madrileñas hacia las vascas. En mi opinión, se trata de un concepto limitado de autogobierno. Esta idea de autogobierno que se traduce en “rascar competencias de Madrid” no encaja con un criterio fuerte de democracia, sino más bien con lo que el profesor Robert Dahl define como una poliarquía electoral competitiva, es decir, una forma pobre de democracia que se articula en torno a diversos espacios de interés y de poder, compitiendo entre sí en el “mercado” electoral,.

Antes de analizar en qué modelo de autogobierno se inscribe el Estatuto de Gernika y en qué marco se plantea su reforma, conviene aclarar que ese modelo de autogobierno que podemos simplificar como pobre, no es el único, ni es en mi opinión el más ilusionante para las nuevas generaciones que tomaron las plazas un 15 de marzo. Frente a él, existe otro que se sitúa en la tradición rosseauniana de democracia participativa y que Barber define como “el autogobierno de los ciudadanos más que el gobierno representativo en nombre de los ciudadanos. Aquí, los ciudadanos activos se gobiernan a sí mismos, no necesariamente en cada nivel y en cada instancia, pero sí con la suficiente frecuencia y en particular, cuando hay que decidir las políticas básicas y cuando se despliega un poder relevante”.

Esta perspectiva de democracia participativa conlleva también una noción fuerte de ciudadanía, que no supone sólo un conjunto de derechos y responsabilidades, sino que es también una identidad, -la expresión de la pertenencia a una comunidad política-. Antes, cuando se hablaba de la idea de ciudadanía, se la veía como derivada de las nociones de democracia y justicia: un ciudadano es alguien que tiene derechos democráticos y exigencias de justicia. Pero hoy, la promoción de la ciudadanía responsable es un objetivo de primera magnitud para las políticas públicas (Habermas)

Y vamos con el Estatuto de 1979. Se trata de una norma que, por su contenido y por el procedimiento que se siguió para su elaboración y se debe seguir para su reforma, tiene naturaleza de pacto político y tiene elementos de constitucionalidad. A pesar de ello, el texto del estatuto es básicamente funcionalista, al centrarse en regular instituciones y competencias. Es cierto que tiene un nivel competencial no despreciable y sobre todo, un sistema de financiación que muchos envidian, aunque nunca ha sido aprovechado. Porque quienes han gobernado, ha preferido copiar miméticamente el modelo español de fiscalidad, basado en una presión impositiva baja y centrada sobre las rentas del trabajo. Un sistema al que las grandes fortunas apenas aportan. Donde las instituciones vascas han podido marcar diferencias, han preferido imitar, cuando no desbordar con apuestas como aquella de las “vacaciones fiscales vascas”. Personalmente, me parece que han querido imitar en lo malo. Y al final, han preferido mendigar de Madrid migajas competenciales que aprovechar esa autonomía fiscal y hacer que Euskadi sea diferente en eso y que al menos aquí, también las grandes fortunas tengan que contribuir al bienestar colectivo. Nada se ha hecho al respecto, salvo el Impuesto sobre las grandes fortunas que se introdujo durante el gobierno de EH Bildu en Gipuzkoa y que en contra de lo que clamaban los agoreros, funcionó correctamente, durante la corta vida que tuvo.

Además de desaprovechar esa herramienta, el autogobierno vasco posee otras deficiencias. El Estatuto carece de varios elementos habituales en cartas de naturaleza parecida. Carece de un modelo de país, carece de un modelo socio-económico y carece de un modelo de ciudadanía. No establece apenas objetivos específicos que obliguen a quien gobierna, ni reconoce apenas derechos a sus ciudadanas y ciudadanos frente a las instituciones que regula, salvo los que recoge de forma genérica la Constitución Española.

En resumen, podemos decir que se trata de un texto de contenido básicamente institucional o burocrático, carente de aliento utópico y no alineado con los conceptos fuertes de democracia y de autogobierno mencionados.

Tampoco define, cosa que podría hacer perfectamente, un modelo social vasco alternativo, inspirado, por ejemplo, en nuestras ricas tradiciones de “auzolan” y de cooperativismo, ni contempla instrumentos para hacer frente a este modelo de globalización salvaje al que asistimos, en el que las lógicas mercantilistas sustituyen al espacio público de la política e incluso al contenido humano de las relaciones interpersonales. Los gobiernos municipales del cambio están demostrando en el quehacer diario que se pueden levantar muros de contención en todos los espacios a esas fuerzas depredadoras. El autogobierno vasco podría ser una oportunidad para el cambio. Y en su concreción legal, podría apostar por un marco vasco alternativo en lo político -con un modelo más participativo, transparente y protegido de los lobbies- y especialmente en lo socio-económico -mediante un modelo fuerte de cohesión social, en el que a los pudientes no se les eximiera de la contribución que les corresponde al bienestar colectivo.

Todos estos y muchos más son contenidos que en mi opinión podrían y deberían integrarse en el estatuto o en cualquiera que sea la expresión legal del instrumento de autogobierno. Estas han sido entre otras las propuestas que les he transmitido a los partidos representados en la ponencia sobre autogobierno del Parlamento Vasco, al ser consultado al respecto. La idea fundamental es que el autogobierno no es sólo cuestión de cantidad, sino también de calidad; que otro autogobierno es posible.