Sin ánimo de agotar el interesante binomio política-educación tratado en el anterior artículo, estas líneas pretenden tratar un asunto que quedó sin valorar entonces: la política educativa.
No descubro nada nuevo al mencionar que el fin del monopolio que durante siglos la Iglesia mantuvo sobre la educación se puede cifrar en la eclosión de las revoluciones liberales, a fines del siglo XVIII en Europa y América. La consolidación de los estados nacionales trajo consigo una primera acción que modificaría definitivamente el sistema de enseñanza-aprendizaje. Los nuevos sistemas educativos, configurados desde entonces como universales y obligatorios, buscarán afianzar un doble objetivo: la formación de ciudadanía y la preparación técnica para el mundo del trabajo.
Con el primero -y en plena época racionalista de cuestionamiento del mundo de la fe- se conseguiría formar una nueva moral social basada en la participación y representación del ser ciudadano, portador por fin de derechos y deberes políticos. Además, mediante el empuje de la nueva economía industrial que se fortalece en paralelo a la formación de los nuevos y poderosos estados europeos y norteamericanos, la educación se encargará de proveer de mano de obra abundante, necesaria para las nuevas necesidades productivas que la exigía el capitalismo industrial. Así, Razón y Mercado se unían para constituir un nuevo orden social. Unión, sin embargo, no exenta de tensión que se traslada continuamente a las acciones que los gobiernos realizan en el ámbito educativo. (¿Qué es más rentable para el Estado, la formación ciudadana de la persona o su futura empleabilidad? ¿Y para la persona?)
En este nuevo contexto es en el que aparece la política educativa de los gobiernos nacionales. De ahí que consultada la definición de esta expresión educativa en cualquier fuente, todas coincidan: actividad o conjunto de actividades que de una forma u otra se impulsan desde el Estado o emanan de él. Se trata, por tanto, de una decisión política, mejor o peor meditada, más o menos consensuada, que adopta el poder ejecutivo correspondiente –estatal o autonómico, en el caso español- y que afecta a la totalidad de la población de cualquier país.
A través de estas políticas educativas el Estado configura y materializa en la escuela sus intenciones, deseos, objetivos. Podrá, mediante teorías pedagógicas concretas, consolidar un sistema rígido, autoritario, de fuerte contenido centralista y jerarquizado. O buscará, a través de otras didácticas educativas, una escuela más participativa, plural y colaborativa.
La política educativa de una país es, además, un mandato público, que obliga, en primer lugar, a la administración educativa a presentar un proyecto global que satisfaga las necesidades de la sociedad. Además, en un estado democrático como el nuestro, podrán coexistir otros proyectos pedagógicos, de ámbito privado, que respondan a intereses particulares, sean estos de índole religiosa, política o ideológica. Por encima de estos, la administración pública es la garante del sistema educativo elegido.
Esta puntualización viene a colación ante la precaución cada vez mayor de gran parte del mundo progresista por el incremento paulatino de asociaciones filantrópicas, corporaciones y alianzas público-privadas que están colocando su foco de atención en el mundo educativo español (Saura Casanova, Geo. “Filantropía, corporaciones y gobiernos neoliberalizando desde los centros educativos” Revista OGE, Nº 3. Mayo-junio, 2017. FEDAE1). De unos pocos años a esta parte, España está siendo un terreno propicio para la llegada –aún tímida, pero insistente y bien financiada- de asociaciones privadas que bajo el paraguas normativo de acciones de “Responsabilidad Social Corporativa” (más conocida por sus siglas RSC) acercan actitudes filantrópicas de inversiones multimillonarias con beneficios en donaciones y extienden el ámbito de penetración de las empresas privadas.
Observar que agentes representativos del mundo neoliberal español, como Telefónica, CaixaBank o Banco Santander, por citar los más llamativos, llevan unos años formalizando proyectos privados de inclusión en el ámbito educativo español no es descubrir ninguna novedad. Pero sí genera temores y advierte de la toma de precauciones.
El Banco Santander (primera empresa mundial de las 500 que más invierten en RSC en educación), a través de su filial “Empezar por educar” (ExE) forma a jóvenes titulados que son incorporados durante dos años a colegios vulnerables de Cataluña, Madrid y Euskadi, “promoviendo nuevas relaciones de mercado entre los actores que forman la red política e incorpora prácticas escolares basadas en nuevas subjetividades neoliberales docentes” (op cit). Y no es la única multinacional española con estos objetivos. La Fundación Telefónica –a través del programa “Entre profes”, basada en herramientas prácticas de gestión y planificación de aulas, así como de formación práctica de docentes- y CaixaBank –con la iniciativa Escola Nova 21, cuyo reclamo principal es la innovación docente y metodológica- son dos ejemplos más de la nueva hibridación público-privada de privatización de los sistemas educativos. La finalidad es clara: crear –con el señuelo de la aportación filantrópica- nuevas formas de caridad educativa que acerquen la privatización e incluyan a estos nuevos agentes educativos como actores inexcusables en las nuevas decisiones que se tomen desde políticas educativas gubernamentales.
Lo que nos lleva de nuevo a la importancia de las políticas públicas para el diseño de la educación española. El Foro de Sevilla en el primer párrafo de su Documento de Bases para una nueva Ley de Educación, señala: “La política no puede ser sino política pública, es decir, aquella discutida, decidida y gestionada por la ciudadanía”(porotrapoliticaeducativa.org). Es, por tanto, una apuesta decidida por lo público, por el valor de lo compartido en común la que debe decidir sobre el bien público que es la educación.
El gobierno del PP, hasta el momento, ha dado voz a organizaciones internacionales dominadas por concepciones neoliberales (OCDE, BM…) o a comisiones de expertos sobre asuntos muy puntuales de la educación. Pero se ha olvidado, conscientemente entiendo, de otros agentes sociales interesados en la participación educativa. Se debe volver la vista y escuchar a los miembros de la comunidad educativa –familias, estudiantes, profesorado- a los barrios y asociaciones su opinión sobre la educación que necesitamos. Por ello, apostar por la puesta en marcha de espacios de deliberación también local para la comunidad escolar –por ejemplo, los Consejos Municipales de Educación- dotaría de mayor horizontalidad la toma de decisiones y, probablemente, devolvería credibilidad a normas educativas hoy ignoradas, o asumidas con absoluta resignación.
Necesitamos una política educativa nueva, más integrada, más social y de mayor participación ciudadana. Porque como exponen Jaume Martínez Bonafé y otros ('La democracia, sus agentes y sus agendas, cuando se construyen las políticas públicas de educación' en porotrapoliticaeducativa.org) “comenzar a mirarnos como poder en la construcción de un 'nosotros' capaz de ir creciendo en un proceso educativo emancipador abierto y en constante creación es, probablemente, el desafío que tenemos hoy”.
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