Como ya estaba previsto, ayer, 10 de octubre, se aprobó la nueva ley educativa, séptima de la democracia. Así se han visualizado la soledad del Partido Popular en el hemiciclo -ningún otro partido político ha sumado sus votos- y su absoluto desprecio a las movilizaciones masivas con que la ciudadanía española ha manifestado – y seguirá haciendo, el próximo 24- su oposición. Desde ese momento, y a falta aún del desarrollo normativo necesario de decretos y currículos adaptados, la escuela española se puede augurar ya que será menos equitativa, democrática, coeducadora y solidaria; más desestructurada, centralizada e ideológicamente conservadora.
Daré algunas pautas que hagan más comprensible tal aseveración. De un lado, la imposición de un sistema obligatorio de pruebas externas (“reválidas”) al final de cada ciclo escolar –Primaria, Secundaria, Bachillerato-, lejos de contribuir a la búsqueda de la excelencia educativa (oximoron del ministro), llevará a alumnado y profesorado a una asfixiante carrera de obstáculos en forma de exámenes de contenidos conceptuales, de carácter meramente memorístico (La no superación de estas pruebas apartará del camino tempranamente a miles de jóvenes, abocándoles como solución alternativa la vía de la Formación Profesional, ahora injustamente devaluada con esta ley).
La LOMCE, además, certificará de facto la realidad de los recortes realizados en los últimos cursos educativos, de tal modo que quedarán consolidados el aumento de ratios, la jornada lectiva del profesorado y la disminución y pérdida de calidad de las becas escolares actuales. Se hace difícil entender así que dirigentes populares defiendan esta situación bajo argumentos de esfuerzo y éxito académico, salvo que en sus memorias esté el primar, como antaño, a quienes partían en ventaja por su contexto socioeconómico favorable y no a la totalidad del alumnado.
La nueva ley –que no ha conseguido más consenso social que el de la jerarquía católica y los grupos de presión afines- restará participación democrática a la mayoría de los agentes educativos. Así, elimina conscientemente el carácter ejecutivo y de consenso que tienen los Consejos Escolares y los subordina al poder creciente de directores y directoras (ni siquiera, de los equipos directivos) de los centros. Consecuencia de ello es que, en adelante, programación general, admisión de alumnado, o directrices de colaboración de los Centros, entre otras funciones, pasan definitivamente bajo la responsabilidad directa de las direcciones.
La disminución de competencias educativas de las Comunidades Autónomas en favor del Ministerio de Educación es otro paso más en el proyecto recentralizador del Partido Popular. Nuevamente la excusa argumentada es la necesidad de disminuir las altas tasas de fracaso escolar temprano y los malos resultados internacionales que presenta el sistema educativo español. Para quienes observan con indisimulada envidia la educación de los países del norte europeo, habría que recordarles que en estos lugares sus currículos educativos se encuentran perfectamente asentados en dos principios protegidos: su pervivencia por encima de los cambios políticos de gobierno y su descentralización curricular y administrativa, previamente consensuada.
Un último apunte sobre la creciente presión de los lobbys conservadores en la transformación de la Educación como un objeto codiciado de mercado. La tendencia neoliberal mundial que viene en las dos últimas décadas desde EE UU ha encontrado con la LOMCE el marco normativo adecuado para asentarse en España. Muchas son las vías que esta ley abre para ello: la permisividad a seguir financiando con fondos públicos centros escolares manifiestamente segregadores (pese a las sentencias judiciales en su contra), la eliminación del concepto de “público” al servicio que debe prestar la Educación a la sociedad, la autorización a las administraciones educativas para proveer de suelo público a iniciativas privadas y/o la publicitación de informes de centros, en función de los resultados académicos obtenidos en las pruebas externas, o la presencia como asignatura obligatoria de una creencia religiosa concreta, evaluable y con asignatura optativa.
En fin, la aprobación de la nueva ley educativa española realizada el pasado 10 de octubre en el Parlamento español, lejos de solucionar problemas endémicos del sistema, generará en un plazo medio nuevos desajustes en los procesos formativos de miles de alumnos y alumnas del Estado, pervertirá aún más la endiablada ecuación Educación = selección y aumentará las distancias educativas de unas generaciones de jóvenes en continua malformación ética y solidaria.
Sobre este blog
Viento del Norte es el contenedor de opinión de elDiario.es/Euskadi. En este espacio caben las opiniones y noticias de todos los ángulos y prismas de una sociedad compleja e interesante. Opinión, bien diferenciada de la información, para conocer las claves de un presente que está en continuo cambio.
0