Gobierno Vasco, aumenta la recaudación, recorta la solidaridad

Precisamente el año en el que las instituciones públicas en Euskadi se vanaglorian de haber conseguido el récord histórico en la recaudación de impuestos, el Gobierno Vasco reduce en 5,3 millones las convocatorias de cooperación internacional para agentes sociales respecto al año anterior. De este modo, mientras el ejecutivo de Gasteiz enfatiza su apuesta por la marca Basque Country, esto es, por la proyección exterior de empresas, inversiones, cultura y valores bajo un relato de auzolan y de centralidad de las personas, en torno a una veintena de procesos de solidaridad con otros pueblos se verán truncados por una manifiesta falta de voluntad política.

Y hablamos en estos términos porque estimamos que la razón de este anuncio es política, no meramente técnica. El Gobierno vasco podrá argumentar que estamos en prórroga presupuestaria y que el presupuesto anual de cooperación se mantiene, pero que los compromisos de años anteriores reducen los fondos para 2019; se nos dirá que es legítimo reducir las convocatorias sociales a la vez que se refuerza su línea de cooperación directa, mejora y cambia sede, y aumenta en 19 plazas su personal; finalmente, nos recomendará realizar un análisis comparativo respecto a otros territorios del Estado español, con un proceso más agresivo de desmantelamiento de la política pública de cooperación –aunque por supuesto con una renta mucho menor–. Se trata, en nuestra opinión, de justificaciones insuficientes para explicar lo ya dicho: en el momento de mayor recaudación, el Gobierno Vasco no es capaz de al menos sostener el volumen de las convocatorias para el presente año, ya recortadas además en ejercicios presupuestarios previos.

Entendemos en este sentido que no se trata de una medida puntual, sino que se suma a un proceso en el que subyace un cambio de modelo de la cooperación vasca, donde las organizaciones sociales tengamos un papel menos relevante. En esta lógica se entienden los draconianos recortes de 2013 –de los que aún nos estamos recuperando–, la irrelevancia a la que se ha conducido al Consejo Vasco de Cooperación –que en la actualidad dista mucho de ser el espacio de reflexión del conjunto del sector–, así como las propuestas de fortalecimiento de la Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo, vía aumento exponencial del personal y de los proyectos propios.

Desde Elkartasuna Eraldatuz, no obstante, no tenemos miedo alguno a abrir el melón del debate sobre el modelo vasco de cooperación. Siempre hemos tenido una mirada crítica sobre ciertas dinámicas de nuestra cooperación, y hemos insistido en la necesidad de un mayor compromiso político, de una perspectiva más amplia a la hora de enfrentar los grandes retos globales, así como de fortalecer la participación activa de los movimientos sociales. Pero dicho debate precisa de ciertas condiciones: en primer lugar, la existencia de un debate real, abierto, transparente y basado en la confianza, cosa que en estos momentos no se promueve; en segundo término, el sostenimiento de un modelo de alianza público-social para la cooperación vasca –seña de identidad desde su creación–, que por supuesto no invalida el fortalecimiento de la política propia del Gobierno, pero que también se sostiene sobre una fuerte base de implicación de ONGD y movimientos sociales; tercero y último, y en esta lógica, el cuidado y fortalecimiento del sector también debería ser una apuesta política, y medidas como la reducción de la convocatoria en 5,3 millones no producen más que inestabilidad, incertidumbre, desconfianza y cercenamiento de procesos en marcha.

*Firman este artículo Gonzalo Fernández, Miren Saiz, Ivana Belén Ruiz, Jokin Alberdi, Jesús González, Marta Senz, Javier Herrán, Sarai Martín, Eneko Viñuela,, en nombre de la Plataforma Elkartasuna Eraldatuz en favor de una cooperación emancipadora