No es fácil verse separada de todos tus seres queridos durante un tiempo indefinido y bajo la tormenta constante de noticias negativas, de pérdidas e incertidumbre. La mayoría de las personas lo pasamos lo menos mal que podemos entretenidos con el teletrabajo, la repostería, el ejercicio, las plataformas de streaming, etc. En muchas ocasiones hasta tenemos momentos de diversión, de poder tomar algo mientras haces una videollamada con la cuadrilla o con la familia, pero la gran realidad es que esa no es la situación de toda la población de Bilbao ni del País Vasco.
Los últimos datos recogidos por el Gobierno Vasco en la Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales de 2016-2018 muestran que se está enquistando la subida de la pobreza de manera progresiva. Actualmente 382.316 personas están en situación de pobreza y 109.735 en situación de grave pobreza. Esto significa que millares de personas no tienen acceso a comida, productos desinfectantes o de higiene y mucho menos espacio en viviendas en las que como ya se han dado varios casos residen muchas personas por no disponer de recursos, los llamados 'pisos patera'.
Pues bien, diariamente observamos noticias en los medios de cómo se ha sancionado a varias de estas personas. Que transitaban bajo el desconocimiento de las excepciones de tránsito, producto de no tener acceso a internet o a dispositivos, o bien buscando algún medio de subsistencia como puede ser la comida. Tenemos constancia de cómo se ha tratado de malas maneras a dichas personas, de cómo en algunos casos se ha recurrido a la fuerza policial para retener a personas que sin mala intención buscaban maneras de subsistir.
Como voluntaria de una asociación me he encontrado personalmente con situaciones muy crudas, como una persona que llevaba sin ningún tipo de alimento durante días y al salir a buscar ayuda se encuentra con una sanción por un importe que es incapaz de pagar. En otros casos como familias muy numerosas que viven confinadas en viviendas insalubres y también han sufrido sanciones cuando intentaban buscar a alguien que les prestara dinero para hacer frente a los gastos. Asociaciones antirracistas como SOS Racismo o Amuge han denunciado públicamente tratos racistas hacia personas migrantes o racializadas en estado de pobreza que se encontraban en este tipo de situaciones.
La cuestión no es fácil para nadie, las medidas vienen determinadas por unas directrices institucionales. Pero, como hemos comprobado, en algunos casos no están resultando ser una solución sino más bien ahondan en un agravamiento del problema de muchísimas personas, que a falta de dinero para mantener sus necesidades básicas cubiertas, se enfrentan a sanciones por importes imposibles de alcanzar a pagar.
En ese sentido me pregunto yo ¿no existiría la posibilidad de crear nuevas medidas que no se limiten a la sanción? Si en muchos de estos casos se les hubiese podido informar a estas personas de a dónde recurrir para solventar sus necesidades de comunicación, alimentación, higiene, etc se estaría haciendo un gran trabajo social. Si los cuerpos policiales, en vez de poner directamente una multa a una persona sin recursos le pudiesen asesorar primero o derivar a recursos que puedan solventar esas necesidades, se estaría trabajando realmente de manera transversal y efectiva y abordando las diferentes capas dentro de las nuevas necesidades que se han planteado en la sociedad. Se estaría dando respuesta a problemas reales, eso sí, utilizando las otras medidas que encajan mejor con los problemas y necesidades de los ciudadanos
*Paula Gutiérrez Ponte, portavoz de Ganemos Goazen Bilbao
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