No hablamos de Berlín, ni de Palestina, ni de Estados Unidos. Ni siquiera de la Frontera Sur del Estado español. Hablamos de algo que está ocurriendo aquí y ahora, en casa, concretamente en el Puerto de Bilbao.
En muchas ocasiones nos hemos pronunciado sobre la ineficacia de construir muros para el control migratorio. Resulta preocupante que pese a la experiencia que ya tenemos en esta materia, como en los casos de Ceuta y Melilla, donde hemos podido contemplar en directo la vulneración sistemática de los derechos de las personas, se siga confiando en su efectividad, aunque sea como medida disuasoria.
Los muros separan, impiden la comunicación y el acercamiento generando un sentimiento de rechazo hacia quien intenta cruzarlos, sin preguntarse por qué se ven en la obligación de hacerlo. No obstante, por muy altos e inexpugnables que sean siempre habrá una forma de superarlos para quienes huyen de la desesperación, del miedo o de la violencia.
Siempre existirá un hueco cada vez más peligroso por el que colarse para intentar alcanzar el destino y la vida soñada. Y en consecuencia, siempre habrá alguien que haga negocio con esta desesperación, “facilitando” formas de salida y entrada aún más peligrosas si cabe.
Y teniendo estos precedentes, se construye un nuevo muro, esta vez en el Puerto de Bilbao y, curiosamente, no para evitar que las personas entren, sino para evitar que salgan. ¿Por qué sabiendo todo esto se opta por amurallar? ¿Para qué? Si únicamente sustentan su construcción los intereses económicos de empresas privadas que operan en el Puerto y que amenazan con llevar sus negocios a otros lugares, quizás sea el momento de hacer una reflexión profunda sobre los principios éticos en los que nos movemos y su evidente deriva.
Las navieras y aerolíneas privadas refuerzan el control de acceso a sus buques y aviones con sus propios recursos para evitar que las personas viajen en ellos de manera irregular, puesto que se enfrentan a sanciones, que en el caso del Estado español oscilan entre los 5.000 y 10.000 euros por cada viajero transportado. En el Puerto de Bilbao, paradójicamente es la propia Autoridad Portuaria quien se está encargando del refuerzo de la seguridad, no la empresa presuntamente afectada. Lo que nuevamente nos lleva a preguntarnos, ¿por qué?
Se habla sobre lo costoso de estas devoluciones y sanciones pero no sabemos de cuántas se trata, ni de qué importe han sido las sanciones impuestas hasta el momento. Tampoco sabemos si alguna de las personas que ha sido interceptada por la policía británica ha solicitado protección internacional (en cuyo caso no cabe la sanción) al llegar a Reino Unido. Teniendo en cuenta que además de personas procedentes de Albania, también las hay procedentes de Irak, Afganistán o Pakistán, no parece descabellado que pidan protección al llegar al país en el que ansían vivir.
El único dato facilitado hasta el momento por el Gobierno Español, en respuesta al Senado, es el de las interceptaciones: 1.140 hasta agosto de 2017. Un número aparentemente alto, pero que no sabemos si corresponde a 1.140 personas diferentes, a 200 personas o únicamente a 50 que han intentado acceder en reiteradas ocasiones. Tampoco se informa sobre el número de personas a las que se les ha abierto un expediente de expulsión, ni sobre las expulsiones en sí. Desconocemos cuántas son menores, o si precisan ayuda humanitaria, lo cual debiera ser prioritario.
En definitiva, difícilmente podemos saber si la situación ante la que nos encontramos justifica, siquiera atendiendo a parámetros empresariales o de seguridad, su construcción. Se trata de un muro edificado sobre demasiadas preguntas sin respuesta.
Por mucho que se insista en que se trata únicamente de una medida preventiva y disuasoria, no deja de ser un muro que muestra rechazo hacia las personas cuya intención es ir en busca de una vida digna y, desde un enfoque de derechos humanos, construirlos nunca tiene justificación.
Sobre este blog
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