No a esta reforma

La propuesta para modificar las leyes electorales se presenta como una modificación técnica, pero en realidad introduce un cambio que refuerza el poder de los partidos ya dominantes y consolida las desigualdades en la competencia democrática.

Se nos dice que esta reforma pretende aportar seguridad jurídica, pero lo que hace en la práctica es establecer un criterio político para ordenar las candidaturas: primero quienes más votos tuvieron en el pasado y después quienes menos. Es decir, se institucionaliza la lógica de que quienes ya tienen más poder político ocupen también las posiciones de mayor visibilidad en el proceso electoral.

Desde una perspectiva democrática, esto es profundamente cuestionable. En unas elecciones, todas las candidaturas deberían concurrir en condiciones de igualdad, sin que las propias normas del sistema electoral establezcan jerarquías entre unas y otras. Las instituciones no están para reproducir las correlaciones de fuerza existentes, sino para garantizar que la ciudadanía pueda elegir libremente entre opciones políticas en igualdad de condiciones.

Esta reforma va exactamente en la dirección contraria: refuerza a quienes ya tienen representación y reduce simbólicamente el espacio de visibilidad para nuevas fuerzas políticas, plataformas ciudadanas o candidaturas emergentes. Es un pequeño cambio normativo, sí, pero con una lógica muy clara: blindar el sistema político existente y hacerlo menos permeable al pluralismo.

Además, resulta especialmente preocupante que una modificación de la legislación electoral se pretenda aprobar por el procedimiento de urgencia y lectura única, reduciendo al mínimo el debate parlamentario. Cuando hablamos de las reglas del juego democrático, lo mínimo exigible es debate, deliberación y posibilidad de mejorar la norma, no una tramitación acelerada para aprobar un cambio que favorece a quienes ya ocupan las posiciones de poder.

Hay alternativas mucho más democráticas y neutrales, como el sorteo o el orden alfabético, que garantizan igualdad entre candidaturas y que se utilizan en muchos sistemas electorales precisamente para evitar cualquier sesgo.

Por eso creemos que esta modificación no responde a una necesidad real de reforzar la seguridad jurídica ni a dotar de un criterio objetivo y homogéneo a una cuestión procedimental del proceso electoral, sino a una lógica política de consolidación de las fuerzas mayoritarias. Y desde una izquierda que defiende el pluralismo político, la igualdad democrática y la apertura de las instituciones a nuevas representaciones sociales, no podemos avalar una reforma que va en sentido contrario.