Política Lingüística española: atada y bien atada

La necesidad de dar un salto en la política lingüística del euskera (la del castellano siempre ha sido la misma, de iure y de facto, la obligación sin ambigüedades), es percibida invariablemente como una amenaza por todas las fuerzas políticas estatales, incapaces de asumir el derecho a existir y desarrollarse de la comunidad euskaldún, entre otras.

Los intentos por incrementar el uso del euskera en la escuela o generalizar la obligación de su conocimiento para acceder al empleo público, por gradual y extendida en el tiempo que sea, son anatemas para dichas fuerzas.

En la base hay una postura supremacista, según la cual la imposición del castellano es normal y beneficiosa, mientras la recuperación del euskera debe ser (y de hecho es) voluntaria y nunca generalizada. Para dichas fuerzas el euskera y la comunidad euskaldún deben seguir en la situación de minorización y discriminación a los que las ha arrastrado el empeño uniformizador (y genocida: consultar a Lemkin) de los estados español y francés.

Pero no hay evaluación, reconocimiento ni mucho menos arrepentimiento sobre el destrozo cometido hasta ahora. Al contrario, la frustración por no haber conseguido la total erradicación del euskera y la convicción supremacista de la superioridad y “cosmopolitismo” del castellano, son el motor que les impulsa a continuar con su cruzada “civilizadora”, desde la izquierda a la extrema derecha.

Lo “elevado” de sus objetivos justificaría el uso de la violencia, las prohibiciones, los castigos, las imposiciones legales, la persecución y el descrédito, a lo largo de la historia y hasta el día de hoy.

Una política lingüística democrática debe garantizar la reproducción de la comunidad de hablantes de las distintas lenguas oficiales y el derecho al uso de cualquiera de ellas en el ámbito de los poderes públicos, recurriendo para ello a las políticas adecuadas a tal fin. Para ello, y partiendo de la penosa realidad sociolingüística a la que nos han abocado España y Francia, las medidas que se adopten deben ser mucho más ambiciosas y generosas que las adoptadas desde el final (formal) de la dictadura franquista, para que se garanticen de una vez por todas los derechos de la comunidad euskaldún, tanto como se garantizan los de la comunidad castellanohablante / francohablante. Es definitorio de la escasa calidad democrática de los estados que nos “acogen” tener que estar todavía rogando que garanticen nuestros derechos más elementales. Querer imponer como techo la situación sociolingüística derivada de siglos de opresión y discriminación no habla demasiado bien de organizaciones que se definen como progresistas.

Los problemas han surgido cuando la comunidad euskaldún ha querido salir, gradual y tímidamente, de la discriminación y el ninguneo al que la someten las fuerzas de obediencia española o francesa. Nuestras tímidas reivindicaciones han “resquebrajado” los principios de los amos, y han aumentado las embestidas contra el modelo D (pese a su carácter voluntario).

El empleo público es otra de las obsesiones de estos agentes. Aunque en el sistema público vasco la lengua obligatoria para el 100% de los puestos de trabajo es el español (el francés en Iparralde), y la exigencia de cierto nivel de euskera (de entre cuatro niveles) afecta en torno a solamente el 60% de los puestos públicos de la CAV (en Iparralde a ninguno) lo cual impide garantizar la atención y más aún poder trabajar en euskera, pero las inefables acusaciones de imposición del euskera son estridentes, tanto por parte de la derecha como de la izquierda estatal.

El PSOE de López Basaguren, como el PP, Vox, o la izquierda estatal, cree que la comunidad euskaldún NO debe crecer más; en todo caso debería “fortalecerse” en su medida actual, y si acaso, aumentar en un nº “razonable” y siempre de forma voluntaria, y es que el monopolio de la imposición, como el de la violencia, lo tienen el estado español (y el francés…). Todo lo demás sería “irreal”, “impositivo”, “voluntarista” … Y cuidado, que de todo esto nos avisa la “intelectualidad” progre, que nos advierte, además, de un cambio generacional desfavorable y de las consecuencias de la inmigración, a la que no se debería pedir que aprenda euskera (¡qué ocurrencia!), pero a la que exigen hablar español.

Debemos repensar la política lingüística de forma realista y ambiciosa, siquiera para garantizar la supervivencia de nuestra comunidad.

Claro está, sería sin duda un camino más realista avanzar sin más demora hacia la independencia, única fórmula posible conocida que nos permitiría mirar al futuro con esperanza, quitándonos de encima el pesado e insidioso lastre que suponen los estados español y francés, de tradición y vocación colonialista incurables.