Protege lo que de verdad importa: coloca una alarma en las políticas de vivienda

Decía Noam Chomsky que “el cuadro del mundo que se le presenta a la gente no tiene la más mínima relación con la realidad, ya que la verdad sobre cada asunto queda enterrada bajo montañas de mentiras”. Corren tiempos difíciles. Vivimos inmersas en una pandemia mundial que nos ha instalado en una incertidumbre casi rutinaria y que ha dejado al descubierto las desigualdades ya existentes que algunos sólo buscan resolver con frases épicas, intercambios de reproches impostados y agitaciones sobreactuadas de banderas y mascarillas de diferentes colores.

Y en este estado de shock constante siempre ha funcionado muy bien el bombardeo y esparcimiento de bulos para crear alarma social y que después, cuando las falsas premisas están instaladas en la sociedad con la ayuda inestimable de algunos medios de comunicación, salgan los de siempre con soluciones que casualmente benefician a algún grupo de poder y con propuestas salvadoras a problemas que son más ficticios que reales… Sin olvidar que al mismo tiempo recortan nuestros derechos mientras otras cuestiones de calado se diluyen. Es un clásico que pocas veces falla, miente y repite tu mentira incesantemente que algo quedará...

Aplicando esto al mal llamado fenómeno de la okupación, desde hace unos meses este parece ser el verdadero problema que según algunos partidos y muchos medios de comunicación azota a la sociedad. ¿Existe el problema o lo han creado?

En primer lugar, no hay tertulia televisiva o radiofónica que se precie que no cuente con algunas de sus participantes criminalizando y demonizando la okupación. Son constantes y recurrentes los reportajes alarmistas que nos han hablado de la inseguridad existente en nuestros barrios ante el crecimiento de asaltos realizados por delincuentes y mafias. Conexiones en directo, un sinfín de testimonios de personas afectadas y un despliegue mediático desorbitado.

Asimismo, prueben a contabilizar los anuncios y espacios publicitarios dedicados a las empresas de colocación de alarmas y videovigilancia. Es imposible no caer a ratos en la duda y pensar que toda persona de bien ha de tener una, porque si no el caos está servido. Nos intentan convencer de que el peligro es real y es inminente desde el sensacionalismo más burdo y segundos después nos ofrecen su producto como la única solución al problema: “Ponga una alarma en su vida y vivirá tranquilo”.

Bienvenidas al negocio de la seguridad privada. Así es normal que la gente crea que existe un problema con la okupación, pero no es verdad. Se trata de banalizar, amontonar medias verdades, descontextualizar y construir relatos que son falsos, pero cómo copan los espacios de información nos los creemos y asumimos con naturalidad.

Para empezar, habría que separar la ocupación con C de la okupación con K. La segunda acción cuenta siempre con una finalidad claramente reivindicativa. El movimiento okupa surge como una forma de canalizar el activismo político (feminismo, anticapitalismo, antimilitarismo, ecologismo, etc…) en los 80 y es mucho más complejo de lo que nos quieren hacer ver. No se trata simplemente de un fin, sino de un medio para poder denunciar situaciones como la dificultad de acceso a una vivienda, las trabas que existen para la emancipación surgidas de una preocupante precariedad juvenil o la reivindicación de un ocio alternativo y empoderador como la cultura.

Un ejemplo claro son los CSOA (Centro Social Okupado Autogestionado) como “la Ingobernable” en Madrid o el barrio de Errekaleor en Gasteiz. Es importante señalar la diferencia que existe entre “estar” en el lugar y “producirlo” colectivamente, es decir, recuperarlo. Lugares como fábricas, estaciones de tren, casas o incluso hospitales abandonados son completamente limpiados, rehabilitados y reacondicionados para sus nuevos usos.

Pero al margen de la mala utilización de las palabras para crear confusión el verdadero problema que se esconde tras este bombardeo constante es el acceso a la vivienda, a todas luces hay un grupo numeroso de gente que no ocupa porque quiere sino porque no tienen donde vivir. La vivienda se ha convertido en la principal causa de desigualdad y exclusión social en Euskadi y es esta cuestión la que nos debería preocupar, es aquí donde deberíamos instalar verdaderamente la alarma. Alarmar de que se está vulnerando de forma continuada el derecho universal a una vivienda digna para todas las personas. Un derecho subjetivo según la Ley de Vivienda, no lo olvidemos.

Nos intentan hacer creer que los okupas son gente aprovechada que no quiere pagar una vivienda como hacemos el resto de la ciudadanía, pero esto no es verdad. La inmensa mayoría de las personas que ocupan lo hacen porque los precios del mercado inmobiliario son muy altos en relación a sus ingresos. Lo llaman y disfrazan como ocupación cuando realmente se trata de especulación.

Mientras nos taladran día y noche con la historia del pequeño propietario al que le ocuparon el piso cuando se fue de vacaciones, lo cierto es que es algo tan poco ocasional que ni siquiera se ha convertido en ningún fenómeno nuevo. La inmensa mayoría de viviendas ocupadas pertenecen a bancos, grandes propietarios, fondos buitre e inmobiliarias.

Para entender que el problema es el acceso a la vivienda hay que fijarse que en los últimos 5 años el precio del alquiler en Euskadi ha subido un 31%, somos la tercera comunidad con los precios de alquiler más caros. Según el Gobierno Vasco 1.044 € de alquiler medio. Pero a esta realidad no interesa tanto darle difusión a bombo y platillo para no generar alarma.

Sin embargo y pese a lo que oímos y vemos en todos los medios de comunicación de enero a junio de 2020 se han producido 108 denuncias por ocupaciones ilegales de inmuebles en Euskadi: 68 en Bizkaia, 27 en Gipuzkoa y 13 en Araba. Lo que supone un descenso del 2,7 % con respecto al mismo semestre del año anterior. Alto y claro, las denuncias no han aumentado, el Apocalipsis Okupa aún no ha llegado. Pero para algunos es más fácil seguir emitiendo proclamas incendiarias que tomar medidas que frenen las subidas del precio de los alquileres y que faciliten el acceso a una vivienda a los sectores más vulnerables de nuestra sociedad.

Sin ir más lejos el Partido Popular en Euskadi y en otras comunidades viene lanzado desde agosto una ofensiva en forma de campaña y recogida de firmas que propone una ley antiokupa que quieren llevar al Congreso. Se les da muy bien servirse del miedo, estigmatizar y culpabilizar a una parte de la población realizando declaraciones como que «Los okupas campan a sus anchas por muchos barrios de la ciudad, donde aumenta la inseguridad y la delincuencia“.

Esta iniciativa se centra en facilitar el desalojo, pero hay que explicar que echar a una persona que no es propietaria de la casa habitual o de una segunda residencia ya es inmediato con una ley de desalojo exprés de 2018, aprobada precisamente por PP y Ciudadanos, pero que casualmente deja fuera del texto los pisos vacíos de los bancos. Populismo de manual: azuzar el miedo de los propietarios retorciendo la realidad e intentando obtener réditos electorales.

No nos dejemos confundir, deberíamos dejar de estar tan preocupadas y entretenidas pensando en llamar a la empresa de alarmas para colocar una en nuestra vivienda y poner más atención a las políticas de vivienda que tenemos. En tiempos de pandemia donde nos recomiendan hasta la saciedad quedarnos en casa, salir lo menos posible de nuestras viviendas, teletrabajar y semiconfinarnos, se han producido en Euskadi 254 desahucios hasta junio de este año. La mayor parte por impagos de alquiler.

Lo que supone más del doble que las denuncias por okupaciones ilegales. Además, hay más de 2.000 personas sin hogar que se encuentran en una situación de emergencia económica y social. “¡¡¡Pii pii pii pii pii!!!!”. Aquí es dónde deberían saltar las alarmas sobre nuestra conciencia, más allá de la insistencia de la propaganda oficial, la amenaza no es el movimiento okupa, lo que provoca verdadera inquietud son las políticas de vivienda y su posterior desarrollo y aplicación.