Acontecimientos diversos someten al movimiento de pensionistas a tensiones permanentes. En Euskadi siguen las secuelas de la huelga del 30 de enero. El lehendakari Urkullu se niega a recibir a quienes la promovieron. La precampaña de las elecciones al Parlamento vasco abre el debate sobre la trasferencia de la gestión económica de la Seguridad Social a Euskadi. A nivel estatal, el Ministro de Seguridad Social desvela en el Pacto de Toledo sus planes para reformar el Sistema Público de Pensiones. Esas medidas centrarán la atención y las actividades de asociaciones y sindicatos. La crisis sanitaria del Coronavirus, que amenaza sobre todo a las personas de mayor edad, puede afectar a las movilizaciones de pensionistas.
En concentraciones de pensionistas como la de Bilbao, se dedican más reproches al Gobierno actual que hace dos años al de Rajoy, pese a ser éste responsable de las medidas regresivas que ahora se exige derogar al Ejecutivo de coalición. En un espacio público tan simbólico como la plaza del Ayuntamiento de Bilbao, se descalifica a todos los partidos, excepto a EH Bildu. Hay quien reclama que se “corrijan 40 años de políticas fascistas”, sin referirse al franquismo. Sobran motivos para preocuparse por esa deriva irracional y antidemocrática. El discurso victimista desmotiva. Se nota en el descenso de la participación. Se entiende el desapego de algunas plataformas. En Barakaldo se ha dicho: “Lo nuestro no es poner y quitar gobiernos, ni ayudar a conseguir que la segunda fuerza política de la CAV sea la primera.”
El entusiasmo que despertó en sus orígenes el movimiento de pensionistas del País Vasco se diluye, mientras pierde entidad al convertirse en eslabón de un proyecto político soberanista. Ocurrió con otros movimientos sociales. Vuelve a suceder porque la izquierda abertzale funciona con la inercia del pasado. El sector más activo, sin ser mayoritario, utiliza al conjunto del colectivo, lo mezcla con la confrontación partidista. El cambio de rumbo comenzó al descartar EH Bildu apoyar las cuentas del Parlamento Vasco del 2019. Había que culpar del fracaso al PNV, se hizo a través del movimiento de pensionistas. El PNV dejó de apoyar las manifestaciones. Con la incorporación a las reuniones de gente de la misma tendencia se rompe el equilibrio entre corrientes. El movimiento sigue siendo asambleario, pero sometido al control de una única organización. Las demás asociaciones se agrupan para no quedar aisladas. Acuden a las reuniones, sin participar en las votaciones. Las decisiones se toman a la búlgara, por aclamación.
La huelga del 30 E en Euskadi y Navarra debilitó al movimiento de pensionistas. Al encargar la convocatoria a ELA y LAB se perdió la autonomía. Quienes impulsaron la huelga proclaman su éxito hasta en el llamamiento del 8 de Marzo. Para una charla sobre la brecha de género de las pensiones se elige como ponentes a la exsecretaria general LAB y a una candidata de EH Bildu. Las plataformas de Santurtzi y de Barakaldo no soportan la presión. Se apartan.
En Barakaldo declaran: “El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia ha dejado de ser unitario y plural. No se respeta la autonomía de las asociaciones y de las plataformas de los pueblos. Todas las comisiones de trabajo están supervisadas por la misma asociación. Se imponen decisiones con mayorías que carecen de representatividad y de legitimidad. Se ha instalado un pensamiento único que responde a intereses partidistas.”
En Santurtzi advierten: “El Movimiento de Pensionistas de Bizkaia sigue una trayectoria contraria a los principios establecidos entre todas las plataformas cuando se creó hace dos años. Sustituir los acuerdos consensuados por votaciones sin criterios de proporcionalidad ni representatividad han roto la unidad, la pluralidad y niegan la autonomía a las plataformas locales. El MPB puede llegar a perder hasta su identidad, pasando a depender de intereses distintos a la defensa del Sistema Público de Pensiones”.
El colectivo Ados.Consenso, que agrupa a las asociaciones de Bizkaia disconformes con esa trayectoria expone: “Los intentos de aislar y desacreditar a las plataformas de pensionistas de Santurtzi y Barakaldo se han intensificado a partir de la huelga del 30 de enero, pese a que ambas plataformas se mantuvieron neutrales, no posicionándose ni a favor ni en contra de la misma. Se advirtió que esa convocatoria de huelga, promovida por un sector del movimiento de pensionistas, además de provocar un conflicto interno, suponía perder la iniciativa y la autonomía, supeditándose a intereses sindicales y partidistas muy específicos”.
El anuncio del inicio de conversaciones, a mediados del año próximo, sobre el traslado de la gestión económica de la Seguridad Social al Gobierno Vasco, desata más alarmas de alcance político que de carácter técnico. Sin poder prever el resultado de las futuras negociaciones, cabe recordar que los estatutos de autonomía son leyes orgánicas integradas en el bloque de constitucionalidad. Pocas objeciones se pueden plantear al respecto.
Ambos gobiernos, el central y el vasco, advierten que la trasferencia prevista no afectará a las prestaciones ni a la unidad de caja. Tampoco repercute en la legislación, que seguirá siendo competencia estatal. Cambia la forma de tramitar cobros y pagos, se mantiene la caja común y la normativa. El reparto sigue siendo solidario e intergeneracional, aunque variará a nivel territorial. Entre las dudas está saber si el déficit de las pensiones de la CAV, cercano a los 4.000 millones de euros anuales, se regulará en el Cupo vasco. Con la Seguridad Social se refuerza el autogobierno, las condiciones serán propicias para impulsar, aún más, los planes de pensiones de empleo (EPSV), producto financiero específico de Euskadi.
Entre las polémicas que ha levantado el traspaso de la Seguridad Social al País Vasco destaca la protagonizada en el Congreso de Diputados por EH Bildu y PNV. Ejerciendo como portavoz del movimiento de pensionistas, la Izquierda Abertzale llevó al pleno, además de la propuesta de una pensión mínima de 1.080 euros, la transferencia de la Seguridad Social. El PNV se abstuvo en la votación. EH Bildu calificó esa acción como “actitud obstruccionista”. El PNV acusó a EH Bildu de “inconsciencia y electoralismo”, al posicionarse en contra las tres derechas.
El Ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, precisó el 5 de marzo en su comparecencia ante el Pacto de Toledo, que la reforma del Sistema Público de Pensiones se tratará en esa comisión parlamentaria, teniendo en cuenta también los acuerdos entre patronal y sindicatos. El sector del Gobierno vinculado a Unidas Podemos desearía que las institucionales escuchasen además la voz de la calle, proclamada en las concentraciones de pensionistas. Hay asociaciones que recelan del Pacto de Toledo y de los compromisos entre empresarios y sindicatos. La Coordinadora Estatal de Pensionistas (COESPE) ha lanzado una ofensiva contra dicha comisión. Es una iniciativa testimonial, pues participan todos los grupos parlamentarios.
Escrivá expone con claridad las claves de su programa: garantizar las pensiones actuales y reducir las futuras, complementadas con planes privados de empresa. El resultado será un sistema de pensiones dual: público - privado. Es un plan que no afecta si se está fuera del mercado laboral. Se alternarán medidas favorables a quienes ya se han jubilado con otras que penalizan las jubilaciones anticipadas. Mientras se sanean las cuentas de la Seguridad Social, liberándola de préstamos indebidos, gastos impropios y otras cargas, se forzará el cumplimiento de la edad de jubilación oficial, fijada en la reforma del 2011. El esquema se parece al de Macron en Francia: penalizar la jubilación temprana y premiar su retraso.
Los planes privados de empresa, pieza clave del nuevo modelo, se basan en la experiencia de las Entidades de Previsión Social Voluntaria del País Vasco. Conviene recordar que en Euskadi se dan dos fenómenos extremos: movilizaciones multitudinarias en defensa de las pensiones públicas y su mayor amenaza. Voces aisladas claman en las concentraciones contra las EPSV, sin formar un coro. Tanto ELA y LAB, sindicatos convocantes de la huelga del 30 de enero, como CCOO y UGT, que no la apoyaron, impulsan las EPSV en la negociación colectiva.
El Ministro Escrivá lanza mensajes tranquilizadores a los pensionistas que ocupan las calles. Confirma la revalorización de las pensiones y anuncia un ingreso mínimo vital que aliviará la penuria de las pensiones más bajas. El Sistema Público de Pensiones no peligra. La Seguridad Social quedará saneada al acabar la legislatura. La incertidumbre acecha a trabajadores en activo que, estando cerca de convertirse en pensionistas, no se movilizan. El futuro debería preocupar todavía más a la juventud. No cabe decir que Escrivá no avisa. Certifica que utilizará tres palancas: 1) con la reforma de Zapatero (2011), avalada por UGT y CCOO, retrasa la edad de jubilación y merma las pensiones, 2) penaliza la jubilación anticipada mientras incentiva prolongar la vida laboral, 3) desarrolla la previsión social complementaria para compensar el empobrecimiento de las pensiones públicas.
El 18 de marzo, a punto de arrancar la campaña de las elecciones al Parlamento Vasco, tendrá lugar en Vitoria/Gasteiz una concentración para reprochar al lehendakari Urkullu que en vez de recibir a quienes promovieron la huelga del 30E, responde con una nota pública sintetizada en este párrafo: “Analizado el contenido de la carta con los responsables del Departamento de Empleo y Políticas Sociales, constatamos que la petición que plantean, reitera la que expusieron en el encuentro que se mantuvo con ustedes el 26 de marzo del pasado año en la sede del Gobierno Vasco en Lakua. De manera directa, les fue transmitida nuestra postura a las inquietudes que presentaron.”
Entretanto, la epidemia de Coronavirus se propaga, siendo la sanidad pública el único recurso fiable con capacidad y recursos para frenarla. La misma función asistencial y protectora vienen cumpliendo durante generaciones las pensiones públicas a nivel económico y social. Si las pensiones privadas se convierten en pandemia, se multiplicarán las pensiones de miseria, disminuyendo el bienestar y la esperanza de vida de quienes las sufran.
*Luis Alejos, sociólogo y pensionista
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