Transcurridos tres años y medio desde que comenzaron las movilizaciones contra las medidas establecidas en 2013 por el Gobierno de Rajoy en materia de pensiones, la derogación de sus aspectos más regresivos no ha sido recibida con agrado por buena parte de las plataformas de pensionistas que lo reclamaban en calles y plazas. Antes de que el 28 de junio se aprobase esa revocación en la Mesa de Diálogo Social, ya se rechazaba el acuerdo. Tan desconcertante reacción requiere un análisis preciso, cuesta imaginar que el objetivo sea cronificar el conflicto.
El resultado de esa negociación ha sido el que tenía que ser. El Gobierno de coalición se había comprometido a invalidar las piezas clave de la reforma de pensiones del 2013: los factores de revalorización y de sostenibilidad que encubrían recortes de las pensiones actuales y futuras. Las plataformas de pensionistas deberían admitir que se ha logrado lo que demandaban, sin que los sindicatos CCOO y UGT se puedan atribuir el mérito de una conquista compartida.
Como en cualquier debate, los aspectos más peliagudos se han dejado para la segunda parte. Será entonces cuando habrá ocasión de enjuiciar la actuación de los sindicatos, que deberán demostrar su voluntad y capacidad negociadora. Entretanto, nada es definitivo, el futuro está en el aire. La portavoz del PP, Cuca Gamarra, indicaba en ese sentido que la mayoría de las medidas de la reforma “no se concretan en absoluto, sino que se posponen”.
Por si queda alguna duda sobre el alcance efectivo del reciente acuerdo, basta conocer la opinión del presidente de la CEOE. El 30 de junio 'Europa Press' lo plasmaba en este titular: “Garamendi dice que le da igual cómo se llame, pero que debe haber un factor de sostenibilidad”. Aclara Garamendi que han seguido las recomendaciones del Pacto de Toledo, y que no puede decir que está en contra del IPC cuando han votado a favor todos los partidos.
Encuentros en la primera fase
En las negociaciones que acaban de concluir se ha abordado una parte de las recomendaciones asumidas por la Comisión del Pacto de Toledo el pasado 27 de octubre, siendo refrendadas por el Congreso de los Diputados el 19 de noviembre. Ha sido por tanto una puesta en escena que representa lo decidido con antelación a nivel político. El inicio de la segunda fase se anuncia para el otoño y su alcance será diferente. Entonces se entrará en contenidos tan espinosos como el factor de equidad y el desarrollo de los planes de pensiones de empleo. Convendría que las plataformas de pensionistas evitasen, de momento, declaraciones apocalípticas, esperando para posicionarse a que el resultado de la confrontación entre patronal y sindicatos determine con qué signo quedará marcada la actual reforma de pensiones.
El factor de revalorización, la raquítica mejora del 0,25%, semejante a una congelación encubierta, impulsó el movimiento de pensionistas, mientras la compleja fórmula del factor de sostenibilidad presagiaba un empobrecimiento de las futuras pensiones. La derogación de ambas medidas, reivindicada por las asociaciones de pensionistas y el conjunto de los sindicatos, siendo asumida por el actual Gobierno, es un logro que merece ser celebrado de modo unánime. Sin embargo, el hecho de que llegue a través de UGT y CCOO, de la misma manera que la suspensión del 0,25% se consiguió con la mediación del PNV en la negociación presupuestaria del 2018, produce frustración en vez de despertar justa satisfacción.
Los sindicatos nacionalistas que compiten con UGT y CCOO en Euskadi, reaccionaron de inmediato al acuerdo. LAB recuerda las acciones conjuntas “con los y las pensionistas de Hego Euskal Herria”, mientras rechaza “los sistemas de complemento de pensiones”, pese a que los impulsa con las EPSV. De paso LAB remarca su alternativa: “No nos podemos quedar mirando a lo que venga de Madrid. Las y los trabajadores vascos no esperamos soluciones desde Madrid. Es totalmente necesario, aquí y ahora, llenar de contenido el proyecto de seguridad social propia y luchar por él. Lo que necesitamos es un sistema de pensiones propio”.
Entretanto, ELA denuncia que la reforma impone más recortes en jubilaciones anticipadas y cálculo de pensiones, precisando: “Esta reforma no da respuesta en absoluto a las demandas planteadas en la huelga general del 30 de enero del año pasado, acordada entre la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria y el Movimiento de Pensionistas”.
Más allá del inevitable recelo mutuo que siempre ha existido entre los movimientos sociales de ámbito laboral y las organizaciones sindicales, las plataformas de pensionistas no perdonan a CCOO y UGT el pecado original de haber respaldado la reforma de pensiones del Gobierno de Zapatero, que en 2011 implantó la ampliación, progresiva y con excepciones, de la edad oficial de jubilación de 65 a 67 años, el periodo de cotización de 35 a 38 años, y calcular la pensión sobre 25 años en vez de 15. El proceso está en vigor, comenzó en 2013 y concluirá el 2027.
Están en juego las retribuciones de las futuras generaciones, que chocan con poderosos intereses financieros
La reforma del 2011, como la del 2013, aunque no lo admitan los dirigentes de UGT y CCOO, se diseñó para reducir el coste de las pensiones del futuro, lo mismo que cualquier otra. Resulta paradójico que, salvo casos aislados, quienes denuncian públicamente la reforma del 2011, no están afiliados a esos sindicatos ni son trabajadores todavía en activo, se trata de pensionistas afectados por las reformas previas de 1985, 1997 y 2006, acatadas entonces sin reparos.
En 1985 el período mínimo de cotización se aumentó de 10 a 15 años, y el tiempo de cálculo para determinar la cuantía de la pensión pasó de los 2 a los 8 años previos a la jubilación. En 1997 se volvió a ampliar de 8 a 15 años el periodo de cálculo de la base reguladora. En 2006 hubo nuevos ajustes, volviendo a modificar el cómputo de los días efectivos de cotización para el cálculo de la pensión. También aumentó la edad límite para la jubilación parcial a 61 años. Algunos colectivos de pensionistas adoptan ahora un papel redentor que no les corresponde. Son los y las pensionistas de mañana quienes tienen que reclamar y defender sus derechos.
La partida se decide en la segunda ronda
Tras la solemne firma el 1 de julio del preámbulo de la nueva reforma de las pensiones en el Palacio de la Moncloa, con rúbrica del Presidente de Gobierno, se da paso a la auténtica negociación. Los sindicatos ya no estarán amparados por ningún compromiso político previo y los empresarios tendrán como aliado nada menos que al Ministro de la Seguridad Social. Toca llenar de contenido tres propuestas del Señor Escrivá: el factor de equidad intergeneracional, la ampliación del periodo de cotización de 25 a 35 años y las pensiones privadas de empleo, referidas todas ellas a las pensiones del futuro, no a las actuales.
Se ha dado plazo hasta el 15 de noviembre para acordar la sustitución del factor de sostenibilidad por otro de equidad intergeneracional. Conforme ha anunciado Garamendi, las asociaciones patronales intentarán recuperar lo esencial de la reforma del 2013, establecida de forma unilateral por el Gobierno de Rajoy. Se basaba en una receta compleja y sofisticada vinculada a la esperanza de vida, diseñada para recortar las futuras pensiones, que en último término dejaba las decisiones en manos del gobierno de turno. Previendo que los sindicatos tengan que hacer concesiones, una fórmula similar sería la menos comprometedora. La nueva denominación, referida a la equidad intergeneracional, suena bien, satisfará a todas las partes. Está previsto que esta medida comience a aplicarse en 2027.
Sobre los fondos de pensiones de empleo, enmarcados en la previsión social complementaria, Escrivá pone como ejemplo las Entidades de Previsión Social Voluntaria (EPSV) del País Vasco. Es un modelo que tanto los partidos PNV y EH Bildu, como los sindicatos ELA y LAB, integran en su proyecto soberanista. CCOO y UGT, que también asumen las EPSV, cuentan con sus propios fondos de pensiones, gestionados en ambos casos por el BBVA. De modo que UGT y CCOO lo tienen difícil para cuestionar la propuesta de Escrivá. Las asociaciones patronales están encantadas, sería el negocio del siglo para las aseguradoras y la banca. De hecho, ya se están repartiendo la tarta. El Economista destacaba el 30 de junio que “las entidades financieras han propuesto al Gobierno la posibilidad de poder crear tantos planes de pensiones de promoción pública como firmas estén interesadas en hacerlo”.
Según Escrivá, el fondo tendrá el respaldo del Estado, la gestión será privada y se adjudicará mediante concurso público. Escrivá especula con que entre 2021 y 2025 el fondo tenga nueve millones de beneficiarios y para 2050 abarque a la generalidad de la población asalariada. Si el modelo a seguir es el de las EPSV de Euskadi, la práctica permite pronosticar los resultados: Será un magnífico negocio para las entidades financieras gestoras. Optimizará el ahorro de las rentas salariales altas, fundamentalmente funcionariado, a costa de las desgravaciones fiscales que aportan el conjunto de contribuyentes. En consecuencia, aumenta la desigualdad social, el reparto de la riqueza es menos equitativo y se debilita el sistema público de pensiones.
Cabe esperar que el plan de Escrivá acabe como el cuento de la lechera. Eso le ocurrió a Unai Rementeria, Diputado General de Bizkaia. En un acto celebrado el 26 de julio de 2018 en el palacio foral, ante 500 invitados Rementeria se dirigió a empresas y sindicatos, señalando “la necesidad de impulsar una EPSV de empleo para todos los trabajadores de Bizkaia”. Ahí quedó la idea. Rementeria no tenía en cuenta que la capacidad de ahorro del empleo precario es nula y que si toda la población asalariada goza de ventajas fiscales, quiebra la hacienda foral.
La ampliación del periodo de cálculo de 25 a 35 años para establecer la base reguladora de la pensión puede que ni se plantee. Especular con esa posibilidad sirve para consolidar y justificar el paso de 15 a 25 años, aceptado por UGT y CCOO en la reforma del 2011.
Las discrepancias llegan al Gobierno
Las pretensiones de Escrivá pueden acarrear un nuevo conflicto entre ministerios. Es lo que se deduce de las declaraciones de miembros de Unidas Podemos. El Secretario de Estado para Asuntos Sociales, Nacho Álvarez, advertía en su cuenta de Twitter:
“A pesar de la valoración positiva del acuerdo, cabe señalar un déficit que habrá que corregir vía Presupuestos: es necesaria una mejora significativa de las pensiones mínimas y pensiones no contributivas. No hay recortes: no se incorpora ninguna referencia a la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de la base reguladora de la pensión. Las pensiones seguirán calculándose con los últimos 25 años, y no con los últimos 35 años cotizados. Esta reforma plantea la sustitución del factor de sostenibilidad por un futuro mecanismo de equidad intergeneracional. Obviamente, no se trata simplemente de cambiarle el nombre: el factor de equidad intergeneracional no podrá suponer recorte en las prestaciones futuras”.
La réplica a las pensiones privadas de empleo llega desde Podemos Euskadi, basándose en la experiencia que aportan las EPSV vascas: “Con la extensión de un modelo similar al conjunto del sistema de planes de pensiones de empleo, Escrivá estaría apostando por un modelo claramente neoliberal de ruptura en la solidaridad intergeneracional. El modelo público de reparto y de prestación definida, que es el modelo de pensiones públicas actual, aún con todas sus deficiencias, pretende no dejar a nadie atrás y promueve una salida colectiva, cosa que no hace este modelo de fondos privados de empresa, un modelo de capitalización individual donde cada uno mira para sí exclusivamente”.
“Desde Podemos Euskadi, partiendo de nuestro conocimiento de las EPSV, se insta a Podemos Estatal a adoptar una posición contraria a las reformas propuestas por el ministro Escrivá en el territorio de régimen común, tanto de los nuevos incentivos fiscales como de la creación de instrumentos de ahorro privilegiado para el funcionariado”.
Cuando se confunde la crítica con el acoso y derribo
La función de los movimientos sociales es actuar como grupos de presión respecto al gobierno, partidos, empresas, sindicatos y cualquier otra institución, incluyendo a la prensa. Esa labor crítica es necesaria para controlar el funcionamiento democrático y evitar los abusos de poder. Es un derecho que se ejerce teniendo en cuenta la realidad social y política, de lo contrario puede resultar un intento desafortunado y contraproducente.
Reclamar la presencia de pensionistas al tratar asuntos que les afectan es un deseo tan loable como inviable. Hay multitud de asociaciones, con metas y métodos de actuación diferentes, la mayoría con nula o escasa representatividad. Nadie posee legitimidad para hablar en nombre de nueve millones de pensionistas. La legislación laboral reconoce esa facultad a los sindicatos mayoritarios. El 24 de junio 'Europa Press' anunciaba que “La Plataforma Sindical Plural pide la paralización de la reforma de pensiones”. La pretensión real de esos sindicatos, algunos más amarillos que el submarino de los Beatles, era colarse en la mesa de negociación.
Cuando se cuestiona con agresividad la acción de un gobierno de izquierdas, coincidiendo con una provocadora ofensiva de la derecha, salen perjudicados los intereses que se dice defender. Artículos de opinión como el publicado en 65Ymás.com: “Consumada la infamia de Gobierno y sindicatos contra las pensiones” o en Kaosenlared.net: “La nueva reforma de las pensiones: una nueva traición a los y las trabajadoras”, carecen de rigor, siembran confusión y desaniman. Se supone que a los autores de esas memorables frases no les agradará que sus opiniones se comparen con las del portavoz de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, cuando califica la reforma de las pensiones como un “ejercicio de trilerismo y ficción contable”.
En vez de enemigos hay que buscar aliados. El objetivo ha de ser resolver el conflicto, no perpetuarlo. Las demandas deben ser pocas y claras. Frenada la amenaza del 0,25%, y de momento del factor de empobrecimiento, toca centrarse en otras reivindicaciones inmediatas: equiparación de la pensión mínima con el salario mínimo y defender el sistema público de pensiones frente a los productos financieros de empleo. Hay que valorar los logros, sin afligirse con el victimismo de la derrota. Cuanto peor mejor es una táctica errónea y desmovilizadora.
La próxima partida de la reforma de las pensiones no es probable que acabe en tablas, pasará a la historia. Están en juego las retribuciones de las futuras generaciones, que chocan con poderosos intereses financieros. Sabemos de qué lado se ponen en la negociación las asociaciones empresariales. En su práctica sindical UGT y CCOO evitan la confrontación. Suelen optar por el mal menor, que con frecuencia es la antesala del peor de los males. No faltarán presiones desde Bruselas. En el Gobierno bipartito habrá de nuevo división de opiniones. A las plataformas de pensionistas les corresponde vigilar el proceso, procurando concienciar a trabajadores y trabajadoras en activo, para evitar que la próxima generación de pensionistas, en vez de progresar pierda bienestar, calidad de vida y derechos sociales.
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