Siete verdades incómodas de la ley vasca contra el cambio climático

El pasado 8 de febrero se aprobó en el Parlamento Vasco la ley de Transición Energética y Cambio Climático. Una ley pactada entre el PNV, PSE-EE y EH Bildu que ha sorprendido a propios y extraños. El abrazo entre Mikel Otero (EH Bildu) y Arantxa Tapia (PNV) tras la aprobación de la ley simboliza el abrazo de la izquierda abertzale al modelo que han defendido el PNV y PSE-EE durante las últimas décadas, en las que, con puertas giratorias incluidas, se ha establecido un marco normativo y político que ha favorecido a las grandes corporaciones energéticas. Un abrazo y pacto claramente electoralista a sabiendas que los medios de comunicación jeltzales y abertzales pondrían sus rotativas en marcha para blanquear esta mala ley y vanaglorariarla como “gran acuerdo” o “política útil” cuando es una ley especialmente útil para las multinacionales. Una norma con verdades incómodas, cuando no mentiras, sobre las que trataré de arrojar luz en siete de ellas. La última es de traca.

Uno. La ley presenta objetivos de descarbonización muy pobres. El objetivo de reducción de emisiones de CO2 en Euskadi será del 33% para 2030 respecto a 1990 cuando la Unión Europea ya propone el 55%. Los firmantes del pacto lo llaman objetivo “ambicioso, pero realista” pero supone la victoria de las tesis liberales frente a las climáticas al priorizar los intereses económicos e industriales respecto a la lucha contra el cambio climático. Nada distinto a la fracasada COP28 de Dubái donde los lobbies volvieron a imponer su marco.

La ley presenta objetivos de descarbonización muy pobres. El objetivo de reducción de emisiones de CO2 en Euskadi será del 33% para 2030 respecto a 1990 cuando la Unión Europea ya propone el 55%

Dos. La norma promueve mercantilizar el suelo rural al posibilitar instalaciones eólicas y solares a cambio de un canon de renovables. A cambio de pagar un canon, ¿el Gobierno y EH Bildu consideran aceptable instalar plantas eólicas en corredores ecológicos o zonas con aves protegidas, o instalaciones solares en los suelos más fértiles para la agricultura? En estas zonas no hay canon que valga, y deberían prohibirse estas instalaciones tal y como propuso Elkarrekin Podemos-IU en sus enmiendas a la ley. Coinciden en esta denuncia los municipios, plataformas ciudadanas, expertos ambientales y un sector agrario levantado en airosas protestas. Zonas en la que además el Gobierno puede imponer estos proyectos a los municipios si los declaran “proyectos de interés público superior” gracias a la Ley de Administración Ambiental, conocida como la 'ley Tapia'. Ahora a la 'ley Tapia' se le suma el 'canon de Bildu'.

Tres. Promover en la ley un 2,5% del presupuesto, un canon de renovables o un fondo climático no garantiza una transición energética justa y democrática ya que es el Gobierno vasco quien recauda y decide el destino de esos fondos. La iniciativa de la izquierda abertzale supone entregar y centralizar en Lakua todo el poder de decisión, sin posibilidad de que los municipios afectados por las instalaciones o la ciudadanía puedan participar en las decisiones. El derecho a decidir, tan promovido por los jeltzales y abertzales, se ceñirá a decidir el lugar para la siguiente manifestación contra los proyectos decididos en Lakua.

Cuatro. La ley es puro 'greenwashing' respecto a la participación pública. Lo acordado en el Pacto Social o las propuestas de las Asambleas Ciudadanas de Cambio Climático no serán vinculantes u obligatorias para el Gobierno, como tampoco el informe anual de un Comité Científico que no aporta nada nuevo a los informes que ya publican AZTI, el BC3 o el IPCC.

Cinco. Las desinversiones en combustibles fósiles sólo afectan a las empresas públicas, no a las privadas. El parlamentario de EH Bildu Mikel Otero ha llegado a decir que con esta ley “se va a echar la persiana a la Sociedad de Hidrocarburos de Euskadi (SHESA)”. Cierto que SHESA puede desaparecer, pero no los proyectos en los que participaba, como el pozo de gas Viura, que tiene como socio a una empresa privada, la petrolera Heyco (USA). El pozo de gas continuará en marcha y emitiendo CO2, pero será 100% privada.

En el caso de la regasificadora Bahía Bizkaia Gas, el Gobierno no tiene tan clara la desinversión, que además supondría una privatización a favor de Enagás. ¿Dónde está la mejora en la lucha contra el cambio climático si la parte privada no desinvierte? Lo que ha hecho EH Bildu es colaborar en privatizar las sociedades público-privadas al mismo tiempo que ha dicho 'no' a la Sociedad Pública de Energías Renovables propuesta por Elkarrekin Podemos-IU en la ley. Los liberales que privatizaron Endesa o Nortegas (PP, PSOE y PNV) estarán contentos.

Seis. La ley es retardista al establecer como “inversión prioritaria” los combustibles alternativos, incluyendo los combustibles sintéticos de Petronor. Expertos y científicos han demostrado que los combustibles sintéticos son la huida hacia adelante de un sector petrolero que retrasa la electrificación y descarbonización de la movilidad porque su negocio son los combustibles. Se lo dijo la Ministra socialista Teresa Ribera a Josu Jon Imaz, e incluso el abertzale Pello Otxandiano denunció en el Fórum Europa las malas inversiones del Gobierno vasco en proyectos demostrados ineficientes por la comunidad científica, poniendo como ejemplo el uso del hidrógeno verde para los combustibles sintéticos de Petronor. Entonces, ¿por qué el PSOE y EH Bildu declaran estos combustibles como “inversión prioritaria” contradiciendo lo que dicen sus propios líderes? Esto es un trágala y una claudicación ante las tesis retardistas de Imaz y el PNV.

Ahora ya existe el marco para librarse de pagar el impuesto a los beneficios extraordinarios y poder recibir fondos públicos. Imaz estará contento

Y siete. Esta ley colabora en eliminar el impuesto a los beneficios extraordinarios de las empresas energéticas. En las negociaciones de los presupuestos con el Presidente Sanchez, el PNV consiguió traer a Euskadi la gestión del impuesto a los beneficios extraordinarios, y ya avisó de que habría bonificaciones y exenciones fiscales si estas empresas invertían en proyectos renovables. Al establecer como “inversión prioritaria” los combustibles sintéticos de Petronor, pero también las plantas eólicas y solares como las de Iberdrola, Solaria o Capital Energy, o los gasoductos con blending de hidrógeno verde de Nortegas, se facilita justificar la exención en el pago del impuesto. Incluso facilita priorizar a estos proyectos los fondos públicos del 2,5% del presupuesto, del canon de renovables o del fondo climático. Asimismo, al incorporar los combustibles sintéticos como inversión prioritaria, le facilitan el “marco regulatorio estable” que exigía Petronor en octubre de 2023 bajo amenaza de frenar su inversión en el electrolizador de 100MW en Muskiz. Ahora ya existe el marco para librarse de pagar el impuesto a los beneficios extraordinarios y poder recibir fondos públicos. Imaz estará contento. Luego algunos dirán que “no hay que equivocarse de trinchera”. No, algunos no lo hacemos.