La confirmación de que los restos hallados en el vertedero de Zaldibar corresponden a Alberto Sololuze, uno de los dos trabajadores sepultados en el trágico derrumbamiento del vertedero de Zaldibar supone un gran alivio para su familia y demás allegados. Después de seis meses y medio absolutamente insufribles, les permitirá iniciar por fin el duelo y darle un destino digno para su ser querido. La localización de Joaquín Beltrán, la otra víctima del derrumbe, debe ser la labor prioritaria en estos momentos.
Sin duda, el hallazgo de los restos humanos de Alberto Sololuze han puesto una vez más de actualidad la grave catástrofe medioambiental, humana y social que ha sido el derrumbamiento del vertedero de Zaldibar, cuyo origen ha de ser aclarado hasta sus últimas consecuencias y depuradas las responsabilidades existentes a todos los niveles.
Todo parece indicar que la responsabilidad de la empresa Verter Recycling como propietaria del vertedero de Zaldibar es directa y máxima, y deberá rendir cuentas de todo ello. Pero, detrás de la catástrofe de Zaldibar se vislumbra un cúmulo de negligencias en el control y la vigilancia de un vertedero sobre el que los trabajadores venían advirtiendo de la existencia de grietas en la estructura de la gigantesca montaña de residuos, entre ellos materiales potencialmente nocivos como el amianto u otros. Las siete inspecciones realizadas por el departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco no detectaron nada problemático en sus instalaciones, y en la última de ellas, realizada los días 10 de junio y 10 de julio de 2019 para comprobar el grado de cumplimiento de las condiciones de su AAI (Autorización Ambiental Integrada), se recogieron en un informe un total de 23 desviaciones, aunque ninguna de ellas graves, que se consideraron como “poco relevantes”. Sin embargo, el 6 de febrero de 2020 tuvo lugar la que se ha considerado la mayor catástrofe medioambiental que ha existido hasta la fecha en Euskadi.
El respeto a la verdad y a la memoria de los dos fallecidos obliga a esclarecer hasta las últimas consecuencias las circunstancias del derrumbamiento del vertedero de Zaldibar que no fue accidental, aunque lo tendrá que determinar el juzgado que investiga el caso, sino fruto de la desastrosa y nefasta gestión del vertedero que hizo la empresa propietaria, y el departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco deberá esclarecer por qué las inspecciones realizadas no detectaron riesgo alguno para su estabilidad, lo que sugiere o insuficiencias en las tareas control y seguimiento que por ley le corresponden, o la necesidad de una normativa más exigente.
La catástrofe medioambiental del vertedero de Zaldibar ha puesto también en primer plano que la gestión de los residuos requiere un cambio radical de rumbo. La defensa del medio ambiente, y en este caso de los residuos, debe de hacerse de forma responsable de acuerdo a criterios preventivos, ambientales y públicos, y no a criterios exclusivamente económicos.
Vivimos en un mundo finito, en donde la materia no se crea ni se destruye. Hablar de eliminación de residuos es falso. Depositar residuos en un vertedero debería estar sujeto a unas mínimas condiciones de gestión y control. Es necesario, aunque no suficiente, que tanto la gestión como el control sean públicos, en donde el coste de la operación incluya los costes ambientales, cosa que no ocurre.
El derrumbe del vertedero de Zaldibar indica que, en la Comunidad Autónoma del País Vasco, y se podría decir en el conjunto del Estado español, se gestionan los residuos industriales en “vertederos de bajo costo”.
En realidad, en un vertedero no se eliminan los residuos, sino que se esconden. Al verterlos, los echan en un hueco y los tapan con tierra, es decir, se entierran. Pero el residuo permanece y una vez clausurado un vertedero, hay que controlar el residuo durante 30 o más años, porque es un vertido vivo que sigue emitiendo gases y tiene impacto medioambiental. Sin duda, se trata de deshacerse de la basura de la peor forma posible. Es la última de las opciones contempladas en la jerarquía comunitaria de gestión de residuos, que pasa por este orden, por la reducción, reutilización, reciclaje, valorización energética o incineración, y vertido.
Por tanto, es obligado un cambio de rumbo en la política de gestión de los residuos, y en este sentido, es necesario caminar hacia la reducción de residuos, a la reutilización, y al reciclaje. Hay que acabar con los productos de usar y tirar. Hay que producir artículos y materiales que tengan una vida más larga -acabar con la obsolescencia programada-; que se fabriquen en su práctica totalidad con materiales reciclados.
En Euskadi, hacen falta menos vertederos, y ninguno como el de Zaldibar, y más infraestructuras de tratamiento de residuos, con plantas de separación de residuos, de reutilización, de reciclaje…Además, de apostar de forma decidida por la Economía Circular, pero definiendo requisitos exhaustivos de diseño circular para todos los productos. Estos requisitos han de asegurar la durabilidad, reutilización, reparación y reciclabilidad de los productos, asegurando la no toxicidad de sus materiales y el uso de recursos sostenibles.
Sin duda, la política de gestión de residuos deberá ser una de las prioridades más importantes en el terreno ambiental a abordar en la próxima legislatura, que se iniciará en unas semanas.
*Julen Rekondo es experto en temas ambientales, Premio Nacional de Medio Ambiente y Premio Periodismo Ambiental 2019
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