El Constitucional estudiará si GuraSOS tiene legitimidad para luchar contra la incineradora de Gipuzkoa en tribunales

El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite un recurso de amparo presentado por GuraSOS después de que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) considerase que la asociación carece de “legitimación activa” para participar en los tribunales en casos que guarden relación con las instalaciones de la incineradora de Zubieta, en Gipuzkoa. GuraSOS lleva años denunciando “graves incumplimientos” en materia de contaminación. El recurso de la asociación contra la incineradora lo tumbó también el Tribunal Supremo en noviembre de 2021, pero ahora el Constitucional vuelve a abrir la puerta al considerar que se ven afectados derechos fundamentales y que es necesario que intervenga al no existir doctrina previa. GuraSOS celebra la admisión a trámite como reflejo de la importancia del caso, al subrayar que tan solo uno de cada cien recursos presentados en amparo llegan a esta fase.

El Tribunal Constitucional, en un escrito fechado el 6 de mayo, subraya que aprecia “que concurre [...] una especial trascendencia constitucional porque el recurso plantea un problema o afecta a una faceta de un derecho fundamental sobre el que no hay doctrina de[l] Tribunal”. Insta, asimismo, al TSJPV a remitir copia de todas las actuaciones relativas a este caso en el plazo de diez días para poder estudiarlas. ¿Qué supone este movimiento? GuraSOS alberga “la esperanza de que el tribunal de garantías termine corrigiendo al TSJPV y a las administraciones vascas”. Subrayan, además, que el Constitucional habrá de determinar quiénes pueden participar en procesos contencioso-administrativos tanto en materia ambiental como urbanística.

Primero el TSJPV y luego el Supremo en 2021 declararon inadmisible un recurso contencioso-administrativo de GuraSOS contra la autorización ambiental concedida a la incineradora de Zubieta por carecer de legitimación. La asociación hizo hincapié en que el Supremo no entró en ningún momento a analizar el fondo del asunto. La incineradora forma parte de un complejo mayor, el denominado CMG-I, y está gestionado por el organismo foral GHK (Consorcio de Residuos de Gipuzkoa) a través de la concesionaria privada Ekondakin.

“Sólo resta conocer cuál va a ser la actitud de las instituciones vascas (Gobierno vasco, Diputación de Gipuzkoa y GHK), si seguirán empecinados en defender ese retroceso en los derechos fundamentales del medio ambiente y el acceso a la Justicia y se expondrán al varapalo que a sus retrógradas y ultraliberales tesis puede imponer el Tribunal Constitucional o por el contrario, como esperamos, sepan recapacitar y corregir su actitud, empezando por no personarse ante el Tribunal Constitucional defendiendo la falta de legitimación de la ciudadanía para recurrir sus actos”, ha avanzado GuraSOS en una nota publicada este miércoles al conocerse la admisión a trámite del recurso por parte del Constitucional.

Precisamente el presidente de GHK y diputado foral guipuzcoano de Medio Ambiente, José Ignacio Asensio, fue muy duro contra GuraSOS en una entrevista en 'El Diario Vasco'. Aseguró que ha denunciado y denunciado sin éxito ante los tribunales y que siempre ha perdido y que recalcó que un informe demuestra que la incineradora no es contaminante. En paralelo, Asensio afronta una investigación penal por el envío de unas 5.500 toneladas de lixiviados del CMG-I a una planta de Artajona, en Navarra.