La implantación de la huella digital en Lanbide divide al Parlamento

La implantación de la huella digital en Lanbide como medida de identificación entre sus trabajadores y, sobre todo, entre los usuarios del servicio, principalmente solicitantes de renta de garantía de ingresos, divide la calse política y también a la sociedad. Ahora ha sido el Parlamento vasco el que no ha logrado aprobar ninguna iniciativa en torno a la huella digital, ya que ha rechazado las distintas propuestas presentadas por Elkarrekin Podemos (en contra de la implantación), los grupos del Gobierno (favorables a la medida) y el PP.

Podemos ha planteado una moción para que se paralizase el proyecto piloto puesto en marcha en diez oficinas de Lanbide para la identificación de los usuarios a través de datos biométricos. Respecto a esa plan piloto, la directora de la Agencia Vasca de Protección de Datos, Margarita Uria, ya señaló en su día que los afectados deberán dar un consentimiento expreso para que la Administración almacene esos datos biométricos y haga uso de ellos. Por lo tanto, deberían existir fórmulas alternativas de identificación, como una tarjeta, para aquéllos que rechacen la identificación mediante rastros dactilares. EH Bildu apoya la postura de Podemos, que también

reclama un informe de impacto sobre este sistema y una normativa específica que lo regule.

Por su parte, a través de una enmienda a la totalidad PNV y PSE-EE reclamaban un protocolo específico para la implementación de estas medidas de identificación, así como que la Agencia Vasca de Protección de Datos se posicione con un informe sobre el cumplimiento de la normativa de protección de datos en Lanbide.

Y el más radical en su propuesta es el PP, que pide la implantación de la huella y el cumplimiento de las previsiones legales en el área de protección de los datos personales.

El desacuerdo podría dejar en nada una medida que el Departamento de Empleo y Políticas Sociales quiere que sea obligatoria para todos los parados y los perceptores de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI). Para que vea la luz será necesario que se apruebe la nueva ley que regule la RGI, una prestación social gestionada por Lanbide.

Para Podemos, “se toman más medidas de identificación en Lanbide que en la cárcel”, al asegurar que también se está utilizando el reconocimiento facial, posibilidad de identificación biométrica recogida en el acuerdo de 2017 entre Lanbide y el organismo de certificación digital Izenpe sobre sistemas de firmas para las administraciones públicas.

Para el PNV se trata de unos sistemas “ágiles” y “modernos”, mientras el PSE insiste en que la huella digital se atiene a la normativa de protección de datos personales.