Los grupos negocian declarar ilegal la Ley favorable a las inmatriculaciones de la Iglesia
El debate sobre la inmatriculación de bienes por parte de la Iglesia, que iba a celebrar el Pleno del parlamento vasco se ha pospuesto unas semanas. Las formaciones se muestran favorables- a excepción del PP que de momento no se ha posicionado- a eliminar el privilegio legal que ha permitido a la institución católica hacerse con la titularidad de innumerables propiedades, muchas de dominio público. El caso más sonado es el de la mezquita de Córdoba.
EH Bidu, PSE, PNV y UPyD han plasmado su respaldo a la eliminación de esta ventaja para las diócesis en las enmiendas presentadas a la propuesta de la coalición de la izquierda abertzale, propulsora de la iniciativa. EH Bildu aspira amás. Quiere consensuar con el resto de los grupos medidas de mayor calado que la mera supresión de esa rentable concesión. Negocian que de la Cámara vasca salga una petición de declaración de inconstitucionalidad de la actual ley Hipotecaria, vigente desde 1946, y de su artículo 206.
'Amnistía registral'
Ese apartado, junto con el Reglamento que lo desarrolla, es el que permite a los obispos poner a su nombre viviendas, casas, tierras e iglesias sin demostrar que son los propietarios de todo ello. Son normas además preconstitucionales, que entran en colisión con los principios de igualdad ante la ley y aconfesionalidad que reconoce la Carta Magna. Los obispos equivalen a fedatarios públicos y no han de demostrar con documentos la propiedad de los bienes inmuebles, como se le exige a cualquier ciudadano para ponerlos a su nombre.
El Gobierno ya presentó la reforma del polémico artículo, el 206 de la ley hipotecaria de 1946, pero con trampa. En la modificación no declaran inconstitucional la norma. Solo derogan el artículo, le dan una prórroga a la Iglesia, ya que la ley entrará en vigor un año después de su publicación de la ley en el Boletín Oficial del Estado y no establecen carácter retroactivo.
Así que en la práctica, lo adquirido hasta el momento por la Iglesia seguirá en sus manos. Se consolida la “amnistía registral”, es decir, que todo lo registrado por los obispos sin aportar documentos de propiedad y, en muchos casos, ante el desconocimiento de la gente, permanecerá así para siempre.
PNV y PSE se lo piensan
De ahí el esfuerzo de los grupos de la Cámara vasca en acordar la petición de inconstitucionalidad, que convertiría esos bienes “usurpados al pueblo” por la institución católica en ilegales. Alcanzar ese pacto entraña complicaciones. Mientas EH Bildu apoya sin ambages la petición de insconstitucionalidad, el PNV tiene dudas y el PSE lo sopesa. Si se liman estas asperezas y se lograr la declaración, se abre una puerta para que los ciudadanos y los Ayuntamientos afectados reclamen el patrimonio con mayor respaldo legal.
Para explorar las alternativas existentes y conocer de primera mano las posibilidades de actuación, la plataforma en Defensa del Patrimonio Navarro comparecerá en en la Cámara vasca a petición de EH Bildu en dos semanas aproximadamente. En un mes el Pleno de la Cámara abordará el debate, muy vivo estos días en el Congreso de los Diputados. Allí, representantes de cuatro colectivos ciudadanos en defensa del patrimonio histórico pidieron apoyo a los diputados para presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el artículo 206 de la Ley Hipotecaria. Necesitan la firma de al menos 50 diputados o senadores como aval mínimo para elevar el recurso de inconstitucionalidad ante el TC.
el Gobierno eliminará esta situación especial y la Iglesia tendrá que realizar los mismos trámites que un particular para inscribir un bien.
