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Los grupos parlamentarios piden la lista de bienes inmatriculados de la Iglesia

La Cámara vasca debatirá también, a iniciativa de EH Bildu, si el Gobierno vasco debe implicarse y cómo en la recuperación de los inmuebles de la Iglesia que no disponen de titularidad justificada.

Todas las formaciones, excepto el PP, reclaman la derogación de las artículos de la Ley Hipotecaria que permiten a los obispos apropiarse de casas, solares y demás patrimonio no registrado con anterioridad.

Navarra es la única comunidad que consiguió en el año 2008 la relación de estos datos reclamados ahora desde Euskadi.

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Todos los grupos del Parlamento vasco, a excepción del PP, han mostrado en las enmiendas presentadas para el debate sobre las inmatriculaciones de la Iglesia, su interés por hacer público el listado de propiedades inmatriculadas de la institución católica.

Durante años, la Iglesia ha puesto a su nombre casas rectorales, atrios, solares, pisos o tierras que pertenecían a los pueblos y que nunca antes se registraron. El primero que registra un bien que hasta ese momento no tenía propietario, se convierte, a la larga, si nadie lo cuestiona, en su dueño. Y la Iglesia, al parecer, ha sido muy rápida al actuar en el ya bautizado por algunos, como maratón de las inmatriculaciones. Ha procedido amparada por al art. 206 de la Ley Hipotecaria y al art. 304 del Reglamento Hipotecario. Estas normas equiparan a los obispos a otros funcionarios públicos de las diferentes administraciones a la hora de certificar que un bien es suyo.

Euskadi no ha sido es una excepción en esa carrera inmobiliaria. Han aprovechado ese privilegio y son muchos los bienes que atesoran las diócesis aunque los datos exactos y oficiales no han salido a la luz.

A iniciativa de EH Bildu, la Cámara vasca podría instar al Gobierno a que exija el Ministerio de Justicia o en su caso a los Registradores de la Propiedad, que destapen esa información oculta hasta ahora. Voluntad política hay, todas las formaciones reflejan ese interés por descubrir la relación de bienes en sus enmiendas. Lo que está por ver es el grado de implicación que reclama cada grupo al Gobierno en los posibles procesos de recuperación de los inmuebles que emprenda la ciudadanía.

Inversiones realizadas por la Iglesia con fecha y cuantía

Mientras el PNV habla en su enmienda a la totalidad de un mero asesoramiento, y no ejercido desde el Gobierno sino de las Diputaciones, hacia las entidades locales decididas a iniciar la reconquista de bienEs, desde las filas de la izquierda abertzale exigen más. Aspiran a que el Ejecutivo "participe de forma activa" y adopte las iniciativas legales necesarias "para devolver al pueblo lo que es suyo". En su propuesta EH Bildu también pide que una vez obtenida esa información, se haga un informe de las inversiones realizadas por la Iglesia con fecha y cuantía.

Todas las formaciones, excepto el PP, que no ha mostrado su posicionamiento, reclaman también la derogación de las artículos de la Ley Hipotecaria que permiten a los obispos apropiarse de casas, solares y demás patrimonio no registrado con anterioridad.

Navarra es la única comunidad que consiguió en el año 2008 la relación de estos datos reclamados ahora desde Euskadi. El grupo Izquierda-Ezkerra solicitó esa información a la presidenta del Parlamento autonómico. Entonces era la socialista Elena Torres. La presidenta cursó la petición al Ministerio de Justicia, presidido en ese momento por el también socialista Mariano Fernández Bermejo. Justicia trasladó el requerimiento a los registros de la propiedad correspondientes y, en cuatro meses, se obtuvo la respuesta: 1.087 bienes inmatriculados entre 1998 y 2007, de los cuales, un 80% son lugares de culto. No obstante, la información estaba incompleta ya que el Registro de la Propiedad número 3 de Pamplona se negó a proporcionar lo concerniente a su servicio.

En otros intentos posteriores, el Ministerio de Justicia se declaró no competente y después aseguró que la responsabilidad de la publicidad de los datos es de los registradores. El Ministerio critica la manera en la que se obtuvo el listado navarro. Sostiene que no era el procedimiento ajustado a derecho y que prueba de ello fue, que uno de los registradores se negó a colaborar. El Colegio de Registradores de la Propiedad en estos casos sostiene que cada registrador tiene la facultad de elegir si proporciona o no esta información. Para unos puedes prevalecer el derecho a la información sobre la protección de datos y al contrario.

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