El Poder Judicial denegó al magistrado González Saiz que fuera a la vez vocal de la comisión de control de la Policía vasca
La comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) denegó en marzo la compatibilidad solicitada por el magistrado José Antonio González Saiz para simultanear sus funciones al frente de una de las salas de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco con su designación como vocal de la comisión de control y transparencia de la Policía vasca, un organismo dependiente del Gobierno vasco y que investiga operativos policiales controvertidos. Todavía hoy, no obstante, González Saiz sigue figurando como uno de los miembros de esta comisión en su página web oficial ya que mantiene recurrida esta decisión.
Este asunto tiene su origen en la renovación de la comisión de control decidida a finales de 2025 tras el final de la etapa anterior, con el magistrado Juan Luis Ibarra como presidente, que asumió el cargo una vez terminada su carrera judicial. El Consejo de Gobierno lanzó una batería de nombres y, entre ellos, aparecía el del juez González Saiz. En aquel momento, este periódico ya indicó que procedía de una sala especialmente dura con algunas resoluciones del Gobierno vasco y que recientemente incluso había promovido una cuestión de inconstitucionalidad en torno a las exigencias de euskera.
Los nombramientos, formalmente, salieron del Consejo de Seguridad Pública de Euskadi, un órgano asesor presidido por el consejero de Seguridad, Bingen Zupiria. En el caso del magistrado, las fuentes consultadas indican que es el representante del Consejo General del Poder Judicial allí y que, cuando se valoraron las nuevas designaciones, él mismo se propuso para ocupar una vocalía en la comisión de control.
A finales de febrero, dos meses después del nombramiento y un mes después de una primera reunión en la que Enrique Lucas fue elegido como nuevo presidente de la comisión, el Consejo General del Poder Judicial sacó del orden del día de una reunión una “solicitud” de González Saiz en la que pedía “autorización de compatibilidad” para su nuevo puesto. Se pospuso la decisión para otra reunión, en este caso de la comisión permanente del órgano de Gobierno del poder judicial. Se celebró en marzo y, en ella, según consta en acta, el Consejo General del Poder Judicial decidió “apartarse” del visto bueno concedido por el Servicio de Personal Judicial y acordó “denegar” la “autorización” al magistrado. La decisión venía sustentada en la existencia de un informe del presidente del Superior vasco, Iñaki Subjiana, del que no se dan detalles, y por la “naturaleza y funciones” de la comisión, con temas que podrían suponer “controversias” relacionadas con sus funciones jurisdiccionales.
La resolución del CGPJ no es firme. Como se recogía en el acta, cabían dos recursos, uno ante el plenario del organismo y otro ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en este caso ante una sala del Supremo. Fuentes judiciales indican que González Saiz hizo uso de su derecho y mantiene recurrida la medida. También pidió que cautelarmente, hasta que no llegase un pronunciamiento en firme, pudiera continuar como vocal, aunque nunca recibió respuesta. Ahora mismo no participa en las reuniones de este organismo de control policial, añaden estas fuentes.
Hace unos días, el juez González Saiz fue el ponente de una sentencia que tumbó el decreto que regulaba las exigencias de euskera en la Administración, atendiendo un recurso de Vox. Se da la circunstancia de que aquel decreto lo impulsó el consejero Zupiria cuando era responsable de Cultura, antes de ocuparse de la cartera de Seguridad. La resolución afea al Gobierno que aprobara el reglamento sin una memoria económica adecuada. Fuentes de Seguridad aseguran que no tienen constancia alguna de notificaciones sobre la incompatibilidad del vocal. La comisión de control, de su lado, no ha respondido a las preguntas de este periódico, aunque en sus actas más recientes nada se indica de un posible cambio en su composición.