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ENTREVISTA Jurista e investigadora

María Naredo: "Las víctimas y sobrevivientes de violencias sexuales han visto una ausencia clamorosa de política pública en este país"

Maria Naredo

María Naredo, (Madrid, 1970) es una jurista e investigadora española especializada en violencia machista. En 2017 fue nombrada Directora General de Prevención y Atención frente a la Violencia de Género del Ayuntamiento de Madrid y es una de las redactoras de la Ley Orgánica de garantía de la libertad sexual del Ministerio de Igualdad. Naredo ha sido una de las ponentes de las Jornadas Memoria Eraikiz sobre la Memoria de mujeres víctimas y sobrevivientes de violencias machistas de Mugarik Gabe, que han tenido lugar el 22 y 23 de octubre en Bilbao. En ellas, se ha reflexionado sobre la importancia de la memoria para reivindicar el derecho a la verdad, justicia y reparación. 

Para esta jurista el problema de la reparación a este tipo de víctimas reside en que el Estado "ha tardado demasiado en entender que la violencia machista es una violación de los derechos humanos y en contextualizarla como tal" y esta situación lleva a que actualmente la libertad sexual "siga sin estar garantizada en España". Según señala, una víctima de violencia sexual a la hora de interponer una denuncia en España tiene que pasar por el mismo cauce administrativo y judicial que una víctima de un robo o una estafa, algo que considera un error, puesto que, en su opinión, este tipo de víctimas deberían contar con un sistema de Justicia especializado para ellas porque "la protección de los derechos humanos, de las mujeres que viven esta violencia, tiene que tener una política pública específica".

En su ponencia en las Jornadas Memoria Eraikiz de Mugarik Gabe ha realizado un análisis jurídico del derecho a la reparación de las violencias machistas. ¿En qué se ha basado?

En los estándares internacionales de los derechos humanos. Lo importante en este sentido para hablar del derecho a la reparación es enmarcar las violencias machistas como grave violación de derechos humanos. A partir de ahí surge todo ese marco de obligaciones del Estado que acompaña a las violaciones de derechos humanos. El derecho a la reparación es un derecho fundamental en ese marco. Lo que pasa es que es cierto que en el estado español se ha tardado tiempo, no desde luego desde desde los movimientos feministas, pero sí desde las instituciones en entender que la violencia machista es una violación de derechos humanos y en contextualizarla como tal. Incluso a día de hoy, el derecho a la reparación sigue ausente de la práctica totalidad de normativas estatales y autonómicas, con alguna excepción, como puede ser la ley navarra de 2015.

¿Y por qué considera que se está tardando tanto tiempo?

Fundamentalmente porque yo creo que ha habido una visión de las violencias machistas no como violación de derechos humanos, sino desde el punto de vista de asistir a las víctimas, de proveerles asistencia antes que de reconocerlas como sujetos de derechos. Las mujeres víctimas y sobrevivientes de la violencia machista son titulares de derechos y las instituciones son titulares de deberes obligadas a garantizar esos derechos. Reconocer esto ha costado mucho y por eso se venía trabajando más desde el punto de vista de la asistencia, de la prevención y de una justicia poco adaptada a las necesidades de las víctimas, más entre comillas punitivista, paternalista. La reparación es todo lo contrario, es poner el foco en la discriminación estructural de las mujeres, en reclamar sus voces y a partir de ahí garantizar los elementos de la reparación. En la parte material, la reparación consistiría en una compensación económica, en la restitución material en situaciones de empobrecimiento, donde las víctimas están empobrecidas o ha habido un déficit de autonomía económica, de vivienda, etc. En la parte emocional, consistiría en una recuperación emocional. También hay una parte simbólica en la que se debería analizar dónde quedan las voces de esas mujeres, dónde nos situamos como sociedad o como Estado frente a todo esto y ahí estaría toda la parte de homenajes, de memoria, etc...Toda esa línea también de reparación que entronca con las políticas de memoria. 

¿El confinamiento ha agravado la situación de violencia machista en los hogares?

Las violencias machistas, como sabemos, tienen muchos escenarios, no solamente los hogares, también el espacio público o los lugares de trabajo o de estudio. Evidentemente en los lugares cuando ha habido confinamiento extremo que no se podía salir de casa, claramente las mujeres que vivían la violencia machista a manos de familiares, especialmente de sus parejas, han visto cómo aquello se agravaba y sí, evidentemente sobre todo los datos -no tanto de denuncias, porque evidentemente ya formalizar una denuncia es un acto difícil en condiciones normales, pues en situación de confinamiento aún más- como llamadas a los teléfonos de información, al 016, consultas online, se ha disparado realmente, se ha incrementado muchísimo en el confinamiento. 

Las violencias machistas vienen estando absolutamente arraigadas a nuestra sociedad en todos los ámbitos de la vida de las mujeres

¿Las instituciones como el Gobierno o los ayuntamientos han estado a la altura a la hora de proteger a estas mujeres?

Se han tomado medidas, pero no siempre con la misma intensidad ni de la misma manera. Es evidente que hay muchas víctimas a las que aún no se ha llegado, no solamente en el ámbito del hogar. Sí se han tomado medidas por parte de comunidades autónomas, ayuntamientos o también el propio Ministerio, pero aún así el reto no es tanto durante el confinamiento, que también, lo fue y probablemente pudo haber más medidas aún, sino sobre todo en la propia desescalada, donde ha habido otros desafíos como precisamente los agresores que sentían que perdían ese control. Y ha habido asesinatos, ha habido más violencia. No se trata de un escenario tan distinto al escenario de no pandemia. Las violencias machistas vienen estando absolutamente arraigadas a nuestra sociedad en todos los ámbitos de la vida de las mujeres y ahí sigue el desafío o los múltiples desafíos. ¿Que la pandemia nos ha puesto frente a nuevas situaciones y nuevos retos? Es evidente, pero yo creo que el contexto es el mismo. Me parece que son importantísimos los datos de la macro encuesta de 2019 que se plantean que la mayor parte de las mujeres no acude a las instituciones y la mayor parte de las mujeres no pide ayuda. Creo que eso interpela a las instituciones de una manera prioritaria. 

¿Y qué podrían hacer las instituciones para que las mujeres acudiesen a ellas?

Hay algo fundamental, que es la apertura de puertas. Es decir, que no haya una una única puerta o un único itinerario, la visión de un recorrido tipo y de unos requisitos, sino más bien que cada mujer recorra el camino que recorra, encuentre puertas y donde las instituciones estén a la altura, estén reconocido y garantizando derechos. Que no sea necesario interponer una denuncia para poder acudir a recursos, a servicios o a ayudas económicas o de vivienda, eso es algo fundamental y todavía hay trabas ahí. O la cuestión de los hijos e hijas, que ocurre con los otros niños y niñas que están conviviendo en entornos de violencias machistas o que están siendo abusados. Yo considero que es fundamental identificar a esos niños y a esas niñas mucho más allá de la denuncia. El Estado es mucho más que los jueces y la policía. El Estado también es sistema educativo, el sistema sanitario, el sistema social...Y ahí, a mi juicio falta bastante recorrido para abrir esas puertas y estar donde las mujeres están no pedirles que vayan a donde no quieren ir.

Usted es una de las redactoras de la Ley de Libertad Sexual. ¿Por qué es necesaria una ley como esta?

Porque actualmente la libertad sexual sigue sin estar garantizada en España. La libertad sexual es un bien jurídico es un derecho fundamental, pero sigue sin tener un correlato de medidas. Las víctimas y sobrevivientes de violencias sexuales han visto una ausencia clamorosa de política pública en este país para garantizar la prevención, la detección, la atención integral, la justicia y la protección especializada y también la reparación. Esta ley lo que hace como ley integral que es abrir por fin el abanico de derechos de estas víctimas a través precisamente de medidas efectivas que estaban ya tardando muchísimos años en llegar. 

Que las víctimas de violencia machista en la pareja o ex pareja tengan recursos de atención e información 24 horas y las víctimas de violencias sexuales no tengan ni información 24 horas, ni atención especializada territorializada de manera accesible, es una laguna. Como es una laguna también el hecho de que no haya un sistema de Justicia especializado en términos de abogado, Fiscalía o judicatura. Es decir, que ahora mismo a una víctima de violación se le tramita judicialmente su caso por la misma vía que un robo, una estafa o cualquier otro delito. Esto nosotras creemos que tiene que cambiar porque la protección de los derechos humanos, de las mujeres que viven esta violencia, tiene que tener una política pública específica. No vale solamente con enunciar grandes principios y luego incorporar alguna medida en el Código Penal. Hay que hacerlo todo a la vez. Es decir, tiene que ser un abordaje integral, que también es un poco lo que plantea el convenio de Estambul y lo que yo creo que estamos dando cumplimiento con esta ley.

¿En qué punto se encuentra ahora mismo la ley?

Ahora mismo la ley está en fase de anteproyecto y se acaba de remitir al Consejo General del Poder Judicial, al Consejo Fiscal y al Consejo Económico y Social, para su valoración. 

¿Prevén alguna fecha para su publicación?

Hablar de fechas me resulta difícil, no va por trámite de urgencia, va por el trámite ordinario al ser una ley orgánica de tanto calado, va por un trámite que le exige unos plazos y luego a partir de los informes de estos tres organismos que he comentado tiene que pasar por el Consejo de Estado y en una última vuelta por el Consejo de Ministros. Yo pienso que en el primer trimestre del año, esperemos, que pueda estar aprobándose, pero no te puedo decir mucho más. 

La ley es un cambio de paradigma fundamental porque realmente lo que plantea es que las mujeres no tenemos que resistirnos ni luchar contra el sometimiento, tenemos que vivir una vida sexual en libertad

¿La ley no hace diferencia entre abuso y agresión sexual, por qué es importante este punto?

Es uno de los grandes avances de la ley, precisamente ahora en el Código Penal se hace diferencia y se conceptualiza como abuso sexual todo acto sexual no consentido, pero en el cual no ha habido intimidación ni violencia y agresión sexual sería la que sí que tiene esos dos elementos. Con lo cual, la ley es un cambio de paradigma fundamental porque realmente lo que plantea es que las mujeres no tenemos que resistirnos ni luchar contra el sometimiento, tenemos es que vivir una vida sexual en libertad. Y una vida sexual en libertad pivota sobre el consentimiento, pero un consentimiento amplio y en positivo, un sí es sí y un consentiemiento que no sea esa ausencia de sometimiento. Esa es una de las grandes mejoras en la reforma penal, pero la ley es mucho más. Es una ley integral que plantea medidas desde investigación, prevención, detección, atención integral con diferentes rutas de atención a las víctimas. La ley crea los centros de crisis 24 horas que ahora mismo están ausentes en España -salvo uno-, también crea rutas específicas para niños y niñas víctimas de violencias sexuales. Tiene un amplio alcance de medidas integrales, pero evidentemente en el ámbito penal de la conceptualización penal de las violencias sexuales da un cambio de paradigma importantísimo, que es precisamente que ya no hay abuso sexual, todo es agresión sexual y la agresión sexual es la ausencia de consentimiento.

¿En qué consisten las rutas específicas para niños y niñas víctimas de violencias sexuales?

En la ley una de las cuestiones que hemos incorporado es una ruta de prevención, detección y atención integral a niñas pero también a niños víctimas de violencias sexuales al entender que se necesitaba también una ley específica para abordar estos casos que ahora mismo no existe. El caso de las niñas víctimas de violencia sexual -mayoritariamente de sus entornos- son casos gravísimos de violencia machista, de violencia patriarcal, pero también entendíamos que los casos de niños víctimas de violencias sexuales son casos de una violencia que se enmarca absolutamente en ese tema patriarcal, como pueden ser los abusos en la Iglesia o los abusos en entornos de tutela adulta que merecen también su cabida dentro de esta ley de garantía de libertades sexuales. 

La ley también persigue el proxenetismo en todas sus formas.

El proxenetismo o a la explotación de la prostitución ajena es algo que la propia Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas reclama a los Estados  que tomen medidas para combatir. No sólo la trata de mujeres, sino también la explotación de la prostitución ajena. Nosotras entendemos que las víctimas de explotación sexual son víctimas de violencia sexuales y tienen que estar incluidas en todos los ámbitos de esta ley. Y también que los delitos de proxenetismo que ahora mismo tienen un importante vacío en términos de persecución, sobre todo de la gran industria de la explotación sexual o de la explotación de la prostitución ajena, debían también ser incluidos en la ley para para impulsar una tipificación más correcta de esos delitos que mejore la persecución de esa industria que mueve cinco millones de euros al día y que se lucra con la explotación de mujeres en situaciones absolutamente de necesidad y de discriminación.

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Publicado el
24 de octubre de 2020 - 20:13 h

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