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El PNV plantea una tercera deflactación fiscal en Euskadi ante el malestar de los socialistas

El secretario general del PSE-EE, Eneko Andueza.

Belén Ferreras

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Las instituciones vascas aplicarán una nueva deflactación fiscal del 2% a partir del próximo 1 de enero de 2023 para intentar paliar el efecto de la subida de la inflación en el bolsillo de los ciudadanos. Será la tercera rebaja de las tablas del IRPF que Euskadi aprueba este año a propuesta del PNV y en esta ocasión con evidente malestar del PSE-EE -su socio en el Gobierno vasco y también en las tres diputaciones forales- que entiende que esta medida es “claramente insuficiente” y que “no puede considerarse una solución definitiva para paliar la pérdida de capacidad adquisitiva de los contribuyentes”. Los socialistas vascos han señalado que así se lo han trasladado a su socio de Gobierno en los contactos previos a la celebración del Consejo Vasco de Finanzas (CVF) de este viernes, pero, al parecer, con poco éxito, porque han mostrado su malestar adelantando casi una hora antes de que se iniciara la reunión del organismo los acuerdos a los que se llegarían y su discrepancia con los mismos, algo totalmente inusual. Una actitud que ni el consejero de Econonomía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ni ninguno de los tres diputados generales (todos del PNV) han querido valorar. “No tengo nada que decir al respecto”, ha dicho Azpiazu preguntado por si le parecía una actitud “leal” por parte de los socialistas, aunque sí ha recordado que se están tomando medidas mucho más allá de la deflactación.

En concreto, el Consejo Vasco de Finanzas en el que están representados el Gobierno vasco, las tres diputaciones forales -que son las que tienen capacidad fiscal- y los ayuntamientos, ha aprobado una deflactación del IRPF del 2% de las tablas del IRPF que entrará en vigor en enero de 2023, y que se verá acompañada por el mantenimiento de la deducción de los 200 euros para las rentas de menos de 30.000 euros y una reducción gradual de la misma para bases imponibles entre 30.000 y 35.000 euros. Unas deducciones que sí que cuentan con el beneplácito del PSE-EE, porque entiende que “garantiza una mayor progresividad”.

La nueva deflactación para el año que viene, que anunció el lehendakari Iñigo Urkullu en el pleno de Política General, se suma a la que que se aprobó en julio y entró en vigor en septiembre, de un 4%. A principios de este año se había aprobado un 1,5% de deflactación, por lo que en 2022 las tablas se han ajustado un 5,5% para adecuarse a la subida de la inflación. A esto se añadirá el 2% para el año que viene. No se trata de una bajada de impuestos propiamente dicha, sino un ajuste de las tablas que, además, en principio, afecta por igual a todas las rentas, también a las más altas. Lo que se pretende es evitar que una posible subida de ingresos, por un incremento de sueldo, por ejemplo, que en este momento, con la elevada inflación no supone en general un aumento de poder adquisitivo, suponga una penalización fiscal.

El PSE-EE cree que hay que buscar otras alternativas, y ya advierte de que en la tramitación los Presupuestos forales de Álava, Bizkaia y Gipuzkoa, “será necesario valorar otras medidas en terrenos como la fiscalidad verde, el acceso a una vivienda digna, la generación de empleo de calidad, o el impulso de la movilidad sostenible y la protección del medio ambiente, sobre las que o ya existen experiencias o sobre las que merece la pena una reflexión”, por lo que “intensificará los contactos para tratar de ampliar los acuerdos”.

Durante su intervención, el diputado general de Bizkaia, Unai Rementeria, ha afirmado, en línea con lo manifestado por el consejero Azpiazu, que la deflactación “no es la única” medida que han adoptado las administraciones vascas frente a la inflación. “Estamos implementando múltiples medidas; y eso lo sabe el PSE, con el que cogobernamos y tomamos esas medidas. Ya estamos actuando por la parte del gasto y de los ingresos”, ha señalado. Por su parte, el diputado general de Álava, Ramiro González, ha subrayado que el Gobierno foral siempre ha adoptado sus medidas fiscales desde el “acuerdo” de los dos partidos que lo conforman (PNV y PSE), de una forma “rigurosa y seria”. Además, ha destacado que “no hay institución en el Estado que, gobierne quien gobierne, ni siquiera se acerque” a los 7,5 puntos de deflactación en el IPRF que suman las medidas adoptadas este año y las previstas para 2023 por las diputaciones. Markel Olano, diputado general de Gipuzkoa, ha subrayado que pese al “debate ideológico” que ciertas formaciones plantean en relación a este asunto, los datos de los que dispone el Ejecutivo guipuzcoano indican que el 76% del dinero que se han ahorrado los contribuyentes con las deflactaciones aprobadas este año corresponde a hogares con rentas bajas.

Derivado del complejo entramado institucional vasco en que las Haciendas forales recaudan el 100% de los ingresos pero el 70% del gasto es competencia autonómica, el Consejo Vasco de Finanzas ha sido diseñado para que las tres diputaciones, el Ejecutivo vasco y también Eudel -la asociación de municipios- fijen antes de cada 15 de octubre los objetivos de recaudación para el siguiente ejercicio, la base para el denominado “techo de gasto” de todos los presupuestos. A estas cifras se le añaden después las posibilidades de endeudamiento pactadas con el Estado.

Mayor recaudación para presupuestos expansivos

El consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, ha remarcado durante su intervención que el escenario económico actual es “ciertamente complejo”. Sin embargo, las cifras aportadas permiten un cierto optimismo y preparar unos presupuestos expansivos en todas las instituciones vascas, pese a que el Gobierno vasco revisó a la baja sus previsiones de crecimiento para esta año y sobre todo para el que viene. Pese a ello, la recaudación supera las previsiones y la liquidación estimada de lo ingresado por las haciendas en este año superará en un 7,2% lo ingresado el ejercicio anterior. En total 17.109 millones de euros por tributos concertados. En cuanto a las previsiones de recaudación para el año que viene, el dato sobre el que se elaborarán los presupuestos de las instituciones vascas, se estima que las diputaciones forales recaudarán por tributos concertados 18.072,9 millones de euros en 2023, un 5,62% más: 2.838 millones en Álava, 9.296 en Bizkaia y 5.939 millones en Gipuzkoa.

“Por tanto, cierta calma, aunque seguimos siendo veletas de una guerra sin sentido, cuyas consecuencias económicas nos lastran a todos”, ha advertido el consejero.

En lo que se refiere a las aportaciones de las Diputaciones Forales, se ha acordado un importe de 11.900 millones de euros para 2023, de los que corresponde un 16,05% a Álava, un 50,54% a Bizkaia y 33,41% a Gipuzkoa. Esta cuantía supone cerca de 900 millones más que las aportaciones presupuestadas para el año 2022. Las instituciones han aprobado también el Fondo General de Ajuste para 2023 que asciende a 84,7 millones de euros, de los que corresponderá un 70,81% al Gobierno vasco y el resto, 29,19%, a las Diputaciones Forales. Además se han aprobado los objetivos de estabilidad presupuestaria para el año 2023 acordados el pasado 28 de septiembre entre Euskadi y el Estado: el 0,1% de déficit para las Diputaciones Forales, se repartirá entre las mismas de acuerdo a sus coeficientes horizontales de aportación.

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