Euskadi modificará en 2027 los requisitos de acceso a la vivienda protegida para abrirla a las “clases medias”

El Gobierno vasco modificará los requisitos para acceder a una vivienda de protección oficial para abrir el abanico a las “clases medias”, entendidas como las unidades convivenciales con rentas entre 20.000 y 46.000 euros. La reforma supondrá reservar un cupo de un 30% de las viviendas de VPO, de alquiler o de venta, ofertadas en Etxebide, para este tramo de rentas, lo que supone que se beneficiará alrededor de 34.148 personas de las 109.033 unidades convivenciales inscritas en Etxebide.

De ellas 12.930 están en Gipuzkoa, 16.564 en Bizkaia y 4.654 en Álava. “El problema de la vivienda en Euskadi ya no puede leerse únicamente desde una lógica de vulnerabilidad extrema: afecta también a jóvenes, familias trabajadoras y rentas medias que el mercado ha dejado fuera”, ha señalado el consejero de Vivienda y Agenda Urbana, el socialista Denis Itxaso.

El consejero ha presentado las modificaciones de la norma este jueves porque arranca el periodo de exposición pública, aunque en el Departamento no se prevé que su aprobación, que se realizará vía decreto, no se haga antes de un año. Es decir, a la modificación de la normativa le queda todavía un largo camino. Es la misma tardanza que tuvo el decreto de medidas urgentes con cambios para Gaztelagun o Bizigune.

Con esta nueva medida se pretende dar respuesta a una franja de población que se está quedando fuera del acceso a la VPO porque los puntos para poder optar a Etxebide otorgan ventaja a las rentas más bajas. El consejero ha indicado que las rentas más bajas y las más vulnerables seguirán siendo “las que más preocupen” al Gobierno, pero ha señalado que actualmente la media de ingresos de las unidades convivenciales que resultan adjudicatarias de una vivienda de Etxebide no superan los 11.000 euros al año, lo que quiere decir que se cobra de media unos 250 euros al mes buena parte de nuestros inquilinos“.

“Eso se parece poco a la radiografía real de los demandantes de vivienda tota que tenemos”, sobre todo “teniendo en cuenta que ”hoy por hoy el problema de la vivienda no afecta solamente a las clases más vulnerables, sino también a las clases medias“. Este cupo del 30% dará más facilidades aque las 34.148 unidades convivenciales con tramos de renta entre 20.000 y 46.000 euros para resultar adjudicatarios de VPO, ”con independencia de cuál sea el número de hijos a cargo y otras condiciones que puedan afectar a su capacidad adquisitiva“. De estos inscritos en las listas, 18.268 optan a viviendas de alquiler, y 15.879 a compra.

Los ingresos entre 20.000 y 46.000 son por unidad convivencial, y se mantienen así cuando se habla de unidades convivenciales formadas por una sola persona. Cuando son dos o más, esos ingresos se ponderan, es decir, se les aplica un coeficiente correctivo a la baja en función de las cargas familiares que tengan. Por ejemplo una pareja con dos hijos, en los que las dos personas que ingresan dinero cobran 30.000 euros cada uno, se pasarían del tope, pero al ser cuatro personas, es decir, tienen cargas, se ponderan y a efectos de Etxebide esos ingresos serían de 45.900 euros.

Itxaso ha defendido que la nueva norma de Etxebide “es coherente con el diagnóstico que se viene haciendo desde el Departamento: la vivienda se ha convertido en un reto social de primer orden, pero también urbano, económico, generacional y democrático”. En ese sentido, ha señalado que “cuando un sistema público no reconoce toda la complejidad de la demanda, corre el riesgo de llegar tarde o de llegar solo a una parte del problema”. “Y nuestra responsabilidad es adaptar las herramientas públicas a la realidad de la sociedad vasca de hoy. La nueva norma no plantea sustituir la protección de las personas y familias con menores ingresos, sino ampliar la capacidad de respuesta del sistema”, ha recalcado.

“Hay muchas personas que cumplen con sus obligaciones, tienen nóminas, pagan impuestos y, aun así, no pueden acceder a una vivienda en condiciones razonables. Si la política pública no ofrece una respuesta también a esa parte de la sociedad, estaremos dejando crecer una fractura que afecta a la confianza en las instituciones y a la igualdad de oportunidades”, ha advertido el consejero.

Los cambios en la normativa introduce el desarrollo y consolidación de un modelo de apartamentos dotacionales intergeneracionales. Este modelo combinará apartamentos destinados a jóvenes menores de 36 años, vinculados a itinerarios de emancipación, con alojamientos para personas mayores autónomas que necesitan soluciones accesibles, adecuadas y acompañadas. “En el caso de los jóvenes, se prevé exigir unos ingresos mínimos equivalentes al salario mínimo interprofesional y unos ingresos máximos de 46.000 euros, de forma que la estancia temporal cumpla su función: facilitar la emancipación, permitir la generación de ahorro y favorecer una posterior transición hacia otra solución habitacional”, ha indicado.

Itxaso ha defendido los alojamientos intergeneracionales como “una respuesta inteligente a necesidades distintas que pueden complementarse”. “La emancipación juvenil y el envejecimiento autónomo son dos grandes desafíos de país. Vincularlos a través de soluciones habitacionales adecuadas, temporales, accesibles y acompañadas nos permite innovar en política pública y construir comunidades más mixtas, más solidarias y más vivas”, ha señalado.

En relación con las personas mayores, la nueva norma plantea rebajar de 70 a 65 años la edad mínima para acceder a determinados apartamentos dotacionales intergeneracionales. Además, cuando la persona disponga de vivienda en propiedad, el acceso podrá vincularse a la cesión de esa vivienda al programa Bizigune, contribuyendo así a incrementar la oferta de alquiler protegido y a movilizar vivienda hacia una función social.

La nueva normativa recogerá también la posibilidad de que se adjudique vivienda protegida a unidades convivenciales que ya disponen de una vivienda en propiedad cuando esta haya dejado de ajustarse a sus necesidades familiares. En estos casos, la adjudicación quedará condicionada a la entrega, transmisión, cesión o puesta a disposición de la vivienda anterior, con el objetivo de evitar situaciones de inadecuación sobrevenida entre el tamaño de la familia y la superficie disponible.

Abordará igualmente mejoras también en funcionamiento del propio registro de Etxebide, por ejemplo, dando mayor relevancia a la antigüedad de la inscripción, de manera que la permanencia en el registro siga generando valoración más allá de los límites actualmente existentes. Asimismo, se plantea evitar que el cambio de preferencia entre las modalidades de alquiler y compra suponga la pérdida automática de todos los puntos acumulados por antigüedad, siempre que la persona o unidad convivencial mantenga la nueva modalidad durante un periodo mínimo de tres años. Itxaso ha destacado que el futuro decreto “forma parte de una nueva etapa en la política vasca de vivienda”. “Como Gobierno nos disponemos a dar un salto de escala en materia de vivienda pública en alquiler, y para eso necesitamos una herramienta nueva, más afinada, más ágil y más justa. No basta con construir más vivienda si los procedimientos de inscripción, baremación y adjudicación no están preparados para responder al volumen, la diversidad y la urgencia de la demanda actual”, ha explicado.