Agricultura informa a los partidos políticos sobre las ayudas de asesoramiento agrario
La consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio, Begoña García, ha informado a los portavoces agrarios de los grupos políticos con representación en la Asamblea de las medidas que la consejería está poniendo en marcha tras la investigación judicial que se está llevando a cabo en la organización UPA-UCE.
Begoña García ha indicado que la auditoría se centrará en el efectivo cumplimiento de la función de asesoramiento por parte de las entidades, que según las informaciones ofrecidas a los medios por la Guardia Civil son el eje sobre el que se está centrando la investigación judicial.
Formalmente no ha recibido ninguna notificación sobre esa investigación judicial, pero García considera que es necesaria esa auditoría para disipar cualquier duda en torno a las ayudas comunitarias a un sector tan importante para la economía regional como es el agrario.
En esa misma línea de “transparencia y unidad” del sector agrario, García Bernal ha pedido al anterior consejero José Antonio Echávarri una reunión urgente con el anterior equipo de dirección y los responsables del Organismo Pagador para analizar estos hechos.
La auditoría que ejecutará la consejería de Políticas Agrarias va a revisar el correcto destino de las ayudas relativas al asesoramiento agrario, poniendo en marcha en su caso el protocolo de lucha contra el fraude establecido por el Fondo Español de Garantía Agraria.
Jueces rápidos
Por otro lado el presidente de Asaja Extremadura, Ángel Blanco, ha pedido según Efe celeridad a la Justicia para aclarar lo ocurrido con la organización UPA-UCE y minimizar así los daños, dado que “esta situación no beneficia al sector agrario”.
Blanco, a preguntas de los periodistas por el caso que ha llevado a prisión provisional a dos de los dirigentes de UPA-UCE, el secretario regional, Ignacio Huertas y el secretario e Organización, Maximiano Alcón, ha mostrado su preocupación.
En cuanto al proceso de elecciones al campo, el dirigente extremeño ha recordado que Asaja, antes de esta operación policial, ya impugnó el censo a considerar que “es un fraude”.
“Es una chapuza que de 60.000 agricultores que hay en la región, sólo puedan votar 13.157”, ha aseverado.
Blanco ha indicado que el censo, según el reglamento, debía de haberse elaborado con los datos de la Tesorería de la Seguridad Social pero que ésta “se ha negado a facilitarlos por ser de carácter privado”.
“No sabemos entonces como el señor Fernández Vara habrá elaborado el censo, el cual no conocemos porque encima no se ha publicado”, ha afirmado.
En cuanto a la auditoría sobre las ayudas para el asesoramiento a agricultores, anunciada por parte de la Consejería Medio Ambiente y Rural Políticas Agrarias y Territorio, tras el supuesto fraude de UPA-UCE, Blanco ha contestado que “nos parece bien todo lo que sea transparencia y claridad”.
Por ello ha pedido que la auditoría se lleve a cabo cuanto antes y que “las cuentas estén a disposición de la sociedad”.
