La Junta de Extremadura acudirá a la vía judicial, a través de un recurso contencioso administrativo, contra la resolución del Ministerio de Agricultura de limitar la ampliación de hectáreas de viñedo dedicadas al cava.
El recurso, que será presentado en el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Madrid, estará acompañado por una solicitud de medida cautelar que deje sin efecto la resolución del Mapama hasta que no haya un fallo judicial a dicho recurso.
Esta medida del Ejecutivo extremeño ha sido anunciada por la directora general de Política Agraria Comunitaria (PAC), María Yolanda García, en su comparecencia informativa ante la Comisión de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio de la Asamblea de Extremadura.
En su exposición, García ha explicado que este recurso se eleva después de que el Mapama se haya ratificado en su resolución, a pesar del requerimiento previo presentado por la Junta de Extremadura al considerar que dichas limitaciones y restricciones perjudican al sector del cava extremeño.
La resolución del Mapama del pasado mes de diciembre decide para la DOP Cava una limitación del 0,52 % para 2018; en la práctica supondrá un tope 172,2 hectáreas aplicable a las solicitudes de 2018 para nuevas plantaciones, para replantaciones y para las conversiones de derechos de replantación (57,4 hectáreas en cada caso).
A juicio de García, establecer limitaciones a nuevas plantaciones de viñedo y restringir tanto las replantaciones como la conversión de derechos de los viticultores para vinos espumosos “afecta al principio de libre competencia y supone un exceso regulatorio respecto al marco de ejercicio de competencias del Estado”.
Según la directora general de la PAC, existen motivos jurídicos y técnicos para que los Tribunales avalen la postura de la Junta de Extremadura, pues la resolución dictada por el Ministerio no está fundamentada con criterios objetivos y trasciende la realidad del sector.
“El Gobierno central, con esta decisión, ha apoyado al blindaje de la producción de una comunidad autónoma mediante el freno al crecimiento y desarrollo de Extremadura”, ha afirmado.
García ha dicho que la decisión ministerial deja en una clara indefensión a los agricultores extremeños, entre otros motivos porque existe un vacío normativo que regule las citadas restricciones.
Ha remarcado que “el daño generado” por el Mapama a Extremadura está en las restricciones tanto en replantaciones como en conversión de derechos, que son las principales vías a través de las cuales estaba creciendo la superficie del cava de Almendralejo, municipio que tiene 8.000 hectáreas dedicadas al viñedo, de las que 1.500 son para cava. García ha afirmado que, según un informe especializado, los vinos espumosos son los que más crecerán en el futuro, con más consumo y más exportación. “Hay un mercado de futuro, del que Extremadura puede quedarse fuera” por una decisión “injusta” del Mapama.
Por su parte, el Grupo Parlamentario Popular ha asegurado no estar satisfecho con la decisión del Ministerio. Este último entiende que el cava está creciendo de forma desordenada y que una posible oferta excesiva de este producto puede perjudicar al sector. Los populares han instado al Gobierno regional a negociar con el Mapama.
“La Junta de Extremadura pide, pero no negocia, como ya ha pasado con la el proyecto de regadío de Tierra de Barros”, han añadido desde el PP. Por su parte, Podemos, que ha calificado la situación de “muy grave”, ha dicho que la decisión ministerial representa “otra humillación” del Gobierno central del PP hacia Extremadura.
Desde las filas socialistas se ha tildado de “decepcionante” y “vergonzoso” que la Administración central “se haya puesto al servicio de determinados productores y haya dejado a un lado el interés general”.
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