Unanimidad para que las DO e IGP recuperen su estatus como entidades públicas

Las Denominaciones de Origen (DO) e Indicaciones Geográficas de Calidad Agroalimentaria de Extremadura (IGP) volverán a ser corporaciones de derecho público, su estatus anterior a 2015, después de que la Asamblea haya aprobado hoy las modificaciones normativas para que así sea.

En concreto, se trata de un cambio de la Ley Agraria aprobada en la anterior legislatura por el PP, y de una derogación parcial y cambio de la normativa que regula las Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas de Calidad Agroalimentaria de Extremadura, que data de 2010.

En una sesión ordinaria, el Pleno del Parlamento ha debatido este pasado jueves el dictamen elaborado por la Comisión de Políticas Agrarias sobre estas dos modificaciones, impulsadas a través de una propuesta de ley presentada por el Grupo Socialista.

En virtud de ello, las DO e IGP volverán a constituirse como corporaciones de derecho público, el estatus jurídico del que gozaban antes de la entrada en vigor de laLey Agraria que se aprobó en 2015 durante el anterior Ejecutivo del PP.

En representación del PSOE, la diputada María Teresa Macías Mateos ha explicado que este cambio “no es gratuito”, sino que responde a las peticiones del sector agroalimentario y viene a “corregir lo que era una privatización de los consejos reguladores”.

Como consecuencia, ha añadido, el anterior Gobierno regional eliminó el seguimiento interno de la Administración pública en los órganos de decisión y pasó a tratar a estos sellos de calidad “como marcas comerciales” pese a que se trataban de “un patrimonio de todos nosotros”.

Privatizar

Macías se ha mostrado muy crítica con un PP que “pretendía privatizar las estructuras y funciones de las DO las IGP obligándolas a ser entidades de derecho privado bajo pena de no poder percibir apoyos públicos ni reconocimiento de otros derechos”. Ha lamentado también que “la derecha legisló sin tener en cuenta la importancia de estas figuras de calidad ni el papel destacado que juegan en nuestra economía social”. En esa misma línea, ha recordado que el PP puso en serio reisgo el futuro de las denominaciones y las indicaciones geográficas “al reducir en un 80% sus presupuestos, destrozando el plan financiero anual que tenían previsto: de los 2,4 millones de euros previstos en 2012, el PP pasó a 500.000 euros”.

Por el Grupo Popular, la diputada Virginia Alberdi ha considerado que este trámite se podría haber evitado en el proceso de negociación de la ley de 2015, en el periodo de alegaciones, de exposición informativa y trámite de enmiendas, pero nadie lo hizo.

No obstante, ha manifestado el apoyo de su grupo a este cambio normativo porque están en la Cámara “para velar por los derechos de las personas”, y porque el interés que tuvo el PP cuando presentó la ley y ahora con el apoyo a esta modificación, es el mismo: la mejora de la competitividad del sector.

La diputada de Podemos Irene de Miguel ha argumentado que esta demanda ha sido formulada por el sector de forma unánime, por lo que se ha preguntado por qué se efectuaron cambios en la legislatura pasada en contra de esta voluntad.

Ha pedido celeridad a la Junta de Extremadura en el desarrollo reglamentario para que las DO e IGP “puedan verse acogida a esta figura jurídica en pleno derecho”, a diferencia de lo ocurrido en el pasado, cuando esta opción estaba regulada en teoría pero no en la práctica.

Por Ciudadanos, su portavoz, María Victoria Domínguez, ha apuntado que esta demanda de recuperación de la figura de entidades de derecho público fue también solicitada por su grupo, por lo que ha votado a favor de la iniciativa que devuelve a las DO e IGP “la garantía que les da la tutela de la Administración pública”.